Editorial: Un cuartel para la impunidad

«Pero acaso el descubrimiento más importante de esta entrega es que la cadena de mando del ejército salvadoreño sigue implicada en el encubrimiento de crímenes, como hace tres décadas, cuando soldados del batallón Atlacatl, apoyados por decenas de efectivos de otras unidades militares, asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA».

Por Revista Factum

Foto Salvador Meléndez


Fecha: 3 de diciembre de 2018

Revista Factum publica hoy la historia de un grupo de altos jefes militares que ordenó o toleró crímenes para proteger a uno de los suyos de una investigación judicial que lo relacionaba con secuestros y torturas. Es un nuevo capítulo en la historia del terror, abuso e impunidad escrita por la Fuerza Armada de El Salvador.

Tiene, esta historia, dos agravantes. La cercanía en el tiempo es uno. Todo, los delitos y el encubrimiento, ocurrió en los últimos tres años, a poco de que los Acuerdos de Paz que se supone sembraron un gen más limpio en la institución militar cumplan treinta años.

El otro agravante: en ninguno de los casos de abusos de autoridad y crímenes cometidos desde el Estado reportados en los últimos tres años queda tan clara, como en este, la participación de altos oficiales de la Fuerza Armada en los delitos.

Uno de los principales protagonistas de esta historia es el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, exjefe del Batallón de Información y Análisis del Ejército (BIAE), el grupo operativo del Conjunto II de Inteligencia de la Fuerza Armada.

Ascencio ordenó un operativo a ocho militares del BIAE que derivó en detenciones ilegales y torturas contra dos personas a las que la inteligencia militar había identificado como supuestos responsables de robar un arma al coronel Federico Reyes Girón, director financiero del Ministerio de la Defensa Nacional. Cuando, gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional Civil, las cosas se le torcieron a Ascencio, se puso en marcha en las oficinas más influyentes de la Fuerza Armada una operación de encubrimiento que involucró a otros altos oficiales, como el coronel Héctor Alfredo Solano Cáceres, jefe del Conjunto II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada hasta diciembre de 2016 (de quien depende el BIAE), y su sucesor, el coronel David Edilberto Iglesias Montalvo.

La búsqueda de soluciones para que los soldados del BIAE evitaran la justicia fue del conocimiento de dos cabezas del alto mando de la Fuerza Armada: el general Félix Edgardo Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional.

Cuando fallaron todos los intentos de los oficiales de inteligencia por procurar que la justicia no llegara hasta el fondo y aumentaron las posibilidades de que los subalternos lo delataran, Ascencio habló incluso de la posibilidad de matar a las víctimas, según las comunicaciones interceptadas por la Fiscalía General de la República.

La investigación periodística que hoy presentamos, de Fernando Romero, tomó poco más de un año de reporteo y cuenta al detalle cómo estos jefes militares utilizaron recursos humanos y armamento de la Fuerza Armada para llevar adelante sus venganzas personales, ocultamiento de pruebas en una investigación penal y ajustes de cuentas; y explica que, en esas empresas delictivas, los militares contaron con el apoyo de policías de alta, de abogados y civiles que sirvieron como informantes de la red.

Pero acaso el descubrimiento más importante de esta entrega es que la cadena de mando del ejército salvadoreño sigue implicada en el encubrimiento de crímenes, como hace tres décadas, cuando soldados del batallón Atlacatl, apoyados por decenas de efectivos de otras unidades militares, asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA.

Una de las primeras conclusiones a las que el lector podrá llegar al leer la investigación de Romero es que el gen de la impunidad sigue intacto en la Fuerza Armada, desde la autoridad máxima hasta el último soldado desplegado en el territorio nacional. Hay una escena, en el texto, que habla de ello:

Confrontado en las cercanías de Apaneca, Ahuachapán, por una patrulla policial que cuestiona a su unidad por haber detenido a dos personas por órdenes del coronel Ascencio, y obligado por los agentes a ir al cuartel policial del lugar para rendir cuentas, un soldado de apellido Alfaro, alias “Chacal”, dice para que todos lo escuchen: “Quieren que los sigamos los culeros (policías), que nos van a llevar al puesto de Apaneca. Solo son mierdas estos culeros”.

