Cinco razones para no reelegir al fiscal general

La Asamblea Legislativa tiene poco menos de tres meses para elegir un nuevo fiscal general o reelegir al actual, Luis Martínez. La gestión de Martínez por ser reelecto ya inició, según me confirmaron el mes pasado en San Salvador miembros del FMLN y ARENA. Él mismo ha dicho que los diputados deberían darle un segundo periodo porque al autoevaluar su trabajo llegó a la conclusión de que lo ha hecho muy bien. Disiento. Rotundamente. Aquí cinco razones por las que considero que de reelegir a Luis Martínez los diputados harían, otra vez, un flaco favor a El Salvador.

1. Reelegirlo implicaría hipotecar la única posibilidad real que ahora existe de fortalecer la Fiscalía General a través de asistencia técnica y financiera proveniente de la comunidad internacional. Ante la negativa del gobierno de Salvador Sánchez Cerén de solicitar a la ONU la creación de una comisión internacional de combate a la impunidad similar a la CICIG de Guatemala, ha surgido la propuesta de crear unidades especializadas dentro de la Fiscalía, las cuales contarían con apoyo técnico y financiero externo y estarían dedicadas, en esencia, a combatir el crimen organizado y la corrupción. Esas unidades, y sus investigaciones, dependerían de la voluntad y el buen tino del fiscal general. Luis Martínez no ha mostrado ni voluntad de combatir el crimen organizado ni buen tino.
2. El fiscal general no ha sido eficiente ni efectivo en el combate al crimen organizado. A pesar de que ha contado con herramientas legales que su antecesores no tenían, como el centro de escuchas telefónicas o la Ley de Extinción de Dominio, los resultados son magros o, si me apuran, inexistentes. Al principio de su gestión, Luis Martínez dijo, por ejemplo, que llevaría hasta las últimas consecuencias las investigaciones abiertas a los miembros del Cartel de Texis, la organización de narcotraficantes afincadas en el noroeste salvadoreño. No lo hizo. Apenas logró montar un caso contra Roberto Herrera, alias “El Burro”, por robo de autos, y otros contra algunos miembros menores a los que, en realidad, no ha logrado probarles nada. A José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, no lo procesó por lavado de dinero a pesar de que este hombre, a quien la administración Obama declaró capo internacional del narcotráfico en 2014, se declaró culpable de evasión de impuestos. También se llenó el fiscal la boca con adjetivos altisonantes para describir la tregua pandillera de 2012 y 2013 y a algunos funcionarios relacionados con la misma, como el general David Munguía Payés, pero del diente al labio: a tres meses de concluir su mandato, el fiscal general no ha procesado a nadie por esa a la que él mismo llamó “tregua hipócrita y criminal”. También dijo Martínez que revisitaría masacres del pasado, pero al decir de activistas de derechos humanos salvadoreños lo único que ha hecho la Fiscalía ha sido entorpecer investigaciones ya abiertas.
3. El fiscal general ha ocupado casos abiertos para negociar su reelección, según me confirmaron diputados de derecha y funcionarios de izquierda en El Salvador. Si lo que cuentan esos congresistas es cierto, destinos de casos como el abierto contra el expresidente Francisco Flores dependen, por ahora, de quiénes le den votos a Martínez y quiénes no.
4. El fiscal general tiene un conflicto de interés que se niega a explicar y el cual ha marcado buena parte de su gestión. La relación entre Luis Martínez y Enrique Rais ha supuesto que la Fiscalía General sirva, en casos abiertos contra Rais o contra sus enemigos comerciales, casi como un bufete privado del empresario. Ahí están al menos dos exoneraciones a favor de Rais, una dictada por una jueza de primera instancia quien advirtió que lo hacía porque los fiscales no habían hecho investigación alguna. Ahí está la investigación abierta por el Tribunal de Ética Gubernamental respecto a esa relación entre Martínez y Rais, uno de cuyos capítulos más escandalosos ha sido el de los viajes del fiscal general en los aviones privados del empresario. Ahí está el uso de toda la fuerza de la FGR contra el abogado Mario Calderón, exempleado de Rais y luego representante legal de empresarios canadienses con los que el salvadoreño mantiene un litigio millonario. (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, basada en Washington, incluso ha emplazado a Martínez para que informe sobre la situación de Calderón, quien está preso). Un fiscal con compromisos así de claros no puede ser fiscal general.
5. El fiscal general que El Salvador debe ser un abogado decente, sin compromisos políticos o comerciales con personas, partidos o sectores; debe ser un funcionario honrado y valiente. ¿Iluso pedirlo? Puede ser, pero en un país que se encamina a tener una tasa de homicidios de 91 por cada 100,000 habitantes al final de este año, en el que en un solo mes son asesinados 911 personas, en el que la corrupción no sabe de colores políticos y se ha incrustado en todos los niveles de la cosa pública, un fiscal fuerte y justo sí es necesario. No se puede pedir menos. Luis Martínez no es ese fiscal.