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CIDH ordena investigar amenazas contra periodistas de Revista Factum

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La comisión internacional, a la que está adscrita El Salvador, ordenó también al gobierno que garantice protección a todo el personal de la revista. En la resolución de medida cautelar, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed, la CIDH lamentó que el gobierno salvadoreño no respondió a una solicitud de información de esa comisión sobre las medidas de precaución que debió tomar para salvaguardar la integridad de los periodistas desde un principio. Incluso, hizo notar la tolerancia de altos funcionarios públicos hacia las amenazas contra los periodistas como el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de PROESA, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública y hasta el vicepresidente de la República. El Estado ahora tiene que informarle de forma periódica a la CIDH sobre los avances en las investigaciones de las amenazas y la actualización de las medidas de protección.

Foto FACTUM/CIDH


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió el viernes 27 de octubre de 2017 una medida cautelar a favor de los periodistas de la Revista Factum de El Salvador, tras una serie de amenazas, algunas de muerte, provenientes de grupos cercanos a la Policía Nacional Civil (PNC). La medida cautelar, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta de la CDH, Elizabeth Abi-Mershed, incluye una orden para que el gobierno salvadoreño inicie investigaciones para esclarecer el origen y los responsables de las amenazas contra los periodistas. La CIDH incluso emplazó al Estado a informarle sobre los avances de estas investigaciones.

Las amenazas contra los periodistas de Factum por parte de grupos cercanos a la PNC surgieron luego de una investigación periodística sobre agentes de una unidad policial élite de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) que se dedicaba a rastrear miembros de pandillas para ejecutarlos de forma extrajudicial y que también estuvieron involucrados en un caso de violación sexual a dos niñas y extorsión.

La CIDH recibió la documentación que acreditaba las amenazas, así como otras resoluciones de instituciones estatales como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) que instaron a las autoridades a proteger la vida y la integridad de los periodistas de Factum y a descubrir a los responsables de las amenazas. La comisión pidió al gobierno salvadoreño que le informara sobre las medidas que se habían tomado tanto para la protección como para las investigaciones, pero no tuvo respuesta.

“El 4 de octubre de 2017, la comisión solicitó información al estado para que aporte sus observaciones a la solicitud de medidas cautelares. Al día de la fecha, la comisión no recibió comunicación alguna de parte del estado de El Salvador”, se lee en la resolución.

La CIDH sí recibió en cambio documentación de los solicitantes, que fueron representados por el abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y dejó constancia de su admisión en el documento. La comisión no solo constató la falta de respuesta del gobierno salvadoreño sobre la situación de amenazas  contra los periodistas de Factum, sino también dio por anotada documentos que acreditan que en El Salvador, mientras ocurrían las amenazas, altos funcionarios del estado protagonizaron actos de tolerancia sobre la situación.

En la documentación se menciona una declaración del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos: “No deja de molestar el actuar de algunas personas protegiendo a estos delincuentes pandilleros, están llevando denuncias hacia esos elementos de la PNC”. Mientras que el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, llegó incluso a vincular familiarmente con pandilleros a uno de los periodistas autores de la publicación sobre los crímenes de la unidad de la FES, tolerados por la PNC, el 22 de agosto de 2017.

El embajador para las exportaciones del gobierno de El Salvador, Sigfrido Reyes, dirigente del partido en el gobierno, FMLN, ayudó a difundir desde su cuenta de twitter mensajes amenazantes y difamatorios contra uno de los periodistas autores de la publicación. Y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también dirigente del FMLN, dijo en una entrevista que ante las amenazas contra periodistas solo quedaba “tocar madera” para que no ocurriera un asesinato.

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La CIDH también recogió toda la documentación que contiene las amenazas contra los periodistas de Factum desde mensajes privados y comentarios en la página de facebook de la revista hasta mensajes en su cuenta de twitter. La comisión también recopiló las declaraciones del representante Baulenas sobre los intentos de intimidación los días siguientes a la publicación periodística, cuando grupos de hombres se acercaron en más de una ocasión a las instalaciones de la revista, primero haciéndose pasar por delegados de la PDDH y luego presentándose como policías y pidiendo acceso a la infraestructura de la revista.

La comisión internacional, ante este escenario, resolvió que el gobierno salvadoreño debe brindar protección a la integridad de los periodistas de Revista Factum y debe iniciar las investigaciones correspondientes a descubrir a los responsables de las amenazas contra el personal de este medio de comunicación. La CIDH emplazó al estado a informar de forma periódica sobre los avances de estas investigaciones.

Organizaciones internacionales de protección a periodistas han apoyado el ejercicio periodístico de Factum en El Salvador y han instado al gobierno a hallar a los responsables de las amenazas. Hasta el momento, no existen informes de avances en dichas indagaciones y en todo caso se desconoce si se abrió un expediente de investigación.

Las autoridades tampoco han mostrado avances en la investigación sobre la unidad de la FES y una red de policías de diversas divisiones dedicada a las ejecuciones extrajudiciales, que también manejan las cuentas en redes sociales de medios de comunicación falsos y que publican imágenes de pandilleros ejecutados, todo a la vista de los altos mandos policiales, de la fiscalía y del mismo gobierno salvadoreño.

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