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Candidatos rehúyen a espinarse con la discusión del aborto

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La discusión acerca de una posible despenalización del aborto en cuatro causales es un tema que, como oleaje, viene y va en el espectro político y judicial salvadoreño. A tres meses de las elecciones presidenciales en El Salvador, los candidatos mantienen una posición cómoda y minimizan la influencia que pueda tener el Ejecutivo para flexibilizar el marco legal que desde 1998 ha impuesto la prohibición absoluta de optar por interrumpir un embarazo no deseado. El desdén con el que se atiende un tema que no es prioritario en los mensajes que han enviado las fórmulas presidenciales también es compartido por quienes aspiran a la vicepresidencia.

Fotos FACTUM/Salvador Meléndez y Gerson Nájera


Han pasado 20 años desde que los cambios aplicados al Código Penal salvadoreño condujeron a una prohibición total de la interrupción del embarazo, sin importar la causa. Con el tiempo, el debate acerca de la rigidez de la aplicación de la ley ha escalado incluso a nivel político. Quienes se oponen a la prohibición absoluta señalan que el resultado de la reforma ha sido el de la criminalización de mujeres. Y, en especial, la criminalización de mujeres que viven en condición de pobreza.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto reporta 147 mujeres condenadas por aborto y delitos relacionados, hasta 2014. Y los casos habrían subido hasta 149 en los últimos años. Visto desde una perspectiva que trasciende a las medidas punitivas, la discusión es, además, un tema de acceso a la salud pública. Según datos (de 2018) registrados por el Ministerio de Salud, ocho de cada diez muertes maternas tenían una condición previa al embarazo. Es decir, ya existía una señal de alarma antes de que comenzara la gestación.

Los cambios aplicados al Código Penal que establecen la prohibición absoluta del aborto entraron en vigencia en 1998, pero fueron aprobados en 1997. Antes, prevaleció la normativa de 1974 sobre el aborto. En ese tiempo, había condiciones que eximían de la penalización:

  • Si la vida de la madre estaba en riesgo
  • Si el embarazo era producto de una violación o estupro
  • Y si el feto tenía graves malformaciones.

En ese mismo marco, también se consideraban como atenuantes el aborto provocado por una acción involuntaria (culposo) y el tentado. El anteproyecto que se presentó para modificar el código venía con iniciativa del Ministerio de Seguridad, de acuerdo al documento publicado en los archivos de la Asamblea Legislativa. Esa propuesta todavía eximía de sanción al aborto terapéutico (riesgo para la madre), al criminológico (embarazo causado por violación y estupro) y al eugenésico (inviabilidad del feto fuera del útero).

La legislatura correspondiente al período 1994-1997 fue la que se encargó de definir el cambio. Eran los tiempos de Gloria Salguero Gross en la dirigencia de Arena y de Schafick Hándal en la del FMLN. Eran tiempos en los que la intervención del entonces arzobispo capitalino, Fernando Sáenz-Lacalle, así como de la conferencia episcopal tenía resonancia en la intención de reformar el marco legal. Así comenzó la discusión alrededor del tema que propició que la versión final del Código Penal, con una prohibición absoluta del aborto, se aprobara para entrar en vigencia en 1998. 

En esa misma legislatura, los diputados aprobaron un cambio en la Constitución Política (1983) para introducir la “concepción” en el artículo 1, una idea que alude a los segundos que transcurren desde la fecundación hasta que el producto de ese proceso se asienta en las entrañas de la madre. La intención de los diputados era establecer que el Estado considera que, desde esos instantes, ya hay un ser humano sujeto de derechos. Al cierre de su última sesión, lo aprobaron, según consta en la investigación de Oswaldo Ernesto Feusier para la UCA.  

Algo sintomático del contexto actual es que las reformas al Código Penal de entonces, al igual que la propuesta de reforma constitucional y su ratificación, ocurrieron cuando había procesos electorales en el camino. La ratificación requerida para hacer efectivo el cambio en la Constitución llegó con la legislatura 1997-2000, en el período en que Juan Duch asumió la presidencia de la Asamblea debido a que Francisco Flores había renunciado para competir por la presidencia del Ejecutivo. Así, la ratificación se votó en febrero 1999. Después de estos años, El Salvador es uno de los cinco países en el mundo que penaliza el aborto por cualquier circunstancia. Los otros países que tienen un marco jurídico igual de rígido son Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.

