Un club del crimen carcome a la Fuerza Armada

Chencho estaba decidido a evitar que las víctimas declararan ante el juez, porque temía que dijeran que los ocho soldados las habían torturado. Era cierto, las habían torturado, pero Chencho quería evitar que quedara establecido en el juicio. Para disuadirlas intentó de todo. Intentó sobornarlas, pero no tuvo éxito. Las amenazó con montarles un caso, y tampoco tuvo éxito. Aquella mañana del 22 de marzo de 2017 Chencho sentía que se le acababan las opciones. Y su ansiedad crecía a medida que también se le acababa el tiempo: solo faltaban seis días para la audiencia en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador, y él sabía que esa audiencia podría suponer que él terminara eventualmente en la cárcel. Entonces, esa mañana, no pudo más y llamó al Peludo.

—Ya no debemos dar marcha atrás. Mañana o pasado mañana debe ser la acción para que no lleguen allí esos dos babosos —dijo Chencho al Peludo—… No sé cómo hacer… —añadió, en tono de quien espera alguna sugerencia.

El Peludo, que sabía que Chencho hablaba de matar a las víctimas, pero que prefería no decirlo explícitamente, le facilitó las cosas.

—¿Los vamos a ir a sacar de las casas o qué? —le preguntó—. ¿Y los matamos en otra parte?

Chencho vaciló.

—Lo decidimos mañana, cuando nos reunamos.

—Voy a pedir permiso para mañana. Usted no se preocupe de lo demás. Yo me encargo en el terreno —le dijo el Peludo, antes de colgar.

El Peludo es un policía. Y Chencho es el comandante de una unidad militar de El Salvador. Y en aquella conversación de marzo de 2017 hablaban con suma confianza, sin saber que alguien los estaba vigilando. Ambos eran sin saberlo protagonistas de una historia que iba a revelar un sinnúmero de detalles de una red que involucra a oficiales del más alto nivel en la Fuerza Armada y cuyos miembros han participado o han hablado de su participación en planeación de asesinatos, en privaciones de libertad, torturas, exterminio de pandilleros y hasta tráfico de armas. Esta historia, reconstruida a partir de expedientes judiciales, de documentos internos de la Fuerza Armada, de conversaciones telefónicas intervenidas por la Fiscalía, de entrevistas con algunos de los acusados y con personas cercanas a ellos, con militares de alta jerarquía y con abogados, policías, fiscales, jueces y magistrados que han conocido del caso, retrata un aparato clandestino que se vale de relaciones con policías corruptos y pandilleros, de colaboradores civiles que espían a posibles víctimas y de médicos y abogados que hacen fraude para tratar de obstruir la justicia.

***

Chencho es el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, comandante del Batallón de Información y Análisis del Ejército, o BIAE. El BIAE es el brazo operativo de la inteligencia de la Fuerza Armada de El Salvador. La función de la inteligencia, en la teoría militar, se resume en contrarrestar amenazas actuales o potenciales contra el Estado. La inteligencia investiga, recoge y procesa información sobre esas amenazas.

La jefatura de la inteligencia militar es parte del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), que con el ministro de la Defensa Nacional y con el presidente de la República constituyen el alto mando de la Fuerza Armada.

El BIAE del teniente coronel Ascencio Sermeño depende de uno de los cinco “conjuntos” que integran el EMCFA: el de inteligencia, conocido como Conjunto II o C-II.

El 22 de marzo de 2017, cuando Chencho llamó al Peludo, ocho elementos de tropa del BIAE estaban esperando juicio acusados de privación de libertad y torturas, por un incidente que había ocurrido en junio del año anterior. La audiencia era el segundo intento por culminar el proceso después de que un mes antes Chencho y otros dos militares de alto rango habían engañado a la justicia para lograr la posposición de la audiencia. Lo que había salido a la luz durante el proceso era que el operativo en que los militares del BIAE fueron detenidos había sido ordenado por su comandante. Por eso Chencho temía el desenlace. Por eso Chencho y dos coroneles se fueron enredando poco a poco con una serie de acciones de encubrimiento y conspiraciones para tratar de frustrar el juicio.

El enredo se originó el 22 de mayo de 2016 en las afueras de la ciudad de Apaneca, en el departamento de Ahuachapán, con el robo de una pistola al coronel Federico Reyes Girón, director financiero del Ministerio de la Defensa.

Ese robo activó esa red de militares en la que están involucrados Chencho y los dos últimos jefes del C-II del Estado Mayor. Por eso, la tarde del 3 de junio de 2016 siete soldados al mando del sargento Miguel Ángel Escobar salieron de las instalaciones del BIAE, en el sur de San Salvador, con rumbo a Apaneca. Salieron con la confianza que les daba integrar una misión oficial. Viajaban en un pick up del Ministerio de la Defensa, armados con sus fusiles de equipo, vestidos con sus uniformes y llevaban gorros pasamontañas para cubrirse la cara.

En el BIAE quedó registrada su salida: “152003JUN16 salió el sargento mayor primero Escobar con (6) de tropa”, escribió ese día el soldado a cargo del libro de novedades del BIAE. El código 152003JUN16 indica, en notación militar, la hora y fecha de salida: 15 horas con 20 minutos del 3 de junio de 2016. El libro registró más detalles de la misión: “Salieron en el vehículo Mazda N 12-923, conducido por el motorista señor Cortez Renderos —el séptimo soldado—, al área general de Apaneca, Ahuachapán, a verificar información sobre robo de un arma de fuego al señor coronel Reyes Girón”.

