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“Cachorro”, uno de los policías infiltrados en la tregua

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Óscar Antonio Aguilar Hernández, a quienes sus colegas conocen como “Cachorro”, es uno de los oficiales de la PNC que trabó relación con los contrabandistas del oriente salvadoreño que a mediados de los 90, con el nombre de Los Perrones, formaron la primera banda organizada de narcotraficantes en el país. En 2009, la entonces inspectora general de la Policía, Zaira Navas, le abrió un expediente para investigar sus relaciones con “Chepe Luna”, uno de los líderes de Los Perrones. En 2011, cuando llegó al despacho principal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés ordenó mandar a la basura esa investigación y poco después nombró a Aguilar Hernández jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP), uno de los principales órganos oficiales involucrados en la tregua pandillera de 2012 y 2013. Desde el pasado martes 3 de mayo “Cachorro” está preso: el fiscal general lo acusa de “cometer delitos” en el marco de esa tregua. Esta es parte de la historia del comisionado.


Gran parte de la atención mediática se había centrado el pasado martes 3 de mayo en Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua diseñada y ejecutada entre 2012 y 2013 por la administración de Mauricio Funes a través del entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés. La foto de Mijango, el ex comandante del guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo y ex diputado del FMLN, saliendo a un parqueo rodeado de policías se convirtió en la primera imagen masiva de las capturas ordenadas por la Fiscalía General de Douglas Meléndez en el caso de la tregua pandillera. El ex guerrillero era el rostro viral del operativo; no necesariamente el más importante.

Minutos después de que las primeras noticias sobre las capturas subieran a las redes sociales, un alto jefe policial confirmó a Factum que entre los capturados estaban el comisionado Aguilar Hernández, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz y el inspector Luis Alonso Aguilar Marín. Los dos primeros eran hombres de confianza de Munguía Payés y del general Francisco Ramón Salinas Rivera, director de la PNC cuando inició la tregua.

A Aguilar Hernández, de alias “Cachorro”, y a Castillo Díaz, de alias “Alfil”, de hecho, Salinas los colocó en el Centro de Inteligencia Policial con la misión prioritaria de preparar el terreno para el pacto entre el Estado y las pandillas MS-13 y Barrio 18, según ha revelado Factum. A ambos oficiales, como a otros que también participaron en las primeras etapas de la tregua, los enlazaba con el despacho del ministro Munguía otro hombre de confianza del general: el coronel Simón Alberto Molina Montoya, el principal oficial de inteligencia del Ejército salvadoreño y cabeza interina del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante tres días de enero de 2012 y sub-director nombrado entre enero y marzo de ese año, cuando el diseño final del pacto terminaba de adquirir forma.

Mijango era, sí, el rostro más visible de las acciones policiales del 3 de mayo, el más fotografiado. Pero no es su historia sino las de los oficiales de la Policía capturados y sus jefes inmediatos las que mejor cuentan la participación de todo el aparato de inteligencia del Estado salvadoreño en la tregua.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la inteligencia estatal se repartió, en esencia, en tres oficinas: el OIE (creado por el acuerdo), el CIP (agregado años después a la PNC) y la transformada oficina de inteligencia militar. Antes de 2009, cuando la izquierda política ganó el poder por primera vez, el control de esas oficinas se repartió entre varios funcionarios del partido ARENA. Entre 2009 y finales de 2011, el FMLN también controló las tres oficinas a través de funcionarios del partido. Entre 1992 y 2011, sin embargo, no hubo nunca un mando central absoluto: la inteligencia reportó a los presidentes o al partido en el poder por líneas de comunicación separadas. A partir de noviembre de 2011, con la llegada de Munguía Payés a Seguridad Pública, hubo un cambio importante: por primera vez un solo funcionario, el general, controló directamente las tres oficinas. Molina Montoya fue su nexo temporal con la OIE y luego su hombre en la inteligencia militar; Salinas y Aguilar Hernández le reportaban desde la PNC.

En la conferencia de prensa que dio el martes 3 de mayo pasado tras las capturas relacionadas a la tregua, el fiscal general Douglas Meléndez dijo, sin individualizar, que los funcionarios públicos detenidos, incluidos los policías, están acusados de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penales, falsedades de documentos, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes”.

Presentación de la Fiscalía General de la República.

Presentación de la Fiscalía General de la República.

“Cachorro”, dice el powerpoint que presentó a los medios Meléndez, “coordinó viáticos, transporte y comunicación del personal policial que participó en el tregua” y “participó en la recolección de armas entregadas por pandilleros”.

