“En Centroamérica la guerra contra las drogas ha beneficiado a políticos corruptos”

Juan Carlos Garzón, especialista colombiano asociado al Wilson Center de Washington.

El mundo se prepara para discutir nuevas aproximaciones a la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas en una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, en inglés), que se celebrará en Nueva York del 19 al 21 de abril. La discusión pasará por temas como la reducción de daños entre consumidores y pequeños productores, la despenalización y descriminalización del uso de la marihuana y otras drogas y nuevas aproximaciones a las adicciones. La participación política de Centroamérica en esa discusión se perfila, como mucho, periférica, aunque el istmo es uno de los principales corredores del narcotráfico mundial y su porción norte una de las regiones más violentas del mundo debido, en parte, a las acciones criminales de grupos organizados de traficantes y a la debilidad de sus Estados nacionales. En esta entrevista el especialista colombiano Juan Carlos Garzón, asociado al influyente Wilson Center de Washington, habla sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y sus efectos nefastos en América Central.

Has apoyado que la guerra contra las drogas, como fue concebida por Estados Unidos hace 30 años, fracasó. Pero aun ahora funcionarios de la administración Obama la siguen defendiendo. ¿Podés explicar tu tesis del fracaso?

La guerra contra las drogas no es otra cosa que el enfoque más represivo para enfrentar el desafío que representan los mercados internacionales de drogas ilícitas, con el propósito de impactar la oferta de drogas con la tesis de que así aumentarían los precios, escasearía la droga y así tendríamos menores niveles de consumo. Pero lo que muestran las cifras es que ni la producción ni los niveles de consumo han tenido una baja sustancial con estas medidas, y que incluso en América las dos cosas han aumentado. Tomemos el ejemplo de Colombia: un país que siguió al pie de la letra las políticas de la guerra contra las drogas y lo que tienes ahí es un aumento en los niveles de consumo, en la producción de coca y de cocaína. Si evalúas la política por sus resultados y bajo sus propias mediciones, no ha alcanzado los objetivos que se había propuesto y para América Latina ha tenido unos costos enormes.

Hablemos de esos costos: si los datos te muestran que 30 años de guerra han fracasado, ¿por qué Estados Unidos y América Latina han mantenido viva esa guerra?

Si ves en los planos nacionales sí vas a ver avances en algunos países, el problema es que esos avances se traducen en problemas para otros países. En algún momento Colombia empezó a bajar sostenidamente los cultivos pero el problema se empezó a agravar en Perú y Bolivia. Tienes la sensación de que hay victorias temporales, en el plano táctico, pero en el plano estratégico la cosa no avanza: tienes un mercado floreciente que deja muchos recursos. Al final del día estás en las mismas.

Pero basta con separarte de los planos nacionales el fracaso es evidente, entonces ¿con qué discurso político justificas esa estrategia fallida?

Hay una serie de incentivos perversos en la política de drogas y en cómo se ha aplicado en América Latina; para la fuerza pública, por ejemplo, crea incentivos perversos que te permite mostrar resultados como capturas, incautaciones, que te dan la sensación de que el Estado se está ocupando de eso que definió como una amenaza y que además atrae recursos en términos de cooperación por la alarma que produce el problema de las drogas. Todos estos incentivos están ligados a una serie de indicadores erróneos, lo que hace que las instituciones estén metidas en una inercia de la que no quieren salir porque al fin y al cabo se benefician. Y en países como los de Centroamérica esta política ha beneficiado a políticos corruptos, a lavadores de dinero.

“Las fuerzas públicas han sido muy hábiles para aprovechar la guerra contra las drogas para su provecho cuando han estado involucradas en redes criminales”.

¿Qué otro tipo de costos ha pagado Centroamérica además de lo que ya dijiste sobre la corrupción?

Estos son Estados con capacidades limitadas que han decidido poner la mayoría de los recursos en el tema represivo. En Colombia por ejemplo el 80% de los recursos se va al lado represivo y el 20% o aun menos al lado de la prevención. En esa lógica generas una serie de impactos y desatenciones que se traducen por ejemplo en la incapacidad de responder al problema de drogas desde la perspectiva de salud pública. En términos de derechos humanos esta guerra también ha tenido costos enormes para el sistema de justicia, que se está concentrando en los eslabones más débiles… ¿Cuánto está gastando el Estado a reprimir a personas que son fácilmente reemplazables en la cadena (de distribución y tráfico)? Si esos recursos los trasladas y los usas para reprimir crímenes de mayor impacto tendrías más beneficios por esa inversión. En realidad, para América Latina la política de drogas ha sido un mal negocio: hemos tenido muchos más costos que los beneficios que la sociedad ha recibido en general.