Apaneca está a solo 90 kilómetros de San Salvador, pero los espías de Chencho llegaron a su destino casi cinco horas más tarde. Sabían lo que buscaban y dónde buscarlo. Cuando llegaron a la colonia San Jorge, en las afueras de Apaneca, eran cerca de las 8 de la noche. La San Jorge es una hilera de casitas de concreto que se extienden a lo largo de cuatro cuadras, alejadas un kilómetro del casco urbano de la ciudad. El pick up atravesó la comunidad y llegó hasta la calle La Funeraria. Sus ocupantes llevaban consigo las fotos y las direcciones de los dos jóvenes que según el C-II habían robado la pistola al coronel Reyes Girón. La Fiscalía, en febrero de 2018, les otorgó a estos jóvenes un régimen de protección en el proceso judicial contra los jefes de la inteligencia militar, por ello los llamaremos Víctor, quien tenía 21 años en 2016, y Diego, quien, a sus 17, aún era menor de edad.

Al llegar a la calle La Funeraria, los militares vieron a unos veinte metros a un grupo de cuatro hombres que estaban fumando y jugando cartas. Reconocieron a Víctor y a Diego. El pick up avanzó lentamente mientras sus ocupantes se preparaban para el asalto. Al llegar frente a los jugadores, se bajaron del pick up y ordenaron que nadie se moviera. Se dirigieron a Víctor, a Diego y a los otros dos amigos y les ordenaron que se pararan contra la pared. Los registraron. Esposaron a Víctor y lo subieron al pick up. Quizás pesó que Diego era menor de edad y por eso lo dejaron con sus amigos, pero les ordenaron que se fueran a sus casas.

Vendaron los ojos a Víctor y se marcharon sobre la carretera que conduce a la ciudad de Ataco y se desviaron en la vía que lleva a Jujutla. Unos metros adelante dejaron la calzada en un lugar deshabitado, adecuado para lo que iban a hacer.

—¡Estás aquí porque te metiste en la cabaña del coronel, mono hijueputa! —dijo uno de los soldados a Víctor—. Entreganos el arma y te dejamos ir —prometió.

Luego vinieron las amenazas explícitas:

—Dejá de estar sufriendo, no seás pendejo. Si no nos das el arma, te vamos a matar.

El arma es una pistola marca Sig Sauer, que en el mercado legal se cotiza a unos mil 800 dólares. Los soldados lanzaron a Víctor al suelo, vendado de los ojos y con las manos esposadas hacia atrás. Lo pusieron boca arriba y comenzaron a darle puñetazos en el estómago. Luego comenzaron a verterle agua en la cara para generarle sensación de asfixia. Le preguntaban por la pistola y Víctor les respondía que él no la había robado. El ciclo se repitió, sin éxito, unas dos veces más. Entonces, cuatro soldados abordaron de nuevo el pick up para ir por Diego.

—¡Por vos venimos, hijo de la gran puta! —le gritaron, al allanar y verlo en su casa.

Lo tomaron de la camisa, lo sacaron de la vivienda y lo subieron al pick up y se marcharon. Su mamá, alarmada, llamó a la Policía.

Los espías de Chencho juntaron a Diego con Víctor y usaron las mismas técnicas para tratar de que les dijeran dónde estaba la pistola del coronel Reyes Girón. Diego y Víctor respondían que ellos no eran los ladrones. Pasaron unas dos horas entre interrogatorios y torturas. Se acercaba la medianoche y, hartos de la falta de respuesta, los soldados decidieron ir a buscar a los otros dos amigos —“el Diablo” y “Chancleta”—. Subieron al pick up a Víctor y a Diego y se encaminaron, por tercera vez, a la colonia San Jorge. Repentinamente, la sirena de una patrulla policial que venía detrás los obligó a detenerse.

En el pick up policial viajaban tres hombres, y estaba a cargo el sargento Pedro Grijalva, quien se bajó para hablar con los soldados. Del pick up de los militares se bajó el sargento Escobar. Se saludaron.

—¿Qué andan haciendo en esta zona? —preguntó el sargento Grijalva.

—Venimos de la colonia San Jorge, porque sabemos quiénes le robaron una pistola a mi coronel Reyes Girón y estamos investigando —respondió el sargento Escobar.

El sargento Grijalva le recordó que los militares tienen límites y que no podían andar en operaciones de seguridad pública sin supervisión de la Policía.

—Ustedes no están facultados para investigar un robo y para andar en esta zona tenían que reportarse antes al puesto de Policía de Apaneca o al de Ataco.

La respuesta de Escobar no solo fue un intento de desafío a la autoridad de la Policía Nacional Civil: indicó que ese tipo de operativos era práctica común.

—A nosotros nos dieron una orden y viene de la superioridad —le advirtió Escobar—. Además, así trabajamos siempre: no nos andamos reportando con nadie.

Los otros soldados se bajaron del pick up, en el que estaban atados Víctor y Diego. Grijalva temió que el encuentro se complicara. Era casi medianoche en una carretera solitaria donde tres policías estaban confrontando a ocho soldados que andaban ejecutando una operación ilegal y que estaban armados con fusiles automáticos M16 y que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas. Grijalva pensó rápido y dijo a Escobar que lo mejor era que lo acompañaran a Apaneca para resolver ahí el problema de que andaban sin supervisión policial. Estas palabras sonaron a Escobar como que los policías iban a sumarse a la búsqueda del arma y accedió. Pero uno de los soldados, Enrique Alfaro, “Chacal”, olfateó la trampa.

—Quieren que los sigamos los culeros, que nos van a llevar al puesto de Apaneca. Solo son mierdas estos culeros —protestó, en voz alta, para que lo oyeran los demás.

Los soldados dudaron. Quizás deberían huir. Quizás desde la superioridad que les daba su mayor poder de fuego debían intentar negociar con Grijalva, entregarle a las víctimas, darse la mano, olvidarlo todo y regresar al BIAE en San Salvador. Después de unos segundos de tensión, el sargento Escobar logró persuadirlos y, con todo y sus prisioneros, siguieron al pick up de la Policía.

