El llamado Caso Pandora tambalea en los tribunales hondureños, después de que una jueza, cercana al gobernante Partido Nacional, dejara en libertad provisional a una veintena de acusados, algunos muy cercanos al presidente Juan Orlando Hernández.
Foto/Contra Corriente
En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), minutos antes de la resolución de la audiencia inicial del Caso Pandora, varias personas ya conocían la conclusión: 28 acusados iban libres y solo uno tendría prisión preventiva. Los familiares de los acusados estaban sonrientes, algunos incluso hablaban de que el día anterior ya se había resuelto todo por medio de cuentas bancarias, otros aseguraban que sus familiares ni siquiera se encontraban en el edificio.
Aunque la resolución de la audiencia estaba programada para las siete de la noche, varias familias abandonaron las instalaciones incluso antes de que cerca de las dos de la mañana del pasado 28 de julio, dentro del Salón II de los Tribunales de Sentencia, se comenzara a leer la conclusión de la jueza Lidia Álvarez Sagastume sobre el proceso iniciado por el desvío de 282 millones de lempiras ($11.8 millones) desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de campañas políticas, según la investigación y acusación por parte de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de la Maccih.
A pesar de que durante el desarrollo de la audiencia inicial, la jueza Álvarez admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la única persona que guardará prisión en el proceso es Jacobo Regalado, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), institución donde se dio el drenaje de los fondos. Regalado enfrenta juicio por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos con penas que van desde los 3 hasta los 12 años de reclusión.
Mientras que los diputados acusados de utilizar el dinero para sus campañas políticas se defenderán en libertad. Uno de ellos es el diputado liberal Elvin Santos, quien recibía apoyo de sus simpatizantes que convocaron a una protesta en las inmediaciones de la CSJ. En ese instante también hicieron presencia miembros del movimiento Indignados, quienes gritaban consignas contra la corrupción. La situación rápidamente se encendió cuando estos últimos comenzaron a gritarles corruptos a los simpatizantes de Santos y ellos les respondían que querían fuera a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Maccih).
Además de Santos, la información oficial señala que otros 20 imputados ahora sólo enfrentan delito de lavado de activos en modalidad de encubrimiento y se defenderán en libertad, entre ellos los diputados nacionalistas José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, ambos con más de dos décadas en el Congreso Nacional. Los demás son: Miguel Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda, Ramón Antonio Lara, Lenín Rodas, Feliz Pacheco, Eduardo Enrique Lanza, José Sierra Morales, Lenín Chávez, Armando José Rivera, Hernán Seaman Elvir, Gustavo Castro, Franklin Toruño, Jean Francois Peyrecave, Francisco Sánchez y José Luis Flamenco Mejía.
Otros delitos que enfrentan los demás imputados son los de abuso de autoridad, fraude y violación a los deberes de los funcionarios, en el caso de Norma Kaffy Montes, mientras que a Velkis Rosibel Hernández y a Laura Haide Arita Palma se les acusa por falsificación de documentos públicos y fraude.
Todos los mencionados solo deberán firmar un libro todos los miércoles en los juzgados de La Granja en Tegucigalpa, no pueden salir del país y tampoco deberán mantener comunicación con los demás acusados en este caso.
Durante el proceso solamente 26 de los 38 acusados fueron procesados, nueve siguen prófugos de la justicia y tres personas quedan fuera de todo proceso: Mario Rolando Suazo Morazán y su hijo Mario Edgardo Suazo Matute, acusados inicialmente de lavado de activos, se les dictaminó sobreseimiento definitivo, igual medida se le dio al ex ministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció cuatro días después de que el caso se diera a conocer.
Iván Martínez, abogado defensor del diputado Elvin Santos Ordoñez y de su padre Elvin Santos Lozano, antes de conocer la resolución, aseguró que «desgraciadamente muchas veces estas situaciones no son jurídicas, son políticas», a la vez que denunciaba que la Organización de Estados Americanos (OEA), desde la Maccih, estaba ejerciendo presión e injerencia en la administración de justicia.
Hernández y su cercanía con las redes de corrupción
Entre los acusados que se seguirán defendiendo en libertad se encuentran personas cercanas al círculo del presidente hondureño Juan Orlando Hernández: el viudo de su hermana Hilda Hernández, Jean Francois de Peyrecave, así como ocho diputados y funcionarios públicos del actual gobierno, entre ellos Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista y actual Vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Estos dos personajes han sido señalados por la Comisionada de Policía en Condición de Retiro, María Luisa Borjas, como involucrados en el asesinato de Berta Cáceres.
El mismo día que se convocó para la lectura de la resolución de la audiencia inicial del Caso Pandora, dos pisos abajo estaba programado el juicio de reposición de medios de pruebas del caso de Berta Cáceres, pero después de varias horas de espera este no se realizó debido a que la abogada Ritza Antúnez, defensora privada de Mariano Díaz Chávez, militar activo cuando se le capturó por el asesinato Cáceres, también defiende a uno de los imputados en el Caso Pandora y se encontraba muy cansada por la jornada del día anterior. Antúnez fungió como abogada defensora de José David Cardona, acusado con seis años de prisión por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El cuñado de Hernández, Francois de Peyrecave, también ha sido cercano a los gobiernos nacionalistas. Como empresario ha tenido contratos con el Estado en varias ocasiones desde la gerencia de la Compañía Almacenadora S.A. (COALSA). En 2010 fungió como arrendatario para el archivo del Poder Judicial de Honduras durante un año por 122 mil lempiras mensuales ($5mil).
