“Combatir el narco es complicado: los funcionarios o tienen miedo o son corruptos”

Claudia Paz y Paz, la fiscal general de Guatemala a quien las élites económicas y políticas de su país sacaron del puesto a fuerza de triquiñuelas legales, vive hoy en Washington, la capital de Estados Unidos, uno de los países que más apoyó su nombramiento y gestión como máxima responsable de la investigación criminal y persecución penal de su país entre 2010 y 2014. La exfiscal trabaja en Georgetown, la universidad jesuita ubicada en las riberas del río Potomac, donde escribe “una investigación sobre los resultados del trabajo en el Ministerio Público” de la que por ahora prefiere no hablar. En una tarde-noche de miércoles, hace una semana, Factum habló con esta mujer, una de las más influyentes en el continente según la revista Forbes, sobre eso que muchos analistas políticos, e incluso el Departamento de Estado de Barack Obama, llaman aquí el “modelo Guatemala”.

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Union Station es la estación central de trenes y buses que sirven a la capital estadounidense. Es un edificio enorme, de corte clásico, color mármol hueso, cuya entrada principal está precedida por tres arcos. Adentro, en el extremo oriental del vestíbulo, hay salones que políticos y organizaciones suelen alquilar para eventos y recepciones. Ahí fue, en enero 2009, uno de los tantos bailes de gala con que Washington celebró la ascención al poder del primer presidente afroamericano, Barack Obama. Ahí mismo, el pasado 12 de noviembre, recibió Claudia Paz el premio anual de derechos humanos que entrega la Washington Office on Latin America (WOLA), una de las organizaciones latinoamericanistas más influyentes en Estados Unidos.

William LeoGrande, profesor de American University especializado en temas latinoamericanos -su libro más reciente, “Back channel to Cuba”, es uno de los más citados en la prensa local tras la reapertura de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana-, fue el encargado de presentar a Paz en la ceremonia de WOLA. El catedrático elogió a la exfiscal por “su valor” y enumeró procesos penales contra expresidentes, exfuncionarios de seguridad pública y narcotraficantes como algunos de los parteaguas impulsados desde el Ministerio Público que ella presidió. También hizo referencia LeoGrande a un dato que es menos conocido en Estados Unidos, pero que acaso refleja un logro igual de importante en el combate a la impunidad en Guatemala: el aumento del porcentaje de condenas en casos de homicidio de un 5% a un 30%.

Poco más de un año antes de la recepción en Union Station, en la sede de la Organización de Estados Americanos, el recién estrenado Secretario de Estado John Kerry también se había referido al trabajo de Claudia Paz como uno de los modelos que Estados Unidos debía apoyar en América Latina. “Ella ha hecho un extraordinario trabajo al combatir la corrupción y el crimen organizado, proteger a las mujeres de la violencia y perseguir a violadores de derechos humanos”, dijo Kerry el 18 de noviembre del año pasado.

Cuando Paz tuvo que salir de la fiscalía guatemalteca en mayo de 2014, luego de que la Corte de Constitucionalidad recortara su periodo frente al Ministerio Público tras fuertes presiones políticas de la derecha criolla, varios medios anglosajones de referencia como The Guardian, The Washington Post y The New York Times hablaron del fin de un breve paréntisis, marcado por el éxito, en la lucha contra la impunidad en Guatemala y en la región.

Claudia Paz, sin embargo,  insiste en que su país no puede darse el lujo de volver a los índices de homicidios que tenía en 2009, dos años después de que Naciones Unidas en Guatemala la declarara al borde de ser un estado fallido, y antes de la revolución institucional detonada por los asesinatos de tres parlamentarios salvadoreños y su motorista a manos de policías guatemaltecos que luego fueron asesinados por otros policías. “Eso hizo que el gobierno de Guatemala fuera consciente del nivel de infiltración del crimen organizado en sus instituciones. Es ahí cuando se pide apoyo a Naciones Unidas y llega CICIG (La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) al país. La presencia de CICIG hizo que se cambiaran las autoridades en la Corte Suprema, que se cambiara al Fiscal General…”, cuenta Paz y Paz.

Queda claro, cuando la fiscal habla de la estrategia para lograr condenas de políticos corruptos, narcotraficantes y, en general , de homicidas, que la fórmula pasó por incorporar capacidades técnicas inexistentes en la investigación criminal en Guatemala hasta que la CICIG explicó a los fiscales locales cómo estructurar casos penales complejos, por intensos reacomodos administrativos en el sistema de justicia -imposibles sin la voluntad de quienes dirigen Ministerio Público, Policía y tribunales- y, sobre todo, por el apoyo de la clase política. Ese es, a grandes rasgos, el modelo Guatemala.