En el puesto policial de Apaneca se cumplió la corazonada de Chacal: les dijeron que quedaban detenidos por privación de libertad. Pero los espías de Chencho aún estaban armados y se resistían a considerarse detenidos. La Policía actuó rápido y se comunicó con el Destacamento Militar Número 7, de Ahuachapán, para pedir apoyo: los militares se desarmaron solo hasta que el teniente coronel José Luis García, del DM-7, llegó al puesto policial y les ordenó que entregaran las armas. Así, los espías de Chencho quedaron detenidos y sus víctimas fueron liberadas.

La detención sería solo el inicio de los problemas más graves que venían para los espías, Chencho y dos coroneles. Dentro de pocos meses, estos tres últimos serían minuciosamente vigilados por el Centro de Intervenciones Telefónicas de la Fiscalía, que los espió entre febrero y agosto de 2017.

Castigado por responsabilizar al superior

Dos semanas antes de que los espías de Chencho fueran detenidos, el coronel Federico Reyes Girón estaba descansando en su casa de la residencial Santa Fe, en Apaneca, con su esposa. La Santa Fe es una lotificación de casas de campo cuyo acceso vehicular es un camino de tierra que inicia en la carretera asfaltada que de Apaneca conduce hacia Ataco. Desde la carretera se llega a pie a la residencial en menos de 10 minutos. Si se parte de la misma carretera, pero hacia el lado opuesto, se llega a la colonia San Jorge, esa donde los espías de Chencho encontraron a Víctor y a Diego.

La San Jorge, podría decirse, es la hermana pobre de la Santa Fe. El domingo 22 de mayo de 2016, dos hombres jóvenes ingresaron a hurtadillas a la Santa Fe, donde sorprendieron a Reyes Girón y su esposa. Uno iba armado de una pistola y el otro de un palo. Les quitaron los celulares, 600 dólares en efectivo y un bolso negro. Dentro del bolso negro, Reyes Girón guardaba su Sig Sauer. Después del robo, hizo lo correcto: fue a denunciar el atraco al puesto policial de Apaneca.

El robo del bolso negro iba a propiciar que el sargento Escobar y sus siete soldados quedaran detenidos dos semanas después. El 4 de junio de 2016, a escasas horas de la detención, el sargento Escobar escribió una carta al general Félix Edgardo Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto. El sargento Escobar señalaba lo injusto de la detención porque él y sus hombres solo habían obedecido una orden de su comandante. Desde ese momento hasta ahora, diciembre de 2018, aunque Chencho intentó sacudirse su responsabilidad, su rol en ese operativo y en toda la conspiración que siguió se le ha pegado al cuerpo como si se tratara de un tatuaje.

En la carta, el sargento explicó al general Núñez que él cumplió la “orden verbal” de Ascencio Sermeño de “aprehender” a Víctor y Diego para obligarlos a que devolvieran la pistola robada. Escobar incluso le citó el artículo 9 de la Ordenanza del Ejército de El Salvador, vigente desde hace 84 años, para hacer ver que la misión no fue por su voluntad. “Las órdenes legales del superior deben cumplirse por los subordinados sin hacer observación ni reclamación alguna, sin vacilación y sin murmurar, pero podrán reclamar si hubiere lugar a ello, después de haberlas cumplido”, le escribió.

El sargento Escobar no tenía idea de las consecuencias que iba a sufrir por delatar a Chencho. Pocos días después, Escobar y los otros siete detenidos serían enviados al Destacamento Militar Número 7, en Ahuachapán, donde quedarían recluidos mientras se iniciaba el proceso judicial en su contra.

El 3 de diciembre de 2016, con seis meses de encierro provisional cumplidos, Escobar envió una carta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la que ya aparece como protagonista el jefe de la inteligencia militar. En su carta, Escobar reseñó represalias de Chencho y de la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor por señalar que el teniente coronel fue el autor intelectual de la misión.

“A las 3 de la tarde con 30 minutos del día 29 de noviembre del corriente año, el señor teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño me comunicó que con instrucciones del señor coronel Héctor Alfredo Solano Cáceres, jefe del C-II del EMCFA, le entregara el teléfono celular y el mando de los soldados que están en el proceso judicial”, escribió Escobar.

El coronel Solano Cáceres se involucró en el caso y ahora es uno de los tres oficiales procesados en relación con el fallido operativo para recuperar la pistola de Reyes Girón. Solano Cáceres estuvo a cargo del C-II hasta diciembre de 2016, pero nunca se apartó del caso. En febrero de 2017, por ejemplo, organizó una reunión en su casa de Sonsonate, para planear cómo burlar la justicia y evitar que los espías de Chencho fueran condenados en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán.

El sargento Escobar se convirtió en un problema, primero para Chencho y Solano Cáceres, y después para el sustituto de Solano Cáceres. El sargento temía más a la posibilidad de ir a la cárcel que a delatar a sus superiores, a quienes consideraba los únicos culpables de su situación legal. Pero entre sus hombres, desde la protesta aquella de Chacal la medianoche en que fueron detenidos, germinó un recelo y con el paso del tiempo empezaron a culparlo a él, y no a Chencho, de sus dificultades. Paralelamente, Chencho y su jefe en el Estado Mayor entendieron la conveniencia de acercarse a los subalternos del sargento, que no paraba de delatar a sus superiores.

En aquella carta de diciembre a la PDDH, el sargento Escobar subrayaba la culpa de Chencho. “Yo estoy siendo juzgado por andar cumpliendo orden del señor teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño y él sin problemas, él quedó absuelto de responsabilidad, siendo el autor intelectual de este problema”.

Dinero de pensiones para ayudar a los acusados

Los soldados estuvieron retenidos desde junio de 2016 hasta marzo de 2017 en el DM-7. La Fiscalía los acusó inicialmente de privación de libertad y de lesiones. La imputación por lesiones más adelante cambió a tortura, por petición de la Fiscalía. Y mientras los soldados esperaban juicio, sus jefes buscaban cómo librarse ellos mismos de responsabilidad y cómo tranquilizar a sus subalternos.