De Castillo Díaz, “Alfil”, el documento asegura: “Coordinó y participó en las reuniones y traslado de líderes… coordinó beneficios a los pandilleros en Centros Penales”. El 18 de marzo pasado, Factum reveló algunos detalles sobre las labores que el coronel Molina Montoya le encomendó a “Alfil”:

“Entrado enero… Molina Montoya… había despachado a los primeros enlaces del OIE a las cárceles para empezar a afinar la operatividad de la tregua. Así lo confirmaron, aquel enero de 2012, dos jefes policiales que se enteraron del plan a través del Centro de Inteligencia Policial, manejado aún por oficiales afines al FMLN… Uno de los primero enlaces con la pandilla, en específico con el Barrio 18, fue… ‘Alfil’…”, se lee en aquella nota periodística.

El reacomodo en la inteligencia del Estado

El 3 de febrero de 2012 el general Salinas Rivera, recién nombrado director general de la Policía Nacional Civil por el presidente Mauricio Funes, firmó una orden de cambios interna que, entre otras cosas, descabezó al CIP hasta entonces dirigido por oficiales leales al FMLN. Salinas quitó de la jefatura del CIP a Edgar Lizama, un comisionado proveniente de las filas de la ex guerrilla, y puso a Aguilar Hernández, un cuestionado oficial que ya había salido por la puerta de atrás de la importante División de Finanzas o del mismo CIP bajo acusaciones internas de corrupción.

Con “Cachorro” llegaron al CIP otros oficiales de pasado cuestionable. Uno de ellos, de apellidos Cubías Carranza, fue dado de baja de la PNC durante seis meses en 2002, luego de que un tribunal le abriera un expediente por contrabando de quesos. Tanto Aguilar Hernández como Cubías Carranza habían sido parte del grupo de policías que tuvo nexos con Los Perrones y con uno de sus líderes, José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, según confirmé con media docena de fuentes y documentos oficiales durante la investigación que realicé entre 2012 y 2014 para mi libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC”.

Lea aquí dos capítulos del libro “Infiltrados” de Héctor Silva Ávalos en los que se habla del comisionado Óscar Aguilar Hernández.

 

Pero, a juzgar por sus múltiples regresos a despachos importantes de la PNC, Aguilar Hernández ha sido un hombre que ha sabido reinventarse después de ser objeto de investigaciones internas, traslados, aun degradaciones: “Cachorro” ya había sido separado del CIP en 2008, tras acusaciones internas de corrupción.

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Comisionado Aguilar Hernández, segundo desde la derecha.

El nombre de este oficial empezó a sonar en despachos oficiales, asociado con señalamientos por connivencia con criminales, en 2004. Se le acusaba, en esencia, de extorsionar al crimen organizado para dejarlo operar. Un reporte escrito aquel año en el Ministerio de Hacienda dice: “Óscar Aguilar, alias Cachorro, permitió el crecimiento del contrabando… de esos contrabandistas de Oriente que luego se conocieron como Los Perrones. Él tenía trato directo con las estructuras grandes, y los de abajo, agentes y jefes locales, iban tras los pequeños y luego de un pago inmediato los detenían, los dejaban libres rápido y les retenían la mercadería…”

En 2009, la inspectora general de la PNC, Zaira Navas, abrió expedientes contra 20 oficiales de alto rango de la PNC para investigarlos por acusaciones que iban desde el acoso sexual hasta el favorecimiento a grupos de contrabandistas y narcotraficantes como Los Perrones. Trece de esos expedientes están relacionados con operativos fallidos para capturar a Luna Pereira y a Reynerio de Jesús Flores Lazo, otro de los líderes de la banda, y las sospechas de que los oficiales alertaron a los narcotraficantes de las capturas.

El expediente  de la Inspectoría, abierto el 27 de septiembre de 2009, dice que investigará a Aguilar Hernández y a otra decena de oficiales por la presunta “responsabilidad en el supuesto fracaso de cuatro operativos diseñados para capturar al reconocido narcotraficante José Natividad Luna Pereira debido a fuga de información”.

A finales de 2011, cuando Mauricio Funes lo nombró Ministro de Justicia y Seguridad Pública, una de las primeras cosas que hizo el general Munguía Payés fue ordenar el cierre de los expedientes abiertos contra Aguilar Hernández y otros mandos policiales. Luego, el general Salinas lo nombró al frente del CIP como parte la operación inicial que culminaría en el pacto entre el Estado y las pandillas para la reducción de homicidios.

Luego de que Salvador Sánchez Cerén ganó la presidencia en 2014, “Cachorro” dejó de ser jefe del CIP y, reconvertido una vez más a pesar de todos los señalamientos, reapareció como jefe de la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios de la PNC, en el papel un puesto importante en la estrategia gubernamental de combate a las pandillas.

Hoy, Óscar Aguilar Hernández, el incombustible “Cachorro”, pieza clave en el aparato de inteligencia que Munguía Payés, Salinas y Molina Montoya montaron para, entre otras cosas, ejecutar el pacto con las pandillas, está preso. El fiscal general Meléndez ha dicho, no obstante, que no tiene prueba alguna de que los generales y el coronel hayan cometido delitos como esos de los que acusa al comisionado.

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