En nuestra región las sociedades se encuentran marcadas fuertemente por el fundamentalismo religioso, la doble moral y la corrupción. Constantemente nos venden discursos llenos de sofismas en temas tan importantes como la “guerra contra las drogas” y sus nefastas consecuencias.
A finales de Junio tuve la oportunidad de participar junto a Jack Cole —ex policía estatal encubierto de Nueva Jersey y co-fundador de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP)— en una serie de conferencias y reuniones en Costa Rica. El objetivo de estas actividades fue posicionar el debate sobre la legalización del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, dejando claro el carácter estratégico de finalizar esta infame guerra, para garantizar un real combate al crimen organizado y mejorar la calidad y acceso a la seguridad y salud pública.
La sociedad costarricense —como la salvadoreña—, en general, se apropia de sofismas que generan una percepción negativa sobre los diferentes usos de la Cannabis (terapéuticos, lúdicos, espirituales, etc.). Sofismas que son difundidos a través del discurso prohibicionista de pastores u OBF´s (Organizaciones Basadas en la Fe) fundamentalistas y del discurso de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes en nuestra región han sido adoctrinados bajo los principios prohibicionistas.
Sin embargo, los caminos inexhauribles de Dios hicieron que el pasado martes 21 de Junio fuera diferente. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica hizo historia al aprobar por unanimidad que dos ciudadanos extranjeros que no son parte del cuerpo diplomático dieran su testimonio de forma oficial ante el poder legislativo en un tema tan importante como la reforma de las políticas de drogas.
Fui consciente en ese momento de la trascendencia de este evento para el inicio de un debate real sobre la reforma a las actuales políticas de drogas en la región. Podrá sonar exagerado, pero en ese momento un teniente detective estadounidense, así como un teólogo y presbítero salvadoreño, fuimos los catalizadores del debate, ampliando las perspectivas que hasta el momento habían escuchado los diputados en el Primer Órgano del Estado costarricense. Junto a Jack, explicamos a los legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos que el expediente N 19. 256 (ley para la investigación, regulación y control de las plantas de cannabis y cáñamo para el uso medicinal, alimentario e industrial) es un proyecto clave no sólo para Costa Rica, sino para la región.
Definitivamente, fue una situación muy inusual en nuestra región, pero en fin, lo importante es que el debate legislativo en Costa Rica llegó a un punto crucial y rompió el paradigma impuesto por un grupo de cuatro fundamentalistas que también son legisladores.
Jack Cole, quien fue mi compañero como conferencista durante esa semana, es una persona agradable que gusta del buen jazz, y que ha vivido la “Guerra contra las Drogas” muy de cerca, pues trabajó 24 años como agente encubierto en la unidad anti-narcóticos. Además, como lo mencioné antes, es co-fundador de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP). Esta es una organización consultiva de Naciones Unidas con 110 agencias a nivel internacional y más de 200 mil miembros, en su mayoría policías, fiscales, jueces y militares retirados o en servicio que están a favor de una política sensata de drogas. La agencia de Costa Rica es la primera de la región. Sin embargo, nos encontramos trabajando por la creación de la primer agencia en el Triángulo Norte, la de nuestro país.
La visita a Costa Rica me confirmó que la violencia exacerbada del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) se expande a medida en que la polarización y la militarización de la región va escalando. Al mismo tiempo, los intereses geopolíticos de las grandes potencias se concentran cada vez más en Centroamérica. Ya no sólo es el gobierno estadounidense quien realiza una inversión mortal en la guerra contra las drogas en Centroamérica, ahora también se invierte desde el bloque del BRICS, con una mayor participación de Rusia y Brasil.
El narcotráfico avanza en la región a expensas del contexto de debilidad estatal, la amplia disponibilidad de armas, las zonas de difícil acceso y con pocos servicios (especialmente en las áreas fronterizas), la impunidad, las corruptas e ineficientes fuerzas de seguridad, los altos índices de pobreza y una cultura de violencia impuesta por la voluntad de poder de los grupúsculos que manejan los hilos de la política centroamericana. Esto le convierte en territorio atractivo para la expansión de las redes criminales vinculadas al narcotráfico que, además, se dedican a actividades de extorsión, contrabando, trata personas, tráfico de órganos, secuestro y tráfico de armas. En algunos casos esto origina un abandono parcial del tráfico de drogas. Acabar con la Guerra Contra las Drogas nos permitirá luchar efectivamente contra grupos criminales más oscuros.
La diversificación de las actividades de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) es un argumento sólido que está motivando a los funcionarios responsables de países como Costa Rica y Guatemala a elaborar políticas públicas eficientes, audaces y superadoras. La pregunta es simple, al poner la mayor cantidad de sangre en esta absurda guerra, ¿cuándo habrá en El Salvador políticos valientes que no claudiquen ante las ofertas del crimen organizado?
Es fundamental que los liderazgos políticos se den cuenta de lo indispensable de una reforma en la cual se adopten políticas basadas en evidencias, enfocadas en los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Esta retórica se podrá consolidar mediante cambios concretos en las políticas, las leyes y las prácticas en materia de drogas. Falta financiar presupuestos que atiendan el área de prevención y educación relativa a las drogas, falta generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo, falta fomentar la investigación científica y etnobotánica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales.
Actualmente existe la magnífica oportunidad de evitar más muertes y retrocesos con el apoyo de la cooperación internacional en el marco de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y con vistas a la “declaración política sobre fiscalización de drogas” del 2019. Urge el fin de las políticas de control de drogas que se basan en la represión sin tomar en cuenta los derechos humanos y la salud pública.
Finalmente, podemos decir que ha nacido un debate profundo, serio, basado en la ciencia y la justicia para discernir el verdadero papel que juegan las políticas de drogas para reducir la violencia y aumentar los índices de desarrollo en Costa Rica, en particular, el Triángulo Norte y toda la región centroamericana. Iniciamos el camino hacia el reconocimiento de la autodeterminación de cada persona sobre su propio cuerpo y el respeto de los derechos esenciales que desde hace mucho los Estados Americanos reconocen y dicen proteger.
“Respetar los derechos extraños
Y apoyarse en la recta razón
Es para ella, sin torpes amaños
Su invariable, más firme ambición”
– Himno Nacional de El Salvador
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1 Responses to “Centroamérica: De la inercia al debate”
ES TIEMPO DE COMENZAR A NO DEJARNOS ARRASTRAR POR EL DOGMATISMO Y DE COMENZAR A PENSAR.