Con ese propósito Chencho viajaba con frecuencia desde San Salvador hasta Ahuachapán, donde veía a sus soldados. Temía que estos se volvieran en su contra como el sargento Escobar. Y tenían razones para desmoralizarse: sus salarios estaban en suspenso y sus acreedores comenzaron a apretar a sus familias.

Factum tuvo acceso a la copia de un mensaje del general Félix Edgardo Núñez, jefe del EMCFA, fechado el 11 de noviembre de 2016, con etiqueta “8219 C-I-Moral” y rotulado como “Urgente”. En el memorando se ordena el auxilio monetario de la Fuerza Armada a los espías. Está dirigido al jefe del Estado Mayor General del Ejército, el coronel Guillermo Herrador. “Que se brinde el apoyo para el pago de las deudas y compromisos” de los detenidos, instruye Núñez. El documento tiene la firma del general y el sello de la jefatura del EMCFA: una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo y, superpuesto, el escudo de la República de El Salvador.

¿De dónde salió el dinero? La Fuerza Armada, que tiene un sistema previsional en quiebra, tomó recursos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para pagar deudas de los soldados detenidos. Esto, a pesar de que la institución ha tenido dificultades en los últimos años para pagar las pensiones. El 4 de octubre pasado, por ejemplo, el gerente general del IPSFA, René Antonio Díaz, explicó a El Diario de Hoy que el Instituto carecía de fondos para pagar las pensiones de los militares retirados correspondientes al último trimestre de 2018. Recibos de ingreso del IPSFA, de la serie “x”, fechados en los últimos meses de 2016, revelan depósitos bancarios para pagar cuotas mensuales con montos de entre 150 y 200 dólares en favor de algunos de los espías de Chencho.

Visita y amenazas a las víctimas

El tiempo pasó y se llegó el 22 de marzo de 2017, cuando Chencho llamó al Peludo. La audiencia estaba reprogramada para el 28 de marzo, y había que apresurarse. Ese mismo día, más tarde, fue el Peludo quien llamó a Chencho, en un intercambio que muestra la relación de confianza que el policía tiene con pandilleros:

—Estoy en Ataco —informó el Peludo.

—Mañana voy a llegar a mediodía —le avisó Chencho.

—Veámonos en Ahuachapán. Voy a pedir permiso. Mire, si vamos a hacer el trabajo, podemos comunicarnos por aquí. Esta otra línea es segura, no está a mi nombre, es de un pandillero —le confió el Peludo.

Ya para entonces, el nuevo jefe de la inteligencia de la Fuerza Armada era el coronel David Edilberto Iglesias Montalvo, a quien Chencho reportaba todo lo relacionado al caso. Dos días después, aunque la desesperanza se apoderaba de los oficiales, Chencho aún se mostraba muy diligente. Era que un mes atrás había logrado una pequeña victoria, cuando logró que se frustrara la audiencia, programada originalmente para el 26 de febrero. Esta vez, en una llamada telefónica a Iglesias Montalvo reveló su última carta.

—Van a condenar a los cipotes —se lamentó su jefe, el coronel Iglesias Montalvo.

—No —contestó Chencho, seguro.

—Quiero ver su plan B.

—Ya contactamos al mero jefe de la clica —informó el jefe del BIAE a su superior—. Y ya nos dijo que sí lo van a hacer.

—Estese pendiente. Le voy a estar hablando por Whatsapp —le respondió Iglesias Montalvo, y colgó.

Pero el plan B de Chencho se desbarató. En los días siguientes, las llamadas entre el teniente coronel y el Peludo ya no fueron para planear qué hacer con Víctor y Diego. A Chencho, unos investigadores de la Policía lo registraron y lo interrogaron mientras compraba en un supermercado de Ahuachapán. Al Peludo, otros investigadores lo estaban siguiendo y él lo supo. El 25 de marzo, a las 8:32 de la noche, el policía volvió a usar el teléfono del pandillero para hablar con Chencho.

—Mire, aquí en el comedor donde estoy cenando se vino a poner enfrente un Nissan Sentra de cuatro puertas. Son policías —le dijo nervioso el Peludo a Chencho—. Hay que hablar en persona, porque va a ser mejor que se cierre el convenio.

Chencho también estuvo auxiliándose de un informante, “Oquelito”, que es como, cariñosamente, los militares involucrados llaman a Francisco Oquely Aguirre, un civil que les sirve como informante y que estuvo vigilando a las víctimas.

Oquelito, según las investigaciones de la Fiscalía, es muy conocido en Ataco, al menos a nivel de militares, policías, pandilleros y abogados. Tenía un comedor en las cercanías del parque central de Ataco, detrás de la iglesia. Hoy, en el lugar donde estaba Hayde y su Cocina —así se llamaba el comedor— hay una barrera de láminas plateadas que cubre los trabajos de una nueva construcción.

Chencho utilizó a Oquelito para tratar de disuadir a Víctor y a Diego de declarar contra los soldados. El 1 de febrero de 2017, Oquelito arregló una reunión con Víctor en su comedor de Ataco. En esa reunión, Oquelito dijo a Víctor que “estaba al tanto de su caso y que podía echarle la mano”. Le dijo que sabía que tenía dos casos, uno de víctima y otro en el que, supuestamente, estaba denunciado por robar la pistola del coronel. Esto último era mentira.

“Le insistía en que le podía ayudar, pues tenía contactos para que le retiraran la demanda”, a cambio de que no testificara contra los militares, dice un acta de denuncia fechada el 26 de febrero de 2017 que redactó un investigador de la Policía Nacional Civil. Víctor, que se sentía amenazado, decidió denunciar lo que pasaba. Relató a la Policía que Oquelito llegó a su casa el 24 de febrero, dos días antes de su denuncia y de la fecha original de la audiencia. Llegó acompañado de dos familiares de los militares detenidos. Estos le ofrecieron 500 dólares para que no llegara al juzgado, pero Víctor rechazó la oferta. Oquelito estalló.