Años más tarde, durante el tercer año del primer mandato de su cuñado Juan Orlando Hernández, Francois firmó un contrato de arrendamiento por 207 mil lempiras mensuales ($8,600) por concepto de alquiler durante un año de una bodega de 1,800 metros cuadrados para almacenar medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De acuerdo al Registro Público de Panamá, Francois además tiene vínculos con dos empresas panameñas, una bajo el nombre Wedgewood Holdings, que dirige junto a Carlos Fiallos Soto, quien también forma parte de otra empresa denominada Holdings. S.A., que dirige con el actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, y con Carlos Midence Laínez, empresarios que lideran el grupo inmobiliario Midence Soto, quienes están detrás de la iniciativa Vuelve al Centro.
Durante el proceso de la audiencia inicial del Caso Pandora se filtraron imágenes de los medios probatorios que proponía la UFECIC en donde a Francois Peyrecave se le veía involucrado con casi un millón y medio de lempiras ($63 mil) como socio de la empresa ASEDI S. DE R.L, la cual, según la escritura oficial del Registro Mercantil, tiene como socia a la primera dama, Ana García de Hernández. De acuerdo a la imagen ASEDIS habría recibido depósitos de los cheques número 54470819 (con valor de 685 mil lempiras -$27 mil) y 54470821 (con valor 825 mil -$34 mil). La empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral (ASEDI) señala dentro de su escritura pública que “se dedica a dar asesoría en el marco del sector agroalimentario y medio rural”. El Caso Pandora surge por la desviación de fondos bajo la excusa de que serían utilizados en proyectos para pequeños agricultores.
Detalles de la escritura de la empresa ASEDI, que muestra como socios al cuñado del presidente Hernández y a su esposa Ana Rosalinda García de Hernández.
Los nexos del presidente Hernández en estos casos no son nuevos. A la primera dama ya se la había mencionado en el caso Red de Diputados, una investigación que también denuncia el drenaje de fondos a través de fundaciones. De acuerdo al exprocurador de la Maccih, Julio Arbizú, cuando se dio a conocer el caso de la Red de Diputados y comenzaron a conectar la investigación con Hernández y su esposa, surgió una crisis interna en la Maccih, lo que ocasionó su renuncia, la del vocero Juan Jiménez Mayor y la del juez Daniel Urrutia.
Además de esto, la jueza que lleva el caso, Lidia Álvarez Sagastume, conoce de cerca al Partido Nacional. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Álvarez fungió como Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad. En 2016 fue electa para formar parte de la Corte Suprema de Justicia por su afiliación con el PN, una elección en donde los diputados eligieron a los magistrados individualmente luego de que la nómina presentada no consiguiera la mayoría calificada (86 votos).
Sagastume fue presidenta de la Sala de lo Constitucional cuando se declaró inadmisible un recurso de nulidad presentado contra la inscripción de Juan Orlando Hernández como precandidato del Partido Nacional, debido a que su candidatura violaba la Constitución de la República.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández
Una radiografía del caso
El lunes 23 comenzó el proceso con la audiencia de presentación de imputados en donde la jueza declaró detención judicial para 19 de los 20 implicados que llegaron. Posteriormente, ocho personas más se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, pero solo a seis se les dictó detención judicial, mientras dos se defendían en libertad.
La audiencia inicial se programó para el 25, pero no fue hasta la segunda etapa que se aprobaron las peticiones que realizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, de agregarle el delito de asociación ilícita a cinco acusados y modificarle a cinco imputados de lavado de activos, en la modalidad encubrimiento por solo lavado de activos.
De igual manera, el mismo día la jueza admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los acusados, a la vez que rechazó las excepciones y nulidades que exigía la defensa de los imputados.
Carlos Silva, portavoz de la CSJ, explicó que se rechazó la petición de realizar un juicio político a los diputados acusados, también se negó la situación planteada por las defensas de que los imputados ya habían sido juzgados en otro proceso y en otro juzgado. Además se desestimó la acusación de que el requerimiento fiscal no había sido bien presentado y la nulidad que alegaban algunas defensas sobre la prueba del informe de la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas que no señala a todos los acusados.
El portavoz judicial precisó que «los medios de prueba documentales propuestos por la Fiscalía fueron admitidos en su totalidad, salvo una declaración que fue propuesta y que no se realizó ante la jueza competente».
Más tarde, se inició con la evacuación de la prueba de cargo que presentó la UFECIC, así como el abordaje de los testigos interrogados por cada uno de más de 20 abogados. En ese proceso se suspendió la audiencia debido a que la defensa señaló que algunos medios probatorios del Ministerio Público no contenían firma del perito, es decir, que no fueron expuestos ante los tribunales. De acuerdo a las defensas, el no presentar todos los análisis financieros firmados le dio una ventaja.
Sin embargo, la vocería del Poder Judicial señaló que en la resolución de la jueza, se hizo mención a que la Ley de Lavado de Activos del 2002 no considera como procedente los delitos en perjuicio de la administración pública.
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