Dice la exfiscal que ese modelo debería ser replicable en los otros dos países del Triángulo Norte. En El Salvador no lo ha sido hasta ahora: la Fiscalía General de Luis Martínez, el primer fiscal que cuenta con las herramientas legales que proporciona un centro de escuchas telefónicas, está hoy envuelto en un escándalo por haber aceptado viajar en aviones privados de un empresario acusado de estafa y administración fraudulenta; la depuración en la Policía Nacional Civil y el sistema judicial no pasa de algunos funcionarios de nivel bajo; y la voluntad política de empujar en el país una comisión similar a CICIG, que el expresidente Mauricio Funes expresó ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, no pasó nunca de ser retórica vacía.

“Yo creo que sí había personas que tenían temor de que yo siguiera en la fiscalía, el equipo, más que una persona, el equipo y la forma de trabajar”.

Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala. Foto de Sandra Sebastián para Plaza Pública, publicada con el permiso de Plaza Pública.

¿Cómo se ve Guatemala desde aquí? Recién leí notas que escribió The Guardian o The Washington Post sobre tu salida, y lo que se percibe en esas notas es una sensación de desesperanza en relación a Guatemala: que se rompió un ciclo y que hoy el país volvió, irremediablemente, a eso que ha sido siempre, un lugar donde reina la impunidad. ¿Cómo se ve todo eso desde aquí?

Esperemos que no vuelva, esperemos que no existan retrocesos, porque lo que se logró costó mucho esfuerzo internacional, nacional, de coordinación de fiscales y policías… El punto ahorita es que no se retroceda en todo esto que se avanzó.

¿Y eso es posible? ¿Cómo se dialoga con esas élites que te vieron como una amenaza para que no haya retrocesos?

Yo creo que no solo es posible, sino indispensable, porque volver a los niveles de inseguridad que teníamos en el 2009 es algo que como país no nos podemos permitir. Niveles de inseguridad, de desconfianza en las autoridades, de involucramientos incluso de autoridades en ejecuciones extra-judiciales, por ejemplo, de parte de la policía. Creo que es un lujo que no nos podemos dar.

Fui al evento WOLA donde te dieron el premio de derechos humanos hace poco. Una de las cosas que más me llamó la atención es el aumento en el índice de condenas por homicidos. ¿Cómo logras el aumento en el índice de condena, del 5% al 30% en los casos de homicidio, a partir de tu gestión en el Ministerio Público?

No solo fue el Ministerio Público, hay un cambio normativo impulsado por el entonces presidente de la cámara penal, César Barrientos, que triplica la capacidad de los tribunales… había un problema muy grande de mora: se señalaban los juicios a dos o tres años, ¿no sé si pasa igual en El Salvador?

No creo que sea ese el principal problema, el principal generador de impunidad.

Bueno, pues tres años después no hay testigos, ya los peritos no están… ya cambiamos tres veces fiscales… Cuando la nueva ley dice: estos delitos los juzgan jueces unipersonales y si son lo más graves los tienen que juzgar tres jueces, se triplica la capacidad y avanzan mucho más los procesos. Eso es en los tribunales. De parte nuestra, en el Ministerio Público, sí hubo una instrucción muy clara. El juicio es la salida más cara del sistema de justicia penal: tenés criterios de oportunidad, suspensiones, conversiones; entonces, por ejemplo, (con) un caso de posesión (de droga) para el consumo, si lo llevas a juicio, le estás quitando espacio en la agenda a violaciones, secuestros, homicidios… Lo que revisábamos cada mes con los fiscales, en el trabajo que habían hecho, en las estadísticas, era cuántos homicidios había llevado a juicio, cuántas violaciones… Revisábamos por qué habían llevado a juicio delitos como daños o posesiones para el consumo o negaciones de pensión, casos todos esos que podrían obtener otras salidas. Esta fue otra manera de lograr mejores condenas en casos más importantes.

¿Esa fue la estrategia específicamente con la epidemia de homicidios?