—Agarrá el dinero —le dijo—. Si no lo agarrás, les vamos a dar vuelta a los papeles y vos sos el que va a terminar preso.

Oquelito dejó ver a Víctor que, como amigo de Chencho, tenía mucha influencia y poder, incluso sobre la Policía.

—A la Policía no le cuesta nada ponerte un pucho de marihuana o una pistola. Es que, mirá, el coronel va a hacer hasta lo imposible para sacar a los muchachos. Ya vas a ver —le advirtió.

Diego también denunció a la Policía que los familiares de los soldados le ofrecieron dinero para dejar el caso, pero, al igual que Víctor, los había rechazado.

Para entonces, los espías habían pasado ocho meses en encierro y estaban desesperados. El sargento Escobar, quien ya estaba sufriendo las represalias por denunciar a sus jefes, rechazó que los abogados del Ministerio de la Defensa se encargaran de su caso y contrató a un abogado particular para que lo representara el 26 de febrero.

Solano Cáceres estaba preocupado y el coronel Iglesias Montalvo estaba pidiendo resultados. Y los hubo. Una pequeña victoria que fue un respiro. El juzgado se vio obligado a posponer la audiencia hasta el 28 de marzo. Y la posposición fue producto de la estratagema ideada por los militares y los abogados contratados por el Ministerio de la Defensa, Jorge Martínez Iriondo y Rey Nóchez Peña: estos fingieron estar enfermos para frustrar la audiencia.

Abogado muere un año después de fingir enfermedad

La táctica de frustrar la audiencia del 26 de febrero se afinó en la casa del coronel Solano Cáceres, en Sonsonate, el 22 de febrero de 2017, en una reunión en la que estuvieron Chencho, Oquelito y los abogados Iriondo y Nóchez. Decidieron al menos dos cosas: una, que Oquelito acompañaría a los familiares de los soldados a las casas de las víctimas para sobornarlas, y otra, que buscarían una forma de frustrar la audiencia.

La Fiscalía espió ese día todas las llamadas que hicieron dentro del grupo para coordinar el encuentro en la casa de Solano Cáceres.

—Mi coronel, ya estamos todos en su casa —le dijo Chencho a Solano Cáceres por teléfono. Eran las 2 de la tarde, pero el exjefe del Conjunto II no llegaba.

—Allí está el pollo que está cocinando la señora. Solo que me van a esperar un momento porque ando con mi esposa poniendo una denuncia: le abrieron el carro a unas cuadras de la casa.

La esposa del coronel denunció en la delegación de la Policía de Sonsonate, el mismo 22 de febrero, que le habían abierto por la fuerza el carro y que le habían hurtado una laptop. Los datos que dio la mujer en la delegación le sirvieron a la Fiscalía para obtener información precisa de Solano Cáceres. “No es fácil conseguir información personal de los oficiales de la Fuerza Armada”, dice la Fiscalía en su acusación contra los jefes de inteligencia, porque mantiene con reserva esa información.

A los militares les había ido muy mal hasta entonces: sufrían robos, fallaban en sus misiones ilegales, a sus espías los estaban espiando…

Al terminar la reunión, Chencho hizo varias llamadas. Entre esas una en la que reportó a su jefe, Iglesias Montalvo, las dos decisiones que habían tomado.

Más tarde, Chencho expresó a la mamá de sus hijos su profunda preocupación. Le confió que no estaba bien de salud y que temía acabar preso con sus espías.

—Esta semana es crucial para todos. Estoy abatido. Si no los saco, me voy a ir con ellos —vaticinó—. Se me ha subido la presión —le confesó.

Al día siguiente, el 23 de febrero, a Chencho se le ocurrió cómo frustrar la audiencia del día 26.

—¿Qué pasaría si usted no va a la audiencia? —preguntó por teléfono al abogado Iriondo. Eran las 10:12 de la mañana.

—Se tendría que reprogramar… pero el otro abogado también tendría que faltar.

A Iriondo entonces se le ocurrió que Nóchez y él podían reportarse enfermos ante el juez de Sentencia de Ahuachapán, Juan Alberto Campos. Así ganarían tiempo valioso para reconsiderar sus opciones.

Y dicho y hecho. Los abogados enviaron al juez Campos constancias médicas que los inhabilitaban para presentarse a la audiencia. Iriondo presentó una firmada por el médico Martín Oswaldo Magaña. “Tiene cuatro días de incapacidad por sufrir un cuadro de pielonefritis aguda por amebiasis”, prescribió el galeno. Lo que fingía tener el abogado era una infección en las vías urinarias, causada por amebas. La constancia tenía la misma fecha de la de la audiencia: 26 de febrero de 2017.

El abogado Nóchez hizo creer que él era víctima o de dengue o de chicunguña. Su constancia médica, firmada por Ricardo Zavaleta Morán, tenía fecha 25 de febrero. Nóchez informó al juez que él se encontraba “postrado en cama e incapacitado en la ciudad de San Salvador”. Adjuntaba la constancia de Zavaleta Morán, quien le había diagnosticado “un proceso febril, a descartar dengue versus chikungunya”. El médico le había recetado analgésicos y siete días de incapacidad.

El juez Campos, engañado, se vio obligado a reprogramar la audiencia y Chencho le dio el reporte al coronel Iglesias.

—La audiencia quedó para el 28 de marzo.

Iglesias ya estaba pensando en los próximos pasos y pidió a Chencho más esfuerzo, particularmente de parte de los abogados.

—Dígale a ese par de chabacanes que formulen una estrategia, que no estén esperanzados solo a lo que vamos a hacer —le dijo.

Casi un año después de que Iriondo y Nóchez presentaran aquellas constancias médicas, los médicos Magaña y Zavaleta fueron acusados de falsedad ideológica por la Fiscalía. La acusación del 22 de febrero de 2018 también incluyó a Chencho, a Solano Cáceres y a Iglesias Montalvo. Pero el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador liberó de cargos a los médicos porque, según la jueza Lorena América Rodríguez, no existe una evidencia del Instituto de Medicina Legal que acredite que en realidad los abogados no estaban enfermos en aquellos días. Sin embargo, las llamadas telefónicas intervenidas por la Fiscalía comprueban que Iriondo, Nóchez, Chencho, Solano Cáceres e Iglesias Montalvo planearon el fraude para ganar tiempo.

