Jefes de la inteligencia militar de El Salvador involucrados en una red criminal
Las comunicaciones telefónicas del exjefe del Batallón de Información y Análisis del Ejército (BIAE) y dos jefes sucesivos del Conjunto II de Inteligencia del Estado Mayor de la Fuerza Armada fueron intervenidas por la Fiscalía en medio de un caso judicial contra ocho soldados por los delitos privación de libertad y tortura. Los militares salvadoreños de alto rango planearon burlar la justicia para liberar a sus soldados usando a policías, abogados, médicos e informantes a su disposición, con quienes montaron una red que, incluso, urdió matar a las víctimas para que no declararan ante el juez.
Por Fernando Romero
Foto Salvador Meléndez
Fecha: 3 de diciembre de 2018
Tres oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador están denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos que van desde la planificación de asesinatos, agrupaciones ilícitas y falsedad ideológica, luego de haber tratado de intervenir en un juicio contra ocho soldados en el departamento de Ahuachapán. Los soldados fueron enjuiciados por privar de libertad y torturar a dos personas que habían sido señalados, por la misma inteligencia militar, de robar una pistola Sig Sauer al director financiero del Ministerio de la Defensa Nacional, coronel Federico Reyes Girón, el 22 de mayo de 2016.
Los soldados privaron de libertad en la colonia San Jorge, de Apaneca, a los jóvenes Víctor, de 21 años, y Diego, quien con 17 años era menor de edad en ese entonces. Los militares, quienes habían salido del BIAE en San Salvador el 3 de junio de 2016, bajo las órdenes del teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, fueron sorprendidos por la Policía Nacional Civil mientras tenían como prisioneros a Víctor y Diego. La Policía detuvo a los ocho soldados y la Fiscalía les abrió un expediente para iniciar un proceso judicial.
Revista Factum reconstruyó la historia de los soldados del BIAE y los jefes de la inteligencia militar desde mayo de 2016, cuando ocurrió el robo de la pistola del coronel Reyes Girón, hasta junio de 2018, cuando la jueza especializada de Instrucción B de San Salvador, Lorena América Rodríguez, decidió poner en reserva el proceso contra el teniente coronel Ascencio Sermeño y contra los coroneles Héctor Alfredo Solano Cáceres, exjefe del Conjunto II de Inteligencia del EMCFA, y David Edilberto Iglesias Montalvo, quien sustituyó a Solano Cáceres en ese mismo cargo.
La Fiscalía intervino las comunicaciones telefónicas de los tres oficiales, quienes, por las evidencias recogidas, hilaron una red de inteligencia en Ahuachapán que incluyó a policías, abogados, médicos e informantes civiles con una misión: conseguir, por medios ilícitos, la liberación de los ocho soldados del BIAE. Incluso planificaron los asesinatos de Víctor y Diego para que no declararan ante el juez que habían sido privados de libertad y torturados.
Los planes de los jefes de la inteligencia militar fracasaron. Los soldados fueron condenados a 14 años de cárcel en marzo de 2017. Y la Fiscalía pudo interceptar las llamadas telefónicas de los oficiales entre febrero y agosto de 2017.
Las comunicaciones de los militares no solo revelaron las estratagemas para evitar que los soldados resultaran condenados: sobornar o matar a las víctimas, y burlar la justicia fingiendo enfermedades de los abogados para dilatar el proceso judicial, también quedaron expuestas actividades que, la Fiscalía sospecha, están relacionadas con grupos de exterminio.
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, reaccionó ante las detenciones de sus jefes de inteligencia, en febrero de 2018, y denunció en público que la Fuerza Armada está siendo acosada por la Fiscalía General de la República. El general se hizo acompañar de todo el Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe, el general Félix Edgardo Núñez, calificó de “irresponsables” las acusaciones de la Fiscalía contra sus coroneles.
Munguía Payés no accedió a una entrevista con Revista Factum y tampoco autorizó ninguna entrevista con los oficiales militares involucrados. Adujo que el caso tiene reserva. Tampoco la jueza Rodríguez quiso hablar del caso, a pesar de que se tramitó una entrevista con ella a través de la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Luego de los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se estableció la reducción de la Fuerza Armada y su sometimiento al poder civil, los registros de violaciones a los derechos humanos por parte de militares han seguido activos. En los últimos años, soldados han estado involucrados en desapariciones forzadas de civiles como los casos de Armenia, en Sonsonate, y San Martín, en San Salvador, en 2014. Incluso una condena a 10 años de cárcel contra cuatro soldados de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango por haber intentado asesinar a balazos y haber dejado en coma a una víctima.
La Fiscalía ahora tiene acusados a tres altos oficiales de la inteligencia militar salvadoreña por planificar asesinatos de civiles; lo que podría retratar a una Fuerza Armada que se resiste a considerarse subalterna del Estado democrático.