Teodora Vásquez recobró su libertad después de que la Corte Suprema conmutó su condena por el homicidio de su hija (un parto extrahospitalario), pero el Estado no ha cambiado la sentencia condenatoria emitida en 2008.
En 2015, la Asamblea aprobó un decreto para reformar de la Constitución y exigir que el matrimonio sea solo entre una mujer y un hombre. La Sala ha desmontado esta semana el proceso, pero no ha impedido que pueda volver a darse.
El motivo de la visita de Agnes Callamard es conocer la estrategia de seguridad pública del Estado e indagar a partir de las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad y actores no estatales.
La decisión de la Corte IDH es valiosa, dicen las organizaciones LGTBI salvadoreñas, pero antes que el matrimonio igualitario es más importante la identidad de género, resolver crímenes de odio y evitar ser usados en campaña electoral.
Los policías acusados de implantar marihuana a Daniel Alemán, quien fue absuelto de ese caso en mayo de 2017, fueron liberados por la contradicción de testigos. Alemán sigue detenido por una nueva acusación por extorsión.
El discurso del gobierno durante el año pasado fue claro: la situación de seguridad está mejorando. Pero ese mensaje que desde hace meses se repite entre las autoridades no ha calado en la población, según la encuenta de la UCA.
El juez del caso recomendó a la Fiscalía que inicie una investigación de oficio para demostrar si la Fuerza Armada ha cometido algún delito al ocultar o destruir información de los operativos realizados en Morazán en 1981.
El discurso del presidente Salvador Sánchez Cerén durante su visita al caserío El Mozote obvió el proceso judicial en contra de los militares considerados autores intelectuales de la masacre cometida en esta zona en 1981.
La reciente solicitud de reabrir el Caso Jesuitas en el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, a petición del Idhuca, ha reabierto el debate sobre el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
La directora de programas de Cristosal lo plantea: mientras El Salvador no reconozca el fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia, no se podrá medir su impacto en la sociedad y las víctimas seguirán desprotegidas.
La presión internacional y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional han hecho que, al menos en público, el gobierno cambie su discurso. Ahora dicen reconocer el desplazamiento interno pero lo hacen con matices.
El alto comisionado de las ONU para los derechos humanos ha solicitado la revisión de cada caso judicializado y la liberación inmediata de todas las mujeres condenadas sin haberse cumplido las garantías del debido proceso.
“La reconciliación solo puede darse si se cumple la promesa de justicia”, aseguró Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita a El Salvador.
La segunda temporada de Stranger Things ha decepcionado a algunos fanáticos, es…
El atentado contra la activista hondureña fue planificado cinco meses antes. El informe recabado por el grupo señala a la empresa DESA, que ejecuta el proyecto hidroeléctrico y a las instituciones del Estado que debían protegerla.