La Fiscalía apeló la decisión de la jueza: “Es claro determinar que el hecho de suspender la audiencia es una estrategia, según lo refiere el coronel David Iglesias y que esto fue coordinado por el teniente coronel Ascencio. Es claro que en llamadas posteriores se advierte que hasta se ríen de los supuestos padecimientos de salud que alegaron ante el tribunal sentenciador”, dijo la Fiscalía en su apelación.

Una de esas conversaciones había ocurrido el 1 de marzo de 2017, a la 1:49 de la tarde. Uno de los soldados detenidos en el DM-7 llamó por teléfono a Iriondo y aludieron, en tono victorioso y de burla, a las incapacidades por enfermedad.

—¿Cómo siguió de salud? —preguntó el militar.

—¡Estoy mejor que nunca! —bromeó Iriondo.

Pero Iriondo en realidad estaba enfermo. No tenía infecciones en las vías urinarias. Padecía diabetes. Su salud era precaria. La diabetes era la razón por la que Iriondo frecuentaba el hospital de Ahuachapán, al que iba para que le controlaran el nivel de azúcar en la sangre. Allí se contagió de una bacteria “comecarne”, que causa necrosis en los tejidos blandos. El 12 de febrero de 2018, a solo una semana de que la Fiscalía ordenara detener a la red de Chencho y a los coroneles, el abogado que había mentido sobre su salud murió por una insuficiencia renal crónica que le generaron los antibióticos que tomaba para combatir la bacteria.

Las operaciones secretas de Chencho

Tanto Chencho como Solano Cáceres e Iglesias Montalvo dieron a la Fiscalía pistas sobre posibles actividades ilegales en las que participaron o, cuando menos, sobre las que han tenido conocimiento y que tuvieron participación de militares.

El 23 de marzo de 2017, un día después de que había hablado con el Peludo de actuar contra Víctor y Diego, tuvo una conversación telefónica con un Francisco Caishpal, a quien le llama Paco.

—Cuando tengan cosas así, yo les puedo ayudar. Yo soy un pisto, pero con los uniformados soy otro, yo estoy para servirles —dijo Paco al jefe del BIAE—. Yo sigo trabajando igual que cuando nos conocimos. ¿Y no le han comentado que desbarataron tres campamentos por allá?

—Me llegaría andar en esa mierda —le dejó saber Chencho.

Una de las preguntas que Factum tenía preparadas para el teniente coronel Ascencio Sermeño, en caso de que accediera a dar una entrevista, era a qué actividad se refería cuando decía a Paco que “le llegaría andar en esa mierda”, justo después de que su interlocutor le había mencionado el desbaratamiento de “tres campamentos”.

La conversación sigue en el misterio, pero Paco es bastante sugerente.

—Mire, fuimos a recoger un mortero y unos soldados nos ayudaron. ¡Salieron levantados los babosos! Cuatro detenidos…

Revista Factum contactó por escrito al abogado de Chencho, Lito Castillo López, para pedirle una entrevista con su cliente. No hubo respuesta. El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, tampoco quiso dar declaraciones para esta investigación, y cuando Factum le pidió que intercediera con los tres coroneles procesados para que concedieran entrevista, se rehusó. Su argumento fue que el caso tiene reserva judicial y eso lo inhibe de hablar con la prensa al respecto.

La audiencia contra el sargento Escobar y los otros siete militares se celebró el 28 de marzo de 2017. Fueron condenados a 14 años de cárcel por privación de libertad y torturas.

Luego del juicio, la Fiscalía siguió interviniendo las llamadas de los jefes militares y estos siguieron dando luz sobre sus acciones, a pesar de que el mes anterior tanto el Peludo como Chencho habían caído en cuenta de que los estaban investigando o vigilando. El 4 de abril, los investigadores interceptaron una conversación telefónica de Chencho que reveló su participación en operaciones que, sospecha la Fiscalía, no son de inteligencia.

—¿Cómo vamos con el trabajito? —preguntó el teniente coronel, con naturalidad—. Mirá, yo tengo una fuente de gente que trafica armas y droga de la Fulton (Locos Salvatrucha) —le reveló a quien estaba al otro lado del teléfono, que la Fiscalía no identifica.

Chencho entonces habló de un operativo con armas que no son las de uso oficial de la Fuerza Armada, como los fusiles de asalto AK-47.

—Esta fuente tiene una hacienda allí por Cara Sucia (en Ahuachapán). Allí nos va a esconder. El procedimiento lo va a hacer Rendón. A ver si los agarramos —dijo el militar al teléfono—. Yo aquí ando un AK, un M16, dos escopetas y seis pistolas. Por todos somos como 15 —dijo Chencho.

La Fiscalía no ha podido descifrar qué quiso decir el jefe del BIAE, ni con quién conversó en esa llamada, aunque, a su juicio, podría tratarse de operaciones clandestinas que incluyen armas ilegales y relaciones con narcotraficantes. Por ello la Fiscalía abrió un expediente y pidió al Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador que le diera tiempo para recoger más evidencias contra Chencho y los jefes de la inteligencia militar salvadoreña.

Ascencio Sermeño, Iglesias Montalvo y el policía Peludo están acusados de planificar los homicidios de Víctor y Diego. Ellos tres, junto a Solano Cáceres, los abogados Iriondo y Nóchez y el civil Oquelito están acusados de agrupaciones ilícitas. Los dos abogados también fueron señalados por falsedad ideológica y Oquelito tiene una acusación por coacción.

