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Armar a los civiles e invocar al paramilitarismo no son soluciones

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Las viejas ideas que el Estado salvadore√Īo ha vuelto a poner en la mesa para enfrentar la delincuencia y la violencia son malas ideas. P√©simas. Y son viejas: no son m√°s que el reciclaje con tonos populistas de la masticada falacia seg√ļn la cual armar a la poblaci√≥n civil resolver√° de alguna forma los problemas en un pa√≠s donde el Estado de Derecho es cada vez m√°s fr√°gil.

Primero fue el presidente de la Rep√ļblica, a trav√©s de su vocero, quien apoy√≥ la posibilidad de entregar armas de fuego a los civiles que integren los comit√©s de ciudadanos de defensa y, a la par, darles autoridad para usarlas con el fin de ‚Äúmantener seguros‚ÄĚ sus lugares de residencia.

Eugenio Chicas, el vocero presidencial, aclar√≥ que un eventual plan armamentista aplicar√≠a a lugares con bajos √≠ndices delincuenciales para crear ‚Äúcordones sanitarios‚ÄĚ que mantengan a raya a las pandillas. Es decir, la idea es llevar armas ah√≠ donde no las hay; llevar la p√≥lvora a donde a√ļn no hay polvorines.

Luego fue el presidente de la Asamblea, el diputado Guillermo Gallegos de GANA, quien en l√≠nea con formulaciones similares que ya hab√≠a hecho en el pasado, introdujo propuestas de reforma legal para dar vida a lo que √©l llama ‚Äúcuerpo de defensas comunales‚ÄĚ. Las ideas de Gallegos incluyen dar a los grupos civiles permiso para ‚Äúportar de manera permanente sus armas en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de sus vecinos y sus bienes‚Ķ‚ÄĚ

Pero Gallegos fue más allá y, tomándose atribuciones legales que no le corresponden, ayudó a uno de esos grupos vecinales a comprar armas. El diputado no ha aclarado de dónde sacó el dinero para la compra.

Todo esto en un pa√≠s en el que 14 salvadore√Īos han muerto cada d√≠a desde que Salvador S√°nchez Cer√©n es presidente. En un pa√≠s en el que el Estado ha decidido acudir a ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos para combatir la violencia. Un pa√≠s en el que la corrupci√≥n y la debilidad institucional han impedido que instituciones como la Polic√≠a Nacional Civil o la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica asuman, con √©xito y en el marco de la legalidad, las funciones de seguridad p√ļblica que la Constituci√≥n les atribuye.

Hoy, ante la falla sist√©mica, los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo reconocen su incapacidad -qu√© otra cosa sino aceptar el fracaso en sus funciones implica trasladar la responsabilidad constitucional a civiles- y vuelven a la in√ļtil y peligrosa idea de combatir el fuego con f√≥sforos.

Bastaría con que ambos funcionarios levantasen un poco la cabeza para ver alrededor, en el pasado reciente del país o en las lamentables experiencias que en el continente hablan de lo que implica armar a una sociedad o dar carta abierta a grupos de civiles para disparar a mansalva contra cualquier sospechoso. Quizá así entenderían lo absurdo de sus ideas.

Ya en 1994, en los albores del proceso de paz, el entonces viceministro de Seguridad P√ļblica y dirigente arenero Hugo Barrera coquete√≥ con la idea de crear grupos armados vecinales para, dec√≠a, enfrentar los retos de violencia que impondr√≠a la posguerra: crimen organizado, bandas delincuenciales, narcotr√°fico y, s√≠, delincuencia com√ļn, que entonces a√ļn no ten√≠a los apellidos MS13 o Barrio 18.

Hace dos décadas la idea era igual de mala que ahora. Bueno fue que en 1994 la veeduría internacional de la ONU, pero también y sobre todo la sensatez de varios funcionarios del Estado -entre ellos el mismo presidente Armando Calderón Sol y varios diputados del oficialismo y la izquierda moderada- ayudaron a El  Salvador a concluir que aquello no era más que abrir la puerta al paramilitarismo en un país donde más de 70,000 de sus hijos e hijas acababan de morir en el conflicto armado interno.

Ah√≠ est√°, tambi√©n, el ejemplo de Estados Unidos, donde la epidemia de muertes provocada por armas de fuego en manos de civiles no cede. En la Uni√≥n Americana son m√ļltiples los estudios que han demostrado que armar a los civiles no contribuye ni a la reducci√≥n del crimen ni a la defensa de los bienes privados. En 2010, por ejemplo, el acad√©mico Irshad Altheimer de la Universidad de Wayne en Michigan estudi√≥ los datos de varias de las ciudades estadounidenses m√°s violentas y los cruz√≥ con el acceso de los civiles a armas en esos lugares; sus conclusiones: ‚ÄúEl aumento en el acceso a armas‚Ķ aumenta la posibilidad de que se cometan cr√≠menes violentes y de que haya armas involucradas en esos cr√≠menes. Adem√°s, los hallazgos no sugieren que aumentar el acceso a armas reduzca el crimen”.

Uno de los ejemplos más dramáticos de la connivencia estatal con grupos civiles armados es el paramilitarismo colombiano. Las Autodefensas Unidas de Colombia no son más que grupos de ganaderos, hacendados, políticos locales que, con el aval e incluso complicidad del Estado colombiano, se armaron para defenderse de otros grupos armados, como las guerrillas, bandas criminales o narcotraficantes.

Muy pronto, como lo relata la periodista Mar√≠a Teresa Ronderos en su libro ‚ÄúGuerras recicladas‚ÄĚ, el paramilitarismo se convirti√≥ en la m√°s cruel y despiadada de las mafias del crimen organizado colombiano: para financiar sus armas, controlar sus territorios y las actividades econ√≥micas legales e ilegales en sus √°reas de influencia, los ‚Äúparas‚ÄĚ no dudaron en masacrar sin piedad, con sus armas, a quien se les pusiera enfrente.

¬ŅQu√© garant√≠as hay en El Salvador de que una junta de vecinos a los que se les permita armarse so pretexto de detener a las pandillas no se convierta ella misma en el germen de un grupo paramilitar que, aniquilado el primer enemigo, utilice esas armas para delinquir y exterminar al resto de grupos que se le opongan? ¬ŅQu√© garant√≠as en un Estado que se ha mostrado incapaz, siquiera, de controlar el tr√°fico de armas que ocurre desde su propia Fuerza Armada?

El antecedente m√°s cercano en El Salvador es la sombra negra, aquel grupo de vigilantes armados en el oriente de la