Soldados del batallón Atonal emboscaron a cuatro periodistas holandeses que realizaban un documental sobre las condiciones de vida de las familias salvadoreñas durante la guerra. Holanda aún espera justicia por esos crímenes. Familiares de dos de los periodistas vinieron a El Salvador a pedir que se establezca quiénes fueron los responsables. Sin justicia no hay perdón ni paz, dice la hermana de una de las víctimas.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Los periodistas Koos Kooster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fueron asesinados, junto a cuatro guerrilleros que los acompañaban, el 17 de marzo de 1982 en Chalatenango, durante una emboscada ordenada por el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería en el cuartel de El Paraíso. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, la maniobra fue ejecutada por soldados del batallón Atonal, al mando del sargento Mario Canizales Espinoza.
El equipo de periodistas estaba filmando un documental para IKON, la emisora de la televisión pública holandesa. Todos, excepto el joven Hans, tenían experiencia en América Latina y habían estado anteriormente en El Salvador. Su trabajo en ese momento trataba de retratar la vida cotidiana de dos familias: una en zona bajo control militar y otra en zona dominada por la guerrilla. Pero no pudieron terminar el documental. Fueron atacados mientras se reunían con contactos de la guerrilla en Chalatenango, donde esperaban continuar con las grabaciones. La inteligencia militar ya tenía preparada una emboscada: una pelotón de 25 soldados abrió fuego con fusiles M-16 y ametralladoras M-60, mientras los holandeses y los guerrilleros que los escoltaban atravesaban el campo.
A pocas horas del crimen, José Napoleón Duarte, presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, informó que iniciaría una investigación sobre los hechos. Si embargo, la Fuerza Armada compartió posteriormente un comunicado oficial donde aseguraba que los periodistas habían muerto en un fuego cruzado.
Pero algo no cuadraba con la versión oficial: días antes del crimen se había publicado una foto de los holandeses abandonando las instalaciones de la Policía de Hacienda donde fueron interrogados. En la publicación se incluyó el acta del interrogatorio bajo el título “Periodista extranjero, contacto de Subversivos”. Además, según el informe de la Comisión de la Verdad, en el pie de foto se agregaba que Koster, “fue llamado a declarar (…) por habérsele encontrado parte de sus documentos personales al terrorista Jorge Luis Méndez y un papel donde se identificaba al extranjero como contacto”.
Tras el crimen, la embajada de los Países Bajos (Holanda) comenzó a buscar la verdad y envió una delegación diplomática para realizar entrevistas a los soldados del batallón Atonal, pero el gobierno salvadoreño nunca los autorizó para hablar, según detalla el informe de la Comisión de la Verdad.
Dos años después, en julio de 1984, el caso fue archivado en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, por falta de información para esclarecer los hechos. Tres años después, la jueza Dora del Carmen Gómez de Claros resolvió que debían seguir con las investigaciones, por lo que procedieron a realizar las entrevistas a testigos. Pero al año siguiente, en 1988, el caso volvía a archivarse después de que la jueza huyera del país tras recibir amenazas anónimas.
En marzo de 2018, la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdehu) y la Fundación Comunicándonos presentaron una denuncia penal contra el coronel Mario Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, y contra Francisco Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, como supuestos autores intelectuales. La denuncia fue acompañada el embajador de los Países Bajos en Centroamérica, Peter Derrek Hof.
En junio del año pasado, 30 años después de que se archivara el caso, la Fiscalía General de la República solicitó reabrir el caso. La noticia se conoció durante la segunda audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, cuando el exfiscal general, Douglas Meléndez, presentó un informe de resultados ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esa ley impidió que los 32 casos recogidos por el informe de la Comisión de la Verdad, y cualquier otra denuncia de la época, pudieran ser investigados; o que se pudiera procesar a los autores de los crímenes, como sucedió con otros casos de la época: las masacres de El Mozote y El Calabozo, el caso Jesuitas y el crimen de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
El Grupo contra la Impunidad de la Fiscalía ha retomado la investigación del crimen de los periodistas holandeses, pero a casi un año del anuncio el caso aún no se ha abierto formalmente ni se han señalado a los presuntos autores de la emboscada que ya cumple 37 años en la impunidad.
“Se están entrevistando a muchos testigos, se está recopilando información, cuando ya tengamos sólidos los elementos probatorios vamos a iniciar la acción penal correspondiente, pero yo no puedo precisarle tiempo (…) eso va a depender de cómo se vayan desarrollando las investigaciones”, dijo a Revista Factum el fiscal Julio Larrama, jefe del Grupo contra la Impunidad de la Fiscalía.
Para Pedro Cruz, abogado de Asdehu, el caso pasa actualmente por una “una etapa decisiva” y por eso “ya va siendo necesario que se vaya cerrando la fase de investigación y se presente el requerimiento fiscal”. En ese sentido a Cruz le extraña que la Fiscalía aún no defina bajo qué código procesal solicitará que sea iniciada la acción penal contra los presuntos autores del crimen.
“Cuando declara la Sala inconstitucional la Amnistía y abre la puerta para llevar los casos, los casos que de ese día para atrás ya tenían imputado con nombre y apellido acusados, siguen con esa normativa (Código Procesal Penal de 1973) – menciona Cruz- y los que estaban sin imputado, pues tiene que aplicarle con la nueva”.
Pedro Cruz reconoce el trabajo de los fiscales del Grupo Contra la Impunidad y el acercamiento que han tenido con las víctimas, sin embargo, sospecha que desde las autoridades de la Fiscalía no se esté trabajando de forma ágil mientras la Asamblea plantea el estudio de una ley de reconciliación nacional que, según la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala, debe ser presentada a más tardar en julio de 2019.
