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Carta abierta a la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador

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Honorable embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica,

Señora Jean Elizabeth Manes:

Espero que se encuentre bien y que el Espíritu de Dios guíe su camino por el sendero del bien. Le escribo estas líneas debido a las preocupaciones que me han llegado sobre su reciente campaña publicitaria.

La amistad y cooperación entre el pueblo salvadoreño y el pueblo estadounidense son más que evidentes. Sin embargo, los gobiernos no siempre han mostrado esa amistad entre los pueblos debido a los intereses de vuestras corporaciones, lo cual no es justificable.

Dicho esto, me gustaría señalar que el pasado 2 de enero fue desplegada por su embajada la campaña “año de acción positiva”, con un contenido que, a decir verdad, siembra dudas. No es que moleste el optimismo, sino más bien las contradicciones del discurso con la realidad.

Respetable señora embajadora, usted seguramente conoce los efectos devastadores de la Guerra Contra las Drogas en el Triángulo Norte y especialmente en El Salvador. Esta guerra infame no sólo ha fortalecido al crimen organizado en detrimento del Estado de Derecho de los países de la región, sino que también provoca dolor y muerte de las formas más atroces en el seno de las familias de ambos pueblos.

El gobierno estadounidense invierte el dinero de sus contribuyentes en cooperación para El Salvador, pero ¿la inversión en la imagen de su persona será la inversión más efectiva?

Si la respuesta es afirmativa, entonces por qué no difundir los logros de las distintas oficinas de la embajada que cooperan con nuestro país?

Por ejemplo, por qué no difundir los logros de la oficina de Homeland Security | ICE, que facilita mayor información sobre trata de personas a la Fiscalía General de la República, aunque éstos lamentablemente no usen esa información con la seriedad que corresponde. Si bien utiliza la información que provee su embajada como indicio de investigación en la mayoría de casos, no se tipifica como “trata” porque, a consideración de la FGR, “no hubo violencia”, por lo tanto el delito se tipifica como estafa. De esta manera su gobierno pierde la inversión y nuestros pueblos ven tristemente cómo se diluye la cooperación en manos inadecuadas.

Señora embajadora, ¿qué impacto real tienen las inversiones en materia de seguridad con el gobierno salvadoreño? 

Nunca se demostró efectividad por parte de la DAN ni del “Grupo Conjunto Cuzcatlán”. Además sigue existiendo una confianza en falsos liderazgos dentro de las estructuras de seguridad del Estado, autoridades que tienen la finalidad de perpetuar el problema y no resolverlo; pues al no tener resuelto el problema, sólo se justifican presupuestos de donaciones y proyectos que nunca se concretan. O sea, que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se despilfarra a la vez que las estructuras de las Organizaciones de Tráfico de Drogas se robustecen dentro de las fuerzas de seguridad del Estado.

El Salvador padece de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo —por mucho— uno de los países más violentos del mundo, a pesar de no vivir una guerra convencional. Las juventudes salvadoreñas no confían en las fuerzas de seguridad del Estado, porque en nuestro país “ser joven” está criminalizado. Programas como el de la policía comunitaria han tenido un impacto nulo. Es cierto que desde su embajada se facilita información valiosa, pero no se verifica que se utilice esa información para un combate real al tráfico de armas, por ejemplo. Nunca le han dado seguimiento legal e investigativo a todos los procesos en los que su misma embajada ha manifestado su deseo de colaborar.

Una acción importante sería invertir los esfuerzos de cooperación de forma más efectiva y con visión de futuro. La cooperación no es publicidad y dinero. Como cuando el agente Nelson Panameño, instructor de “GREAT”, murió en Usulután por causas desconocidas y hasta la fecha no hay proceso penal ni esfuerzo alguno por parte de la embajada en investigar este homicidio, a pesar de que una representante regional de INL dijo, en la inauguración de “GREAT” en Usulután, que se investigará dicho homicidio..

Llamó mi atención que algo del artículo que publicó en el marco de la campaña: ¿cómo usted o su embajada pueden saber que las y los vendedores de Zacatecoluca viven “libre de extorsión”, cuando se ha expuesto mediáticamente que la misma alcaldía de ese municipio está infiltrada por pandillas?

Además, usted elogia la integridad de la Fiscalía General de la República, la misma fiscalía que en la Zona Paracentral acepta a pandilleros como testigos criteriados para poder procesar a campesinos como “terroristas”; y después los pandilleros toman tranquilamente las tierras. Claro, en un escenario como ese no hay necesidad de matar ni extorsionar, pues la figura de testigo criteriado de la fiscalía le da, de facto, el poder de usurpar tierras sin mayor problema.

Respetable embajadora: las fuentes oficiales confirman la escandalosa impunidad dentro de las estructuras del Estado salvadoreño. Confirman que no ha habido detención alguna por delitos relativos a drogas entre funcionarios de gobierno, lo cual sólo puede significar una de dos cosas:

  • Que ninguno de los funcionarios de gobierno está involucrado en actos de corrupción vinculados a drogas.
  • O que la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y el Grupo Conjunto Cuzcatlán no han desarrollado su trabajo de investigación sobre los delitos relativos a las drogas al interior de la administración del Estado. Lo que resulta en el despilfarro de fondos públicos de nuestros pueblos.

Para priorizar el verdadero combate al narcotráfico y la corrupción es importante cambiar el enfoque hacia la regulación de los mercados, la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos. Esto permitirá tener una mejor visión, aprovechar los recursos locales y de la cooperación en materia de seguridad combatiendo de una vez por todas a las estructuras de las OTD y descriminalizando por fin a las juventudes y a las PQUD.

Es indispensable que esta retórica se consolide mediante cambios concretos en las políticas, las leyes y las prácticas en materia de drogas. Pero falta financiar presupuestos que atiendan el área de prevención y educación relativa a las drogas; falta generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo; falta fomentar la investigación científica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales.

Y finalmente, falta crear políticas públicas que incluyan a la persona como sujeto de derecho dentro de un marco legal de regulación que cubra la producción, el 
comercio y el consumo de drogas. 
Es tiempo de acabar con los problemas que nos afectan mutuamente y eso se hace con inteligencia y eficacia, más que con dinero y fuerza.

Dios la ilumine y guíe por el camino de la luz.



Att.

Rvdo. Martín Díaz.

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