En homicidio funcionaron mucho equipos de policías que trabajaban siempre con los mismos equipos de fiscales, siempre trabajaban juntos, con los mismos turnos, con el mismo método. Si tú lees todos los informes de MINUGUA (la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, verificadora del Acuerdo de Paz de 1996) o de instancias de sociedad civil, había una queja por la desconfianza entre policías y fiscales, descoordinación, duplicidad de roles. Estos equipos se crearon en vida (homicidios), en secuestros, en narcotráfico, por decirte algunas de las unidades. Y estas unidades tenían acceso rápido a pruebas científicas.

¿Quién paga por eso? Mejorar el tema de pruebas científicas cuesta plata.

No necesariamente. Nosotros teníamos los equipos de correlación balística, que es cierto (que) los donó Estados Unidos, pero imaginate cuánto costaba antes hacer el análisis balístico, cuando lo hacíamos como nosotros decíamos, a pie, huella por huella… Para que el fiscal supiera si el arma que estaba en la escena del crimen coincidía con determinados sospechosos, o si en un caso de violación se podía determinar la relación de un familiar con ADN. Al final todo eso es un ahorro en recursos si lo vemos en la relación tiempo persona. También pasaba por dejar de investigar un solo homicidio y pasar a investigar grupos de casos. Así fue como los compañeros en vida (homicidios) se fueron especializando por pandillas, grupos criminales y reuniendo todos los casos que eran atribuidos a una clica, a una pandilla o a un grupo criminal determinado; eso permitió el gran salto en la resolución de delitos contra la vida.

¿Qué tan distorsionador o que tan importante era en ese tiempo, en el caso de los homicidios en Guatemala, el tema pandillas? En El Salvador sí es determinante.

En Guatemala es determinante si estás en la ciudad, donde (la mayoría de homicidios) son relacionados con las pandillas MS y 18. En la capital y tal vez en algunos centros urbanos muy cercanos, como Chimaltenango. Si vas a las fronteras es narcotráfico.

“Sí detectamos dinero del narco en campañas políticas a nivel local”.

¿Qué ocurrió con las extorsiones? ¿Hubo cambio de estadísticas?

Sí, pero lo abrumador de las denuncias no permitía que se viera con esa claridad como en delitos contra la vida, y con extorsión hay otro problema: la cifra negra es altísima. A pesar de que se denuncia muchísimo, una buena parte no se denuncia. Nosotros, por ejemplo, con escuchas telefónicas pudimos determinar cómo un sujeto desde la cárcel llamaba, y por la llamada sabíamos que eran 20 casos de extorsión, pero solo 5 estaban denunciados. Hay mucho miedo y eso le da un margen al extorsionador: este señor no tenía capacidad para hacerle daño a la víctima pero era tanto el temor a la extorsión…

¿Cuál era el mapa real del tema del narco en Guatemala en términos sobre todo de infiltración de instituciones del Estado? Las autoridades en El Salvador suelen acudir a un dicho facilón cuando se les cuestiona por sus pobres resultados en el combate al narco: “no estamos tan mal como en Guatemala”, suelen decir.

(Claudia Paz abre mucho los ojos y esboza una sonrisa que delata su incredulidad al oír sobre el lugar común de los salvadoreños, luego responde).

A nivel local era muy complicado, por temor o por implicación, era muy complicado. En los primeros casos que llevamos había o policías implicados o fiscales involucrados. Hubo una agencia completa de la fiscalía contra el narcotráfico que operaba en una región fronteriza con Honduras en la que prácticamente hubo que procesar a la mitad, porque habían devuelto un furgón completo de precursores (químicos). Esas son las dos razones de los funcionarios: o tienen temor o son corruptos… También pasa que los Zetas mataron a un fiscal compañero nuestro, con una nota que decía “no sigan haciendo el juego a los gringos, si esto no es contra ustedes”.

¿Detectaron plata del narco en campañas políticas?

A nivel local sí, sin duda.

¿Y a nivel nacional?

A nivel nacional que nosotros hayamos tenido algún caso no. Solo el de (Manuel) Castillo, que era un diputado relacionado con el caso del Parlacen.

Me decías que en el interior del país el narcotráfico es el principal generador de violencia…

Si tú ves hay un mapa que tiene la UNODC (Organización de Naciones Unidas contra el Crimen) los puntos rojos que marcan los más altos niveles de violencia por cada 100 mil habitantes, en el caso de Guatemala están en las fronteras y allí no hay pandillas. Y hasta donde recuerdo en ese mapa, que está en internet, era del lado de Guatemala, Honduras y El Salvador donde había más homicidios: lo rojo no se quedaba solo de nuestro lado.

