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¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Formación Docente?

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En febrero de este año la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)[1], proyecto de ley impulsado y creado por el FMLN que fue anunciado en junio del año pasado por Carlos Canjura, Ministro de Educación. El objetivo que se han trazado quienes impulsan la creación de este instituto es que comience a funcionar en enero de 2019.

En esta Ley se define que el INFOD se encuentra adscrito al Ministerio de Educación (MINED); y se ha pensado como el responsable del sistema de formación inicial y permanente de docentes, del sistema de formación y certificación de formadores de docentes, de planificar y ejecutar programas de posgrado para diferentes especialidades, responsable de establecer programas de investigación educativa, desarrollar procesos que generen información para elaborar o evaluar políticas educativas, evaluación y acreditación de universidades privadas y pública formadoras de docentes, desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema, entre otras de las funciones que dicha ley menciona.

El INFOD contará con un Consejo Superior de Directores compuesto por cuatro personas que representarán al Ministerio de Educación, a la Universidad de El Salvador (UES), al sector magisterial y a un profesional independiente calificado. Entre algunas de las funciones de este consejo se encuentra la aprobación del plan operativo, del presupuesto y de otros proyectos, también colaborar con el MINED en los procesos de evaluación y acreditación de las universidades públicas y privadas que hasta ahora han formado docentes y colaborar con la revisión de planes de formación del instituto. Valga decir que en este consejo no se ha considerado la participación de universidades privadas formadoras de docentes.

En palabras de dicha ley “El INFOD garantizará la calidad educativa mediante la aplicación de métodos pedagógicos, tecnológicos y de investigación novedosa y de aprendizaje continuo, que permita alcanzar altos estándares profesionales”.  Los impulsores del INFOD justifican su creación en que, si bien es cierto, durante estos años hay esfuerzos para fortalecer la docencia, es necesaria una institución que concentre las tareas de formación y certificación docente, aunque éstas ya sean tareas que hacen algunas universidades privadas autorizadas por el Ministerio de Educación y también el Sistema Nacional de Profesionalización Docente.

Hasta aquí, en teoría, todo suena con muy buenas intenciones y, para variar, con un discurso subyacente de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, aquí también es donde aparecen algunas preguntas que me parece necesario hacer, no por la mera necesidad de rechazar la propuesta o de criticarla, sino para abonar un poco a la reflexión y cuestionamiento realista sobre su surgimiento, la forma en que se definieron sus funciones, el instrumento legal que la explica, algunos supuestos de los que parte y, por supuesto, los niveles de autonomía con la que trabajaría.

Lo primero que quiero señalar es la forma en la que se diseñó esta propuesta: quiénes participaron de ella, quiénes tuvieron voz y poder de decisión en este proceso. Esta fue discutida y creada por la comisión de cultura y educación de la Asamblea Legislativa, al parecer las universidades privadas no tuvieron ninguna participación tan significativa en la toma de decisiones sobre los objetivos, responsabilidades o limitaciones de esta propuesta, a pesar de que han sido responsables de la implementación de la formación inicial de docentes durante más de 25 años. Ahora bien, si no se incluyeron en esta etapa como interlocutores relevantes, ¿las incluirán en las etapas posteriores? Como, por ejemplo, en el diseño de los planes de estudio del instituto o en la construcción y validación de indicadores para la acreditación y evaluación que este instituto pretende hacer de las mismas universidades formadoras de docentes.

Además, en este mismo sentido, ¿Cómo se lograrán integrar las tareas de formación docente que las universidades formadoras ya realizan? ¿Cómo piensan evitar duplicar funciones? Pues también hace un poco más de un año se lanzó el Sistema Nacional de Profesionalización docente que, al igual que pretende hacer esta propuesta, se encarga actualmente de la formación de docentes en servicio. Y es que, si bien es cierto, se mencionan los objetivos de este instituto, pero no se menciona cómo alcanzarlos ni cómo se articularía con lo que ya existe.

