Fernando Díaz es un joven historiador que nació después de finalizado el conflicto armado, pero su profesión y haber trabajado en el archivo de Tutela Legal le dio la oportunidad de conocer la historia de la guerra. Es una historia, dice, que va más allá de los bandos y que debe pasar necesariamente por lo que vivieron las víctimas.
Para el departamento de Estado, oficiales como los generales Bustillo y Orlando Zepeda, o los coroneles Inocente Montano y Alfredo Benavides, estuvieron involucrados en la planificación y ejecución de la masacre cometida en la UCA.
Julio César Larrama Barahona es coordinador del Grupo para la Investigación de los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado. Trabaja con cuatro fiscales con quienes investiga 182 casos. Pero para él, el principal problema no es la cantidad de casos, sino las trabas en la obtención de documentos y testimonios.
¿Qué ha hecho El Salvador para sanar a su sociedad de la guerra? En opinión de un psicólogo que trabaja con víctimas del conflicto, el Estado tiene muchas deudas. La principal: una deuda con la memoria de los sobrevivientes, porque se instauró una cultura de amordazar a los que no han podido contar su verdad.
Familiares de las víctimas del Mozote tuvieron que dar nuevas muestras de sangre por el deterioro de las entregadas en 2017. Medicina Legal justifica que las pruebas se deterioraron porque no recibieron orden judicial para procesarlas.
Amanda Castro, hija de madre y padre desaparecidos en el conflicto armado salvadoreño, cuenta cómo se asumió como víctima, y qué ha significado para ella crecer sin reconocimiento y reparación de parte del Estado.
La Asamblea no le alcanzaron 3 años para aprobar una ley de reconciliación nacional. Incumplió por segunda ocasión el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional para dar una respuesta verdadera a las víctimas de la guerra civil salvadoreña.
El diputado de Arena, quien ha participado en la discusión para la nueva ley de reconciliación, se considera víctima porque perdió a varios familiares durante el conflicto armado. Pese a ello, no quiere cárcel para los victimarios.
El subdirector del IDHUCA, Manuel Escalante, habla de justicia y memoria histórica a 30 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. También hace un balance del proceso para aprobar una ley de reconciliación.
El juez de Instrucción considera inaceptable la explicación de que el Ejército salvadoreño inició una guerra contrainsurgente sin tener planes por escrito. Por ha ordenado entregar archivos de El Mozote.
Salvador Sánchez Cerén esperó hasta su último día de Gobierno para crear una comisión que revise los archivos militares de la guerra, pese a que adquirió esa obligación desde 2010.
La Asamblea tiene menos de un mes para aprobar una ley de reconciliación, que reemplace la Ley de Amnistía. La discusión se enfrió en los últimos meses, pero los diputados tomaron una decisión reciente: dejar fuera de la discusión a las víctimas, nuevamente.
La Asamblea Legislativa está obligada a aprobar una ley de reconciliación, que sustituya la Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional, antes del 13 de noviembre de 2019. Los diputados han hecho poco.
Comisionados de la CIDH pidieron al Gobierno de El Salvador acciones concretas para atender a las víctimas del conflicto armado. Las organizaciones señalaron los obstáculos para la reparación y justicia, y los impedimentos para tener acceso a archivos militares sobre la guerra civil.
Inverval SA de CV, inyectada con los millones de Alba Petróleos, financió al presidente Nayib Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y esa empresa, ahora investigada por presunto lavado de dinero, construía residenciales de lujo en ese municipio.