¿Qué fue lo que viste en términos del tráfico regional?

Los grupos de Guatemala lo que hacen es trasladarla de la frontera de Honduras y ponerla en la frontera de México. Con El Salvador sacamos casos, con Honduras no.

Vuelta a 2009

“Si aquellas fuerzas en el parlamento decían ‘no queremos a la CICIG’ era como decir “yo estoy a favor de la impunidad'”.

¿Qué fuerzas se juntaron en Guatemala para saltar de lo que pasaba antes de 2009 a algo diferente?

Un detonante de los cambios fue sin duda la crisis del asesinato de los parlamentarios salvadoreños, el posterior asesinato de los policías que aparentemente les habían asesinado… (esto) hizo que el gobierno de Guatemala fuera consciente del nivel de infiltración del crimen organizado en sus instituciones. Es ahí cuando se pide apoyo a Naciones Unidas y llega CICIG al país. La presencia de CICIG hizo que se cambiaran las autoridades en la Corte Suprema, que se cambiara al Fiscal General. Hubo cambios también en las cúpulas de la policía y del Ministerio de Gobernación. Todo esto permitió una sinergia. Cámara Penal, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público tuvieron un trabajo coordinado que no había existido antes; se generó equipos en fiscalía, policía, que comenzaron a trabajar juntos en áreas claves: delitos contra la vida, narcotráfico, crimen organizado y (estos equipos) son los que comienzan a dar resultados de combate a las estructuras vinculadas sobre todo a crímenes violentos.

¿Qué hubiese pasado en Guatemala si no hubiese habido esa conciencia de que el país estuvo a punto de tocar fondo cuando incluso la ONU advirtió que aquel era un estado fallido?

Estaba revisando recién estadísticas de 2006 y 2007, de homicidios por cada 100,000 habitantes… Honduras tenía menos que Guatemala. Fue en ese punto donde veo yo que estaríamos, con las cifras de homicidios similares a las de Honduras de 85, 90 por cada 100,000 habitantes.

En aquel momento en que hubo esa especie de acuerdo de que Guatemala tocaba fondo, ¿qué fue lo que más peso? ¿La violencia que afectaba al ciudadano común? ¿las instituciones disfuncionales? ¿la infiltración del crimen en las instituciones?

Creo que la conciencia de que algunas de las instituciones que estaban encargadas a combatir el crimen participaban en ese crimen; eso se desnuda con el asesinato de los parlamentarios.

¿Fue entonces que el país sintió que había tocado fondo?

Sí. Primero porque eran altos funcionarios de un país hermano. Segundo, porque quienes supuestamente lo habían cometido eran policías. Y tercero porque entran a matar a estos policías a una cárcel de máxima seguridad. No solo el crimen, sino la trama de encubrimiento alrededor fue sumamente grave, y eso fue lo que desato en un año pre-electoral la discusión de si ya tocamos fondo, como decís tú; de si era necesario pedir apoyo a la comunidad internacional. En medio hubo una larga discusión sobre la necesidad de establecer primero la CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, la idea precurso de CIGIG) en Guatemala y luego la CICIG. Como te digo, ese fue el detonante, que la crisis sirviera de oportunidad y lograr que se ratificara y se aprobara por el congreso (la CICIG). Que se aprobara por el congreso en ese momento era la discusión.

Todo esto me recuerda el tema un poco a la masacre de los jesuitas en El Salvador: parece ser que hace falta un hecho horrible de violencia para que las élites políticas y sociales tomen conciencia de que hay que hacer algo… Luego, claro, resulta que esas élites son las que están asociadas con el crimen…

Lo que creo yo es que hubo un acuerdo.

¿Un acuerdo político?

Un acuerdo político de la necesidad de hacer algo. Era un momento en que nadie quería que se le asociara el crimen organizado, porque había elecciones. Entonces, si aquellas fuerzas en el parlamento decían “no queremos a la CICIG,” era como decir “yo estoy a favor de la impunidad.”

¿Qué tan posible hubiese sido todo eso, es decir, ese efecto domino que generaron aquellos hechos sin la presión internacional?

Fue un conjunto, porque quienes proponen la creación de CICIG en Guatemala son organizaciones de sociedad civil, pero claro que tuvieron el apoyo internacional. Coincidieron tanto fuerzas internas como externas.

Pero ¿hubiese sido posible la CICIG sin los empujes que llegaron desde la ONU, desde Washington?