Algunos jefes de Estado en Centroamérica te darían la razón en el tema de los costos. El presidente de Honduras, por ejemplo, ha dicho en Washington que su país está poniendo los muertos en esta guerra. Sin embargo, estos presidentes no suelen hablar del costo que la guerra ha tenido en el tejido estatal por el tema de la corrupción…

El tema aparece en las discusiones y siempre aparecen alertas sobre cómo abordar el tema de la corrupción. Hay un punto muy difícil en los espacios internacionales por el tema de la soberanía de los Estados, y el tema de la corrupción los Estados nacionales suelen considerarlo un tema del ámbito interno… Ahí los Estados no quieren que se les metan, por eso es muy difícil obtener medidas concretas, lo cual es paradójico porque la corrupción impone limitantes importantes por ejemplo para la cooperación internacional: ¿cuánta plata ha llegado a Centroamérica y cuánta plata se utilizó para lo que se suponía iba a ser utilizada y a quién benefició?

Marines estadounidenses en un decomiso de droga en altamar. Foto de Marion Doss, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.

¿Qué pensás de modelos como CICIG? La mayoría de políticos en Guatemala hablan de intromisión… ¿Qué pensas de la influencia de este modelo en los Estados nacionales y en su capacidad para combatir la corrupción?

Yo creo que de forma tardía la cooperación internacional se dio cuenta de que tenía que invertir en las instituciones en Centroamérica. Durante mucho tiempo el dinero se ocupó para armar a la fuerza pública mientras se perdió de vista que los sistemas de justicia tenían muy pocas capacidades y que las sociedad tenían pocas capacidades para movilizarse en protesta al Estado. Creo que ya hay un reconocimiento de que hay que dar ese paso. Guatemala ha mostrado que las instituciones nacionales acompañadas por la sociedad pueden generar cambios.

Hablemos de lo que va a pasar en la UNGASS. Se hablará de reducción de daños en el consumo y la producción, pero, de nuevo, Centroamérica queda en el medio. ¿Cómo se entiende a Centroamérica, región de tránsito y de alta corrupción, en esta plática?

En Centroamérica hay que revisar el tema de la proporcionalidad: si ves las leyes contra los delitos de drogas en la región, estas son mucho más duras que contra otros delitos mucho más graves. En Guatemala, por ejemplo, puede resultar más grave tener una pequeña cantidad de droga que incurrir en pornografía infantil. Otro tema clave sigue siendo la corrupción y el seguimiento de cómo los sistemas de justicia y las fuerzas policiales usan los recursos; estas fuerzas han sido muy hábiles para aprovechar la guerra contra las drogas para su provecho cuando han estado involucradas en redes criminales. Al final del día hay evidencia para mostrar que en el Triángulo Norte la capacidad de los Estados para responder al tema de las drogas desde una perspectiva de salud pública es muy limitada y perjudicial. En Centroamérica el problema es mucho más complejo que ser meros países de tránsito, eso también ha sido un pretexto usado por los políticos para ocultar sus propias debilidades.

¿Qué tan distorsionador es el elemento de las pandillas respecto a la discusión del tráfico de drogas?

Hay una intención premeditada de hacer un vínculo entre dos temas, el de las pandillas, que suele ser un tema local, y el del narcotráfico. Ligar a las pandillas con el narcotráfico te permite llamar la atención en Washington, pero si las pandillas son vistas como problemas locales de los países del Triángulo Norte, esos Estados se quedan solos atendiendo ese problema. Cuando logras demostrar, por ejemplo, que el problema de los migrantes está estrechamente ligado con las pandillas o que sí hay casos de tráfico de drogas ligados con las pandillas es que otros países se interesan en el problema. Pero yo creo que es un vínculo premeditado y, por lo que yo he visto en los países, artificial: no es la regla que las pandillas sean actores centrales en el tráfico de drogas. A quien asegure eso hay que preguntarle qué decisión política busca impulsar y cuál es su evidencia real; no puedo sacar conclusiones a partir de un puñado de casos.