No cabía, en la mente de aquel soldado, que alguien le pidiera cuentas. Se trata solo de un reflejo de lo que el ejército salvadoreño destila: opacidad, alergia a la rendición de cuentas.

No es casualidad que “Chacal” sirva bajo el mando del general Munguía Payés, el jefe máximo de la Fuerza Armada y enemigo público de la transparencia: en varias ocasiones, durante los diez años que ha estado al mando de la institución —ha sido Ministro de la Defensa Nacional durante los dos periodos presidenciales del FMLN, excepción hecha de los 19 meses que sirvió como ministro de Justicia y Seguridad Pública, cuando fue el jefe máximo de la Policía Nacional Civil—, el general ha hecho gala de matonería pública para dejarle claro al país, y de paso a su jefe, el presidente de la República, que su Fuerza Armada no se someterá al escrutinio de nadie, ni siquiera al de la Fiscalía General.

En agosto de este año, luego de que se hizo pública la posibilidad de que la Fiscalía investigara la legalidad de la inscripción de la candidatura presidencial de Nayib Bukele —ahora candidato presidencial del partido GANA—, el ministro de la Defensa advirtió al fiscal general, Douglas Meléndez, que “la Fuerza Armada monitorea los procesos políticos a fin de resguardar los procesos democráticos y conservar el orden social”. En un acto público, sosteniendo un fusil sobre el pecho, el rostro tapado con pintura de camuflaje y rodeado de varios de sus oficiales, Munguía pidió al fiscal general no meterse en política, algo que él, el general, tiene prohibido por la Constitución.

Antes, en marzo de 2017, flanqueado por varias decenas de oficiales en una conferencia de prensa, Munguía le dijo a la nación que la Fuerza Armada no haría caso a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que le exigía enviar archivos sobre movimientos del ejército durante la masacre de El Mozote en 1981. Así de sencillo y grave: el jefe de la Fuerza Armada, acuerpado por el Estado Mayor Conjunto y por la indolencia del comandante en jefe, el presidente Salvador Sánchez Cerén, nos hacía saber que a él lo que digan la Corte Suprema y la ley le da igual.

Esa es la Fuerza Armada en la que se enquistó el club del crimen de oficiales como el teniente coronel Ascencio Sermeño y los coroneles Solano Cáceres e Iglesias Montalvo. En este ejército, como en el de los años ochenta y el de la primera posguerra, como en la recién creada Policía Nacional Civil de los primeros años de los noventa, hay mandos que entienden que la impunidad es un bien agregado a la carrera militar; en corto: entienden que ellos, por su uniforme, están por encima de la ley.

Cuando la Fiscalía, poco después de un año de investigación, acusó a Ascencio, Solano Cáceres e Iglesias Montalvo, el general David Munguía Payés siguió el mismo guion de ocultamiento y negación. El 26 de febrero de 2018, flanqueado por el general Núñez y, de nuevo, por decenas de oficiales del Estado Mayor Conjunto, negó “enfáticamente la existencia dentro de la institución de grupos de exterminio”.

El epílogo de esta historia es igual de desalentador que otras en las que la justicia salvadoreña ha intentado procesar y condenar a altos jefes policiales o militares acusados de delitos. Los oficiales imputados siguen procesados, pero en libertad. Con el bendito de Munguía Payés, dos de ellos siguen en sus puestos: Iglesias Montalvo como jefe de la inteligencia militar y Solano Cáceres como agregado militar de El Salvador en Honduras.

Cuando el próximo 1 de junio el presidente Salvador Sánchez Cerén entregue la banda presidencial a su sustituto le entregará también una de las herencias más peligrosas que se han pasado uno tras otro presidente desde los Acuerdos de Paz: una Fuerza Armada que se entiende capaz de amedrentar a la justicia civil, de manipularla, para cubrir sus propios crímenes. Esa herencia es letal.