El segundo aspecto importante sobre la creación de este instituto es que parece que las tareas de formación, evaluación y acreditación de docentes se van a concentrar en una sola institución del Estado y en cuatro personas, las que conforman el Consejo Directivo. De esta forma no se considera – o al menos no se ve reflejado en la ley que explica la creación del INFOD – la construcción colaborativa y participación pertinente de los demás actores que de alguna forma u otra han contribuido a la construcción de la carrera docente desde que se cerraron las escuelas normales. Ese diálogo requiere de espacios que no son solo de consulta, sino de colaboración, colegialidad, reflexión y debate entre las universidades, organizaciones de la sociedad civil, docentes, formadores de docentes, investigadores y quienes impulsan este proyecto.

Algunas universidades privadas manifestaron su preocupación sobre este tema diciendo que centralizar estas funciones y no contar con espacios de diálogo y colaboración con otros actores implicados en los procesos de formación inicial y en servicio facilita la introducción de posicionamientos políticos e ideológicos e incluso partidarios en la formación docente y en la educación. Es decir, facilita que se introduzcan visiones sobre cuestiones medulares en un sistema educativo como, por ejemplo, definir para qué y cómo educar, preguntas y reflexiones que no le corresponden únicamente al Estado responder, sino a todos y todas desde un sentido democrático y de bien común sobre la educación. Esto también plantea la cuestión de la autonomía real que esta instancia tendrá del MINED y del mismo gobierno de turno, este tema de la autonomía la ley no lo específica y habrá que monitorear cómo lo plantean quienes están trabajando en la concreción del INFOD. Realizar una propuesta de ley educativa desde una visión particular, que no dio muestras de consulta ni espacios de diálogo con otros actores ni de un marco de análisis de cómo esta propuesta, se insertaría y evitaría duplicar funciones es un poco irresponsable.

El tercer aspecto es que, en el fondo de esta respuesta, hay un supuesto y es que las y los docentes se conciben como el problema, pues frente a la mala calidad educativa del sistema educativo la respuesta es la formación de docentes. Y no es que los problemas de la docencia no existan, sino más bien que se ignora que ellos y ellas también están insertos en una sociedad rota y violenta, en un sistema perverso que no asigna de forma eficiente los recursos, en un sistema en el que la violencia y las amenazas de pandillas son las primeras causas de deserción escolar, un sistema que en el 2016 solo logró capacitar al 36.96% de docentes, un sistema en el que todavía el 4.03% de escuelas no tienen electricidad, solo un 26.75% de las escuelas poseen computadoras y tienen conexión a internet, donde solo alrededor del 20% cuentan con una biblioteca y solo el 14% de escuelas cuentan con salas para las y los docentes, espacios que podrían facilitarles su trabajo de planificación o reflexión entre pares.

Como dije antes que no es mi intención defender que no existen problemas con la docencia, pero no es solo un tema de formación, sino de aspectos estructurales y organizativos de la organización carrera docente como son la distribución de plazas disponibles, los procesos de contratación, la duración de la formación inicial, las condiciones de trabajo (salarios y espacios seguros de trabajo), jornadas laborales, sobrecargas administrativas en detrimento de sus espacios pedagógicos, solo por mencionar algunos temas urgentes de la carrera docente en El Salvador.  Y mientras no se piense también en cómo entrarles a esos temas fundamentales no creo que se vean tantos cambios reflejados en la docencia en el aula y en la escuela.

Ahora, todavía falta elaborar el reglamento del funcionamiento del INFOD y estos meses que faltan para llegar a enero de 2019 representan un momento clave para definir su carácter autónomo, para garantizar que queda libre de influencia o intereses políticos o ideológicos, para garantizar que pueda tener un presupuesto propio y autónomo del MINED. Estos meses representan la oportunidad de poder construir puentes coherentes entre los objetivos del INFOD y los “cómos” se lograrían, también para enmendar lo que no se hizo durante el diseño de la propuesta, son una oportunidad para retomar el diálogo con los involucrados en la formación inicial docente como son las trece instituciones de educación superior encargadas de la formación, las y los docentes, con investigadores, con representantes del MINED, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Y finalmente, estos meses representan un momento oportuno para dar seguimiento a los aspectos que compartí antes, y observar cómo se hará para que esta iniciativa no se quede en un discurso político y retórico más sobre la calidad educativa que habla sobre cómo las y los docentes son los responsables del fracaso del sistema educativo salvadoreño.

[1] Decreto No. 913 de la Asamblea Legislativa

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