En febrero de 2019, cuatro candidatos competirán en las elecciones presidenciales. Y ocurrirá 20 años después de que se ratificó la reforma constitucional. A pesar de haber compartido sus puntos de vista sobre la despenalización del aborto, ninguno de ellos ha profundizado al respecto. Es un tema que no tiene relevancia en los mensajes de campaña. Revista Factum buscó tener más claridad acerca de sus posiciones y abordó a tres de los cuatro candidatos, pues uno de ellos no respondió a las solicitudes que se hicieron a través de su equipo.


Vamos: Josué Alvarado y Roberto Rivera

Josué Alvarado (derecha) y Roberto Rivera Ocampo (izquierda) son los candidatos que aspiran a la presidencia por el partido Vamos. Foto FACTUM/Gerson Nájera.

Josué Alvarado es el candidato para Vamos y dirige la empresa Río Grande. Su compañero de fórmula es Roberto Rivera Ocampo, un empresario que en 2017 intentó inscribirse como candidato a diputado independiente para las elecciones de 2018 y, por varios motivos, desistió del proceso. Alvarado está en contra del aborto y Rivera se ha pronunciado en la misma línea.

“En nuestro Gobierno, y por mis principios, definitivamente somos defensores de la vida: de la madre y del feto. No estamos para promoverlo [al aborto]”.

–Josué Alvarado

Esa fue la posición de Alvarado cuando se le consultó sobre la discusión por la despenalización del aborto en cuatro causales. Para el candidato, los derechos pesan desde el momento en que hay fecundación. “Estoy para que el que ha sido engendrado pueda nacer, pueda desarrollarse”, insistió.

En tanto, Rivera ha dicho en televisión y en radio que el aborto es una medida extrema y que no contempla promoverlo “en ninguna circunstancia”, pero sí hizo hincapié en que el debate debe resolver primero las causas que pueden llevar a las mujeres a interrumpir su embarazo. En este sentido, Rivera se ha expresado varias veces en contra de seguir criminalizando mujeres sin que los hombres respondan por su participación en ese embarazo. 

Alvarado prosiguió: “En esto de las causales voy a decirle: el Estado o el Gobierno debería de trabajar para que todos estos casos que se dan por violaciones y todas esas cosas relacionadas con las causales puedan ser prevenidas por el Estado y el Gobierno, para que no lleguemos a ese término”. Alvarado indicó que parte de sus propuestas incluye ayudar a las madres que trabajan fuera de casa en dar apoyo con la educación de los niños durante los primeros años.


FMLN: Hugo Martínez y Karina Sosa 

La fórmula presidencial del FMLN, integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa, sostiene que no deben adelantar una postura si previamente no hay una discusión que derive en un consenso de parte de la sociedad. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Los candidatos del FMLN han evitado pronunciarse directamente sobre el aborto. Insisten en promover antes un debate amplio y “sin odio”, como expresó Hugo Martínez, aspirante a la presidencia y que ejerció dos períodos como canciller, en la entrevista Frente a Frente a finales de septiembre. También, Martínez y su compañera de fórmula, Karina Sosa, han sido francos en revelar que practican una religión.

Cuando Factum abordó al candidato del FMLN sobre la despenalización y las cuatro causales para aplicarla, él subrayó que no está de acuerdo en adelantar una postura. “He dicho que lo primero e importante es que se ha iniciado un debate en el tema y yo no soy quién para decidir sobre el consenso al que pueda llegar la sociedad sobre ese debate”, fue parte de su respuesta.

“Yo aliento a que siga ese debate con los enfoques desde los diferentes ángulos: el médico, el cristiano, los diferentes ángulos que se puedan abordar… Y que sea la sociedad salvadoreña la que llegue a una conclusión al respecto”.

–Hugo Martínez

En tanto, Sosa compartió su experiencia durante su participación en los Conversatorios de la UCA. Ella relató que el embarazo de su tercer hijo puso en grave riesgo su vida y temió dejar en la orfandad a sus otros dos hijos. Sin embargo, su decisión frente a este problema fue ampararse a la religión que practica. Sosa matizó que eso no le impide apoyar un debate sobre temas que afectan la “vida y la salud de las personas”. 

Ha sido el FMLN el partido que más intentos ha hecho por despenalizar la interrupción del embarazo desde la Asamblea Legislativa desde las reformas al Código Penal, sin que hayan encontrado suficiente apoyo para lograrlo. La exdiputada Lorena Peña, por ejemplo, introdujo el anteproyecto para la despenalización en función de cuatro causales. Pero el anteproyecto no dio para más.


Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña: Carlos Calleja y Carmen Lazo

El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, durante la presentación de los pilares de la estrategia de seguridad ciudadana en caso gane la presidencia en las elecciones de 2019. Hacienda de Los Miranda, el 8 de noviembre de 2018.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez.

El candidato del bloque de derecha –y vicepresidente del Grupo Calleja– no ha entrado siquiera al tema de las causales. Cuando Factum lo abordó, no dio espacio a más preguntas acerca del tema. “Lo ratifico: soy provida”, dijo. Pero no admitió una repregunta. En la manera en que se ha llevado el debate, “provida” define a quien se opone a la interrupción del embarazo, aunque la madre esté en peligro de morir, o si hubo violación, o si el feto no tiene ninguna posibilidad de vivir fuera del cuerpo de su madre.

En entrevista con el programa de entrevistas Frente a Frente, el candidato dijo que la lucha contra el cáncer que libró su esposa Andrea lo marcó para mantenerse en esa posición. “Esa experiencia me dio a entender el milagro de la vida”, expresó.

“Creo profundamente en la vida y en la familia. Soy profamilia también, pero también, como presidente de la república, mi responsabilidad es proteger la Constitución y la Constitución es bien clara en cuanto a estos temas”.

– Carlos Calleja

Las personas que se definen como “profamilia” suelen oponerse a que una pareja del mismo sexo se case con todos los beneficios de la ley y que puedan adoptar. Según Calleja, “(El Salvador es) un país 80 % cristiano y, al final, esos temas son una representación de la voluntad popular y del pueblo”. 

Carmen Aída Lazo, en tanto, dijo a Factum que se apegará a su papel en el Ejecutivo. “Mi posición es de respeto total a la ley, porque yo voy al Ejecutivo y el tema del aborto está claramente establecido en la legislación nacional”, dijo Lazo. De igual manera, para inscribirse al PCN –y así unirse como candidata– firmó un documento que la conminó a no apoyar ninguna iniciativa que favorezca la despenalización del aborto.

Lazo dijo en los conversatorios de la UCA que “desde el Ejecutivo es mucho lo que se puede hacer para poder cambiar las raíces estructurales (sic) que hacen que muchas de las mujeres no puedan decidir en este país la vida que quieren llevar”. Carmen Aída también habló de promover el empoderamiento y generar más oportunidades para ellas.


GANA, Nuevas Ideas y Cambio Democrático: Nayib Bukele y Félix Ulloa

Mitin electoral de Nuevas Ideas en las instalaciones de la Universidad de El Salvador.

El candidato y exalcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, Nayib Bukele, ha sido el único de los contendientes que mostró flexibilidad para discutir sobre la despenalización del aborto en función de las causales. 

“Únicamente estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre”.

–Nayib Bukele

Bukele dijo esta frase cuando participó en los conversatorios de la UCA. Esa es una de las causales que se ha discutido en El Salvador. 

Dicho esto, Bukele se refirió además a las mujeres que fueron enjuiciadas luego de que sufrieron partos extrahospitalarios de manera espontánea –sin que ellas pudieran anticiparse a lo que les sucedía–. La mayoría de ellas vivieron en condiciones de pobreza y no tenían un expediente clínico completo. “También es importante que no asumamos presunción de culpabilidad en una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo”, dijo Bukele en la UCA. “Cuando alguien de altos recursos tiene un aborto espontáneo, su médico —su ginecólogo—, pues, la trata, le hacen un legrado —si es necesario— porque quedó una parte de la placenta adentro… Lo que sea. Y nadie la cuestiona. Pero si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo, inmediatamente es sospechosa de haber practicado un aborto”, criticó Bukele.


Ahora, ¿tiene margen de maniobra el Ejecutivo en cuanto a la despenalización del aborto? Es poco, pero lo tiene. Su influencia está en las políticas y acciones en Salud Pública, Educación y Seguridad. Los ministerios tienen iniciativa de ley y de reformas, pero siempre haría falta que los diputados aprueben incluirlo en las comisiones legislativas correspondientes para que, si hay acuerdo, pueda crearse un anteproyecto.

Por otro lado, el Ejecutivo tiene la oportunidad de prevenir muchas muertes de madres con atención oportuna. Mientras tanto, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha dejado mucho espacio para el debate: se ha pronunciado en el sentido que “los derechos no son relativos” y que cuando riñen los derechos de dos sujetos (según la Constitución, el nasciturus o no nacido y la madre), se debe examinar la decisión a la luz de la proporcionalidad, es decir, buscar la solución que menos daño cause a las dos partes. 

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