El ministro Munguía Payés, en mayo de 2017, apartó al coronel Solano Cáceres de la escena y lo envió como agregado militar a Honduras, un cargo que supuso un fuero diplomático, un privilegio para el exjefe del C-II del Estado Mayor, mientras el sargento Escobar y los otros siete soldados apenas empezaban el conteo de su condena de 14 años en la cárcel de Metapán, en Santa Ana.

En los casos de Ascencio Sermeño e Iglesias Montalvo, la Fiscalía cree que los oficiales de inteligencia pueden tener vínculos con grupos de exterminio.

Soldados se rebelan al sargento Escobar

Las sospechas sobre la participación de los militares en grupos de exterminio también se nutren de lo que ha salido de la boca de los espías de Chencho.

Enrique Alfaro es el soldado a quien llaman Chacal y que la medianoche del 3 de junio de 2016 tuvo la intención de resistirse a la detención. Al parecer, es apreciado por los oficiales procesados, pues a veces se refieren a él cariñosamente como “Chacalito”. Cuando la policía lo detuvo, Chacal tenía tres años y un mes de haber entrado a la Fuerza Armada. Aunque estaba destacado en el BIAE, estaba oficialmente de alta en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde era jefe de inteligencia Solano Cáceres.

Mientras estuvo detenido en el Destacamento Militar Número 7, en espera del juicio, Chacal a menudo conversaba por teléfono con Chencho para conocer qué hacían desde afuera para liberarlos.

También platicaba con su novia, y esta supo una vez cuál era la vida clandestina de Chacal. Y fue porque el mismo soldado se lo reveló en una llamada telefónica el 14 de marzo de 2017, cuando faltaban dos semanas para el juicio.

Comenzó quejándose de su jefe inmediato, el sargento Escobar, pero pronto confió sus actividades secretas. Y la Fiscalía escuchaba, atenta.

—El sargento se cagó en nosotros. Ya voy para cinco años y nunca la había cagado. Vas a creer que por privación de libertad y por lesiones —se quejó Chacal—. En peores desvergues he andado, hasta hemos hecho mierda a los pandilleros hijos de puta, les hemos dado gas de un solo, y hoy vine a caer por este sargento.

—¿O sea que has andado en eso de matar pandilleros? —le preguntó su novia, con incredulidad.

—Sí, si así he andado —le confesó Chacal.

Las ejecuciones extrajudiciales de civiles desde que terminó la tregua con pandillas en 2014 no solo han sido protagonizadas por agentes policiales, como Revista Factum reveló en una investigación publicada en agosto de 2017. Miembros de la Fuerza Armada también han estado involucrados en actividades criminales, como los casos relevantes de desapariciones forzadas de civiles en Armenia y San Martín en 2014 o una condena a 10 años de cárcel contra cuatro soldados por haber intentado asesinar y dejar en coma a una víctima en Chalatenango en 2017.

Chacal siempre repudió al sargento Escobar por haber obedecido la orden del sargento Grijalva, de la Policía Nacional Civil. Su rechazo al sargento Escobar quedó recogida en un memorando que este escribió a sus superiores el 10 de octubre de 2016, cuando relató un incidente ocurrido ese mismo día.

El sargento expresó que había llamado la atención a tres de los soldados, entre ellos Chacal, por haber llegado 15 minutos tarde a los ejercicios de rutina que hacían todos los días en el DM-7. “Fue en ese momento que el soldado Alfaro, sin haberle cedido la palabra, comenzó a murmurar en desacuerdo al adiestramiento físico y manifestándome que por mi culpa están en este lugar, a lo que le ordené que se callara y que se comportara como soldado, contestándome que de hombre a hombre no lo puedo callar”, escribió el sargento.

Ya para entonces los otros soldados también marginaban a Escobar.

Un general desobediente

La Fiscalía tardó un año desde cuando comenzó a intervenir las conversaciones telefónicas de los militares, para presentar la red de Chencho y los otros dos coroneles ante el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador. Chencho, Solano Cáceres e Iglesias Montalvo habían sido detenidos.

Y cuatro días más tarde, el 26 de febrero de 2018, obtendría la respuesta pública del ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, quien salió a acuerpar a sus coroneles. “Estamos aquí para negar enfáticamente la existencia dentro de la institución de grupos de exterminio”, dijo al micrófono, exaltado, en una conferencia de prensa, en compañía del jefe del Estado Mayor, el general Félix Núñez, y de decenas de otros militares de alta graduación. Los dos generales aseguraron que la Fiscalía, conducida por Douglas Meléndez, estaba acosando a la Fuerza Armada.

“Son acusaciones infundadas e irresponsables”, exclamó el general Núñez.

Esa reacción pública con demostración de acuerpamiento de la oficialidad militar tenía ya varios episodios precedentes. Munguía Payés ya había reunido al EMCFA para exhibir su poder el 10 de abril de 2017, cuando le envió un mensaje al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de que ninguno de sus comisionados iba a “entrar a hurgar” en los archivos históricos de la Fuerza Armada. Las palabras del general fueron en respuesta a una dilatada confrontación entre el ministro de la Defensa y el IAIP que venía desde 2014 con resoluciones que le ordenaron liberar archivos de la guerra salvadoreña de los años ochenta. Las peticiones de información estaban originadas en el interés de ciudadanos en conocer quiénes fueron responsables de algunos de los operativos militares durante la guerra en los cuales se cometieron graves abusos de derechos humanos.

Munguía Payés también renegó cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el 25 de octubre de 2017 que la Fuerza Armada ya no podía comprar armas, municiones, vehículos y equipo militar de forma libre, sino que tenía que hacer licitaciones públicas. “A mí, particularmente, me gustaría declararme en rebeldía como Fuerza Armada”, dijo el general en una conferencia de prensa.