“Siempre está el temor por la experiencia acumulada de que al nivel más alto de la Fiscalía no sea genuino el esfuerzo por investigar. (…) Y viendo por otro lado que hay intentos que se han conocido de crear una nueva ley de amnistía, uno hace una lectura completa del cuadro: bueno, puede ser que algunos casos no avancen porque están esperando a que salga una ley”, dice Cruz.
Larrama indicó que actualmente investigan más de 170 casos del periodo del conflicto armado, entre los crímenes históricos y las nuevas denuncias que se han sumado desde 2016. Además, reconoce que uno de los principales obstáculos para investigar los casos es que la Fuerza Armada no quiere entregar información relacionada con los hechos o dice que no cuentan con ella, porque nunca existieron tales registros o porque fueron destruidos. El 85% de los casos investigados por el informe de la Comisión de la Verdad señalan a fuerzas estatales o grupos paramilitares como autores de los crímenes.
Dos hermanos que buscan justicia
Gert Kuiper (derecha) abandona el edificio de la Fiscalía, minutos después de salir de declarar, acompañado de Saskia ter Laag, el 29 de marzo de 2019. Ambos declararon por el caso del asesinato de sus hermanos, periodistas holandes de IKON TV en 1982, a manos del ejército salvadoreño, según el Informe de la Comisión de la Verdad
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
Saskia ter Laag y Gert Kuiper llegaron a El Salvador para conmemorar la muerte de sus hermanos en 1982. Saskia es la hermana menor de Hans, el periodista que fue asesinado en su primera visita a El Salvador. Gert es el hermano menor de Jan y el único sobreviviente de su familia.
Saskia y Gert llegaron a la Fiscalía General de la República el viernes 29 de marzo para presentarse como víctimas en este caso y pedir que se agilice la investigación.
“Hemos esperado por 37 años y ha sido demasiado tiempo para un asesinato. Este es un caso increíble, no solo por los periodistas sino también por los cuatro guerrilleros y los 75,000 salvadoreños asesinados. Sé que el caso fue abierto hace un año, pero no se ha hecho mucho hasta ahora según he sabido. – sostuvo Saskia a la entrada de las oficinas de la Fiscalía en Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán-. Estamos aquí para que avance más rápido, antes que aquellos que son responsables hayan muerto. Es mi primera vez en El Salvador, no estoy aquí de vacaciones, he venido especialmente para venir al juzgado, para la reunión de ahora y para conocer el lugar donde fueron asesinados”.
Mientras las familias de los periodistas y todo un país espera justicia por el crimen, las víctimas permanecen vigilantes de cómo avanza el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía aprobada en 1993, a cinco días de publicarse el informe de la Comisión de la Verdad.
“Sé que en 2016 se derogó la ley de amnistía y ahora están tratando de reinstalar (la), eso es muy peligroso porque entonces podrán continuar haciendo lo que les dé la gana, no será un buen país para vivir así que yo le recomendaría a todo el mundo que dejen el país porque no estarán seguros, y todo el mundo necesita estar seguro en su país”, sostuvo Saskia.
Mientras Holanda espera que se haga justicia por el crimen de los cuatro periodistas, el principal señalado por el crimen, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, vive actualmente en Virginia, Estados Unidos. Así lo recogió el documental A Sangre Fría, del programa Zembla de la televisión holandesa, que dio con su paradero y trató de tener una entrevista con él. Reyes Mena negó la acusación y dijo que el gobierno de Duarte y Estados Unidos ya había investigado el caso y no había encontrado nada en su contra.
Desde El Salvador, Saskia ter Laag fue tajante. Ella seguirá buscando justicia, no descansará hasta que se muera: “nunca olvidaremos, nadie debe olvidar la justicia porque ese no es un buen mundo para vivir. Perdonar es posible, pero yo no perdonaré hasta que alguien sea castigado. Se debe hacer justicia, debe haber un castigo”.
Los periodistas asesinados*
Koos Koster era teólogo y periodista con una larga experiencia en América Latina, donde conoció la situación de los grupos más vulnerables de países en conflicto o bajo dictaduras. Una de las experiencias que más le marcó fue ser testigo de las torturas y desapariciones en el Chile de Pinochet. Allí estuvo detenido en un campo de concentración. Tenía 46 años cuando fue asesinado, era un periodista muy reconocido y admirado en Holanda.
Jan Kuiper era un periodista muy reputado en Holanda por su interés en las violaciones de derechos humanos, al igual que su colega Koos. Estuvo tres veces en El Salvador antes de ser asesinado, unos días antes de cumplir los 40 años. Su hermano Gert es quien ha permitido que el caso sea reabierto en El Salvador, el único de los hermanos sobrevivientes de esta familia. Gert es oficial de programas de ayuda al desarrollo y viaja frecuentemente por Centroamérica
Joop Willemsem era camarógrafo. Había acompañado a Koos para realizar un reportaje del primer aniversario del asesinato de Monseñor Romero, el 21 de marzo de 1981. Tenía 45 años y al terminar su viaje en El Salvador tenía pensado viajar a México donde iba a casarse con su novia, quien lo esperaba en Cuernavaca.
Hans ter Laag, camarógrafo y sonidista, el más joven del equipo. Tenía 25 años y era la primera vez que viajaba a Centroamérica. Su padre era un reconcido fotógrafo y camarógrafo holandés. Su hermana menor, Saskia, ha denunciado el caso y en marzo de 2019 viajó por primera vez a El Salvador para exigir justicia.
*Información extraída del libro “Emboscada. Asesinato y memoria de cuatro periodistas holandeses en El Salvador”, publicado por la Fundación Comunicándonos en marzo de 2019.
Opina