Para el 108 aniversario del Día internacional de la mujer, las y los diputados están en saldo negativo con las niñas y mujeres salvadoreñas. La legislatura saliente no ha aprobado las reformas al artículo 133 del Código Penal que penaliza toda forma de interrupción del embarazo. Es más, el tema fue abordado tan pocas veces en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que pueden contarse con los dedos de una mano (cuatro veces).
Este 8 de marzo debería obligarles a reflexionar una vez más sobre su misión constitucional de garantizar el derecho a la salud y vida de las niñas y mujeres salvadoreñas.
Durante los últimos 20 años, siete legislaturas distintas —y no tan diferentes entre sí, al tomar en cuenta a quienes llevan años ocupando una curul— han sido cómplices y responsables (silenciosos o no) de las muertes maternas que pudieron prevenirse si nuestra legislación no penalizara el aborto terapéutico y el aborto ético. Y no hago referencia solo a estos fallecimientos, sino también a los graves problemas de salud que las mujeres han experimentado por la absoluta penalización de la interrupción del embarazo.
Un caso que no debemos de olvidar nunca es el de Beatriz, a quien en 2013 la Corte Suprema de Justicia no le permitió un aborto terapéutico, pese a que ya se sabía que su bebé vendría al mundo sin cerebro y moriría pronto. Así, Beatriz fue obligada a llevar a término un embarazo que puso en riesgo su vida y salud, pese a que ella y su esposo querían interrumpirlo.
Las cifras del Ministerio de Salud indican que de 2011 a 2015, 36 mujeres fallecieron por complicaciones de enfermedades preexistentes agravadas con el embarazo; 14 por complicaciones relacionadas con el aborto, “probablemente por embarazos no deseados productos de violación”; 42 por suicidio, debido a un embarazo no deseado; y 13 por embarazo ectópico”. Así mismo, 728 niños murieron por malformaciones congénitas incompatibles con la vida y 30 hijos e hijas huérfanos de mujeres fallecidas. Todas estas muertes pudieron evitarse si El Salvador no formara parte, desde 1998, del 3 % de naciones que penaliza toda forma de interrupción del embarazo.
Antes de la reforma de 1997, en nuestro país sí se podía interrumpir el embarazo en las cuatro causales propuestas por Lorena Peña y Jhonny Wright en octubre de 2016 y agosto de 2017, respectivamente. Estas propuestas no han encontrado un diálogo serio, sin prejuicios en la Asamblea Legislativa, pese a que distintas encuestas, como la de Lapop 2016/2017, realizada por Fundaungo, revela que el 54 % de las personas está a favor del aborto cuando la vida de las madres está en riesgo. Así mismo, no ha prestado atención a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en 2007 y 2017 se ha pronunciado para que la Asamblea Legislativa regule soluciones a la colisión de derechos que puedan darse entre la mujer gestante y el nasciturus, dado que los derechos de ninguno deben prevaler sobre los derechos del otro.
El tercer informe de avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaba en 2012 que “el 45 % de las muertes maternas fue por causas directas, principalmente debido a hemorragias (posparto y embarazos ectópicos), infecciones y trastornos hipertensivos del embarazo”. Mientras que de las muertes por causas indirectas, “el 55 %, en particular como consecuencia de envenenamiento, autoinfligido especialmente en adolescentes, y por enfermedades crónicas no transmisibles (entre ellas cáncer, cardiopatía, diabetes y otras) y el sida”.
El suicidio también es “una causa importante de muerte materna”, de acuerdo con este informe:
“El suicidio constituye una importante causa de muerte materna que afecta principalmente a las mujeres adolescentes, por lo que es necesario profundizar acerca de si los embarazos en estas edades es el resultado de un acto de violencia o incesto”.
En el documento se menciona que la penalización de todo tipo de aborto obstaculiza la atención de muchas mujeres embarazadas cuyas vidas están en riesgo. Y establece cómo “otro reto importante es la prevención y la atención de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, dado que muchos de los casos terminan en embarazos no deseados que afectan la salud materna e infantil. En este sentido, es importante la correcta aplicación de los protocolos de atención a mujeres víctimas de violación para asegurar que se les proporcione la anticoncepción de emergencia y prevenir embarazos producto de violaciones”.
En El Salvador no podemos hablar sobre igualdad de género cuando se impide decidir si un embarazo puede ser interrumpido cuando la vida y la salud están en riesgo, cuando el feto no va a sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es producto de violencia sexual. Hoy que conmemoramos 108 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, las y los diputados deben reflexionar sobre la importancia de reformar el Código Penal antes del 30 de abril de 2018.
Siempre me he preguntado si, al ser un Estado laico, ¿cuál es el propósito de reconocer la vida desde el momento de la concepción? Pareciera —no parece, así es— que la religión predomina en las decisiones de la Asamblea Legislativa a la hora de legislar. Sé que estos no son temas electorales; deben de ser temas de políticas públicas, por ello me preocupa más el poder de las personas que profesan una religión en la Asamblea. Sí, una élite religiosa, porque quienes están en contra de la interrupción del embarazo en las cuatro causales no son las familias ni las mujeres de escasos recursos ni las menores de edad víctimas de violencia sexual que tienen pocos grados de educación y/o salen del sistema educativo por su embarazo. Si no me cree, revise los indicadores de prevalencia de embarazos, estudios y violencia sexual en el Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2015 o el Costo económico del embarazo en niñas y adolescentes, ambos estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Esto le permitirá hacerse un perfil de quiénes se ven perjudicadas con esta legislación.
Quienes son “pro-nacimiento” son mujeres y familias de una clase privilegiada en este país. A mí me preocupa una sola muerte de una mujer o menor de edad embarazada, porque estoy convencida de que esa muerte pudo evitarse si no fuéramos parte del 3 % de naciones en el mundo que penaliza toda forma de interrupción del embarazo. Por eso apoyo las cuatro causales. El tiempo se acaba. Espero que la legislatura saliente vote sin prejuicios para que las salvadoreñas tengan acceso a tratamientos avalados científicamente, y para las víctimas de violación, quienes merecen respeto y dignidad. Si no lo hacen, serán recordados y recordadas por esto. Y para la nueva legislatura les aplica el mismo mensaje: ustedes son responsables de cada muerte materna y de cada embarazo producto de violencia sexual. Recuerden que la penalización del aborto es violencia de género de acuerdo con la ONU.
No podemos conmemorar una fecha en la que perdieron la vida 140 mujeres trabajadoras en un incendio en una fábrica textil de Nueva York, cuando la Asamblea Legislativa está en deuda con la vida y salud de las mujeres. Esta fecha no es solo para reivindicar los derechos laborales de las mujeres, en los que también el Gobierno está en números rojos. Es el momento para evaluar las condiciones en las que vivimos las mujeres en cada municipio, en cada departamento, en el país. Este conocimiento nos permitirá exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y para exigir la rendición de cuenta de los avances, logros, retrocesos y retos.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a El Salvador a terminar con la criminalización del aborto: “La liberación de Teodora es una noticia alentadora y la recibimos como una señal positiva. Sin embargo, El Salvador sigue teniendo una deuda pendiente con todas las mujeres en el país: garantizar que ninguna más sea criminalizada y encarcelada por sufrir emergencias obstétricas y abortos espontáneos. En estas situaciones en que una mujer pierde un embarazo involuntariamente, la imposición de estas penas injustas constituye un trato cruel, inhumano y degradante”, de acuerdo con la presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette May Macaulay, quien es la Relatora de País para El Salvador y Relatora de los Derechos de las Mujeres.
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