Y luego, en su conferencia del 26 de febrero de 2018, repetía su actuación al rechazar los señalamientos de la Fiscalía contra las cabezas de la inteligencia militar. El episodio causó la reacción crítica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que en su editorial del 28 de febrero señaló la intención de amedrentar a la justicia civil salvadoreña. “Que el ministro de Defensa denunciara a la Fiscalía haciéndose acompañar del alto mando, vestidos todos de faena, solo puede entenderse como un acto de intimidación contra quienes buscan que se cumpla con la ley. Una Fuerza Armada que no permite que las instituciones propias de un Estado democrático la fiscalicen es contraria a la doctrina de la democracia, y no es un cuerpo obediente, sino deliberante”.

Este último punto alude a que la Constitución establece que la Fuerza Armada está sometida al poder civil y que es apolítica y no deliberante.

La jueza que no sabía contar

El proceso judicial contra la red de Chencho llegó al juzgado de Lorena América Rodríguez. Y una de las primeras acciones de la jueza especializada de Instrucción B de San Salvador fue anular desde un principio las llamadas telefónicas intervenidas y liberó a todos los acusados. Porque había un problema de incumplimiento de plazos, dijo.

Rodríguez aducía que la vigencia de las llamadas, como prueba, había vencido el 20 de febrero de 2018, dos días antes de que la Fiscalía llegara con la red de Chencho, esposada, para presentarla al tribunal.

La Fiscalía apeló a la Cámara Especializada de lo Penal y ganó.

La resolución de la cámara, el 24 de mayo, corrigió los cálculos de la jueza. “La jueza consideró que el plazo para la judicialización había vencido el 20 de febrero, situación que este tribunal no comparte dado el errado cómputo de plazo realizado”, dijeron los dos magistrados de la cámara especializada, que también determinaron, sin disenso, que “es evidente que (la jueza) no valoró la totalidad de elementos probatorios que le fueron puestos a su disposición”.

La cámara ordenó a Rodríguez que hiciera una nueva audiencia, “en la que valore nuevamente la totalidad de elementos probatorios puestos a su conocimiento”, entre los que incluyeron las escuchas telefónicas.

En junio, en la nueva audiencia, la jueza tomó cinco decisiones que volvieron a desconcertar a la Fiscalía:

El grupo de Chencho y los coroneles va a seguir acusado, pero en libertad. Les retiró los cargos de falsedad ideológica a los médicos Magaña y Zavaleta. Se declaró incompetente para seguir procesando la acusación porque, a su juicio, no cree que el de Chencho sea un grupo de crimen organizado, como los que juzgan los tribunales especializados en El Salvador. Como consecuencia, pasó el caso al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán. Ese es el mismo juzgado por el que pasaron, en 2017, los ocho espías de Chencho.

Y, como quinto punto, la jueza Rodríguez declaró bajo reserva el caso contra los oficiales de inteligencia, de tal manera que nadie que no sea parte en el proceso puede tener acceso a la información del caso.

La jueza no accedió a dar una entrevista que Factum le solicitó por medio de la oficina de comunicaciones de los juzgados de San Salvador.

La Fiscalía pidió otra vez a la cámara que revoque las decisiones de Rodríguez, porque no cree que sean correctas: “Nosotros apelamos lo que resolvió la jueza nuevamente, porque no es conforme a lo que la cámara le ordenó”.

El coronel David Iglesias Montalvo sigue, mientras tanto, en su cargo de jefe del C-II del EMCFA, el coronel Héctor Solano Cáceres sigue como agregado militar en Honduras desde que el ministro Munguía Payés lo designó para ese cargo diplomático en mayo de 2017, dos meses después de la condena a 14 años de cárcel contra los ocho soldados.

El teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, Chencho, fue separado de la jefatura del BIAE y trasladado a otra área, según un funcionario del Ministerio de la Defensa que pidió la reserva de su identidad, porque puede poner en peligro su puesto. Se rehusó a precisar el destino de Chencho. “Los señalamientos en el caso del teniente coronel son más fuertes. Su traslado es como, digamos, una forma de prevención”, dijo el funcionario.

Desde la decisión de la jueza en junio pasado, el proceso contra Chencho y los dos coroneles no ha avanzado. En sus pesquisas, la Fiscalía logró obtener otra pista sobre las actividades posiblemente ilegales en que han estado involucrados los oficiales acusados.

Carlitos es una especie de monitor de medios de comunicación que trabaja para el coronel Iglesias Montalvo. Se comunican por teléfono. Carlitos tiene la rutina de comentarle las noticias que salen en los periódicos y que tienen que ver con la Fuerza Armada. Una de sus conversaciones ocurrió el 17 de marzo de 2017, a las 7:41 de la mañana. Faltaban 11 días para el juicio de los soldados.

—Mire, ha aparecido que nos andan investigando por ejecuciones extrajudiciales —le dijo Carlitos al coronel, y le empezó a dar más detalles—. Por los cuatro de Cangrejera y por los dos de San Miguel.

Carlitos, sin saber que la Fiscalía lo estaba escuchando, hizo un comentario con tono natural, como si las ejecuciones extrajudiciales de civiles con participación de militares se hubieran convertido en costumbre. Añadió:

—Pero solo estamos en los de San Miguel —dijo Carlitos a Iglesias, como deslindando responsabilidades.

El 29 de diciembre de 2016, Diario El Mundo publicó una nota sobre el hallazgo de cuatro cadáveres. Cuatro hombres de la comunidad Las Victorias, en Cangrejera, departamento de La Libertad. Una semana antes, los cuatro estaban en la cancha de fútbol de la comunidad cuando llegó un grupo de soldados y se los llevaron. Los desaparecieron.

Los familiares contaron a El Mundo que fueron a denunciar a la Policía que, según los testigos, a sus parientes se los llevaron a bordo de un vehículo del Estado.

Una semana después, los cuatro hombres aparecieron muertos en un cañal alejado de la comunidad.

Carlitos agregó:

—Los de Cangrejera son los de aquella noticia del 29 de diciembre. Allí no tenemos nada que ver —subrayó Carlitos.

Iglesias Montalvo lo desengañó:

—Aparentemente no tenemos nada que ver, ja, ja, ja.