El propio Ejecutivo en el momento había pedido, había firmado el acuerdo con Naciones Unidas…

¿Era algo que tenía que pasar?

El congreso se hubiera podido oponer y no hubiera habido CICIG en Guatemala.

¿Pero en aquel momento era políticamente más difícil que se opusiera?

Exacto. De hecho la primera ratificación ocurre a finales del gobierno de (el presidente Alfonso) Portillo. Ahí se suscribe el acuerdo con Naciones Unidas, que luego va a la Corte de Constitucionalidad, la corte dice no, y no hubo. El congreso ya nunca la ratificó.

¿Cómo pasa entonces que llegás al Ministerio Publico?

Otra crisis… Hay una denuncia muy fuerte del comisionado entonces de la CICIG en contra del Fiscal General. Tenían una relación muy tensa… Pero me fui muy atrás… Renuncia el Fiscal General Juan Luis Florido y asume Amílcar Velázquez Zarate. Velásquez inicia cambios importantes, muy importantes. Con él comienza todo el tema de las escuchas telefónicas, la implementación de la ley contra el crimen organizado. Con él por lo menos se diseña y se construye el sistema de evaluación de desempeño, y termina su periodo en mayo del 2010.

Luego hay un nuevo proceso de elección de Fiscal General y nombran a un fiscal que se llama Cornado Arnulfo Reyes. Él estuvo como dos semanas en el cargo, y hubo denuncias muy fuertes de que parte de su equipo estaba viendo los casos vinculados al narcotráfico para sustraer información. Entonces la Corte de Constitucionalidad anuló todo ese proceso; él renuncia y su renuncia provoca una crisis política. Hay una fiscal interina, y se vuelve abrir en septiembre una nueva convocatoria, y ahí es cuando yo participo y resulto finalmente nombrada el 10 de diciembre de 2010.

¿Y cuál era la relación del ministerio público, mientras tú estabas allí, con CICIG a nivel procesal, de apoyo en casos específicos, a nivel técnico? El fondo de mi pregunta se refiere a la discusión sobre la cesión de soberanía, discusión que inició también en El Salvador cuando allá se habló de la posibilidad de crear una comisión similar…

Primero hay un tema del que ya hablamos: voluntad política. Luego hay un tema en capacidad técnica y conocimiento. Y con los funcionarios también hay un tema cultural de cómo hago las cosas y hasta dónde puedo llegar. Hablando yo con los fiscales me explicaban que la primera vez que ellos entendieron cómo llevar casos de gran magnitud fue cuando llevaron esos casos con CICIG. No sé si te acuerdas un caso del asesinato del hermano de Pancho León (narcotraficante); pues es uno de los primeros casos que llevan fiscales guatemaltecos con fiscales internacionales. (En ese caso) se va dando un trasmisión de conocimientos, en ver cómo se iba más allá de investigar a este individuo que cometió este delito para pasar a investigar a esta estructura que comete este grupo de casos. Ese es uno de los legados de la comisión.

Claudia Paz al recibir el Premio de Derechos Humanos WOLA 2014. Foto tomada del sitio de WOLA.

Es un legado técnico…

Técnico y de respaldo político también porque… Vamos a ver: imaginemos que no hubiera habido voluntad para investigar estos casos… Había respaldo político y traslado de capacidades técnicas.

¿Cómo empezás a enfrentar, una vez llegás, a un Ministerio Publico que ha estado tanto tiempo contaminado?

Nosotros veníamos de una ONG que había trabajado mucho en la investigación sobre las debilidades del Ministerio Público y del sistema de justicia en general. Claro, entonces, sabíamos dónde estaban los problemas, pero la otra parte era cómo hacer para que la institución cambiara sin poder cambiar realmente a los funcionarios de carrera, porque no podía llegar yo y decir, como cuando se hizo la nueva policía en El Salvador, que ingrese todo un nuevo grupo de personas, o un viejo grupo con un nuevo grupo. No. Teníamos que trabajar con las personas que siempre habían estado ahí. Y creo que para mí eso fue lo más sorprendente, que cuando se pidieron cambios se hicieron, por supuesto no fueron todos los fiscales pero equipos elites de fiscales con funcionarios que siempre habían estado ahí con respaldo político y con una definición clara de que se quería las cosas comenzaron a cambiar.

¿Entonces lo que había fallado siempre era la cabeza?

Una parte, sí.

Es decir, si pudiste trabajar con la misma gente que estaba ahí…

Vamos a ver. Había cambios a lo interno del Ministerio Público, había cambios en Gobernación también, y se habían creado los juzgados de mayor riesgo, y antes (hubo) un cambio con los jueces de turno, de 24 horas. Fueron las tres instituciones más importantes que tenían que ver con investigación criminal que sufrieron reformas importantes. Teníamos más acceso a tecnología también, a escuchas, ADN, correlación balística. Pero sí, sin duda, antes había habido un problema de liderazgo, sí; y de conocimiento.

¿De conocimiento técnico?

Sí.

¿Qué pasaba con la policía? No la mencionaste entre las instituciones que sufrieron cambios…

En la policía hubo algo que fue muy bueno en la época del ministro (de Gobernación, Carlos) Menocal, en la que también había una comisionada de la reforma policial, Helen Mack: cambiaron a toda la cúpula. Hubo un proceso para hacer pruebas de confiabilidad a los altos mandos de la policía y eso permitió que tuviéramos un referente de confianza para trabajar. Y se crearon también, adentro de la policía, equipos… por ejemplo, de delitos contra la vida, que era específico a esos delitos y que todos los días trabajaban con los mismos fiscales, hacían los mismos turnos, tenían los mismos métodos de trabajo.

¿Todo eso con gente que estaba en la policía? ¿No eran equipos nuevos?

No. Estos creo que fueron seleccionados por pruebas de confiabilidad y eran gente joven. Ahora los mandos sí tenían que ser de carrera. Son las personas que pasaron estas pruebas de confiabilidad.

Explícame un poco cómo es el cambio en la cúpula policial después de toda la crisis que genera el tema de la cárcel El Boquerón y los diputados del Parlacen, luego de que varios mandos fueran a la cárcel…

Hay un primer ministro con el gobierno del presidente Colom que se cae su helicóptero y se mata… Hay un segundo ministro que dura poco muy tiempo en el cargo, luego dos ministros que fueron procesados (Gándara y Velásquez). Y hay dos cúpulas policiales: a unos los condenaron y a otros los absolvieron, pero son cúpulas a las que tuvieron que retirar porque estaban procesadas.

El final

¿Cómo es que la fiscal más exitosa en la historia de Guatemala tiene que irse?

Yo creo que sí había personas que tenían temor de que yo siguiera en la fiscalía, el equipo, más que una persona, el equipo y la forma de trabajar.

Entiendo que el caso del juicio a Ríos Montt marcó un momento crítico en todo esto, entiendo que el caso está reprogramado para volverse a ver en el 2015…

Esta reprogramado, pero la Corte de Constitucionalidad pidió el expediente de nuevo, entonces no sabemos sí va a haber o no.

¿Parece que eso es una vuelta al pasado, una vuelta atrás? ¿Cómo queda entonces Guatemala? ¿Cómo quedan esos cambios?

Esperemos que no haya retrocesos… Estamos esperando la sentencia en el caso de la embajada de España (la quema de la embajada), por ejemplo; hay otro caso de esclavitud sexual durante la guerra que está en trámite y me parece que va para debate ahorita, pues esperemos que esos casos avancen…

¿Tú crees que el Triángulo Norte es capaz por sí solo de encarar esos cambios me refiero más a Honduras y a El Salvador?

Yo creo que las lecciones de Guatemala, la trascendencia de CICIG para el país como un factor externo que acompañó a las entidades nacionales, podría ser aplicable a El Salvador y a Honduras, pensando también en las relaciones del crimen organizado en la región que no se acaban con las fronteras.

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 El frío aprieta. El invierno no se hace sentir aún con toda su fuerza en la capital de la Unión Americana. Por una de sus calles, Claudia Paz se dispone a emprender camino tras haber vuelto a esos días tan cercanos en los que abanderó la revolución que no terminó de ser en Guatemala. Hay algo que la abogada no extraña: los todoterrenos y los guardaespaldas que la seguían a todos lados en su país. Aquí, para las decenas de peatones que caminan rápido para guarecerse del frío, la mujer del pelo rojizo y tez blanca que se ajusta las solapas del abrigo es otra caminante más de la ciudad…

¿Cómo es la vida en Washington?

Es una realidad más tranquila, mucho menos pública, más de reflexión.

¿Qué es lo que haces en Georgetown?

Estoy escribiendo una investigación sobre los resultados del trabajo en el Ministerio Publico.

¿Cómo va la reflexión interna?

Bien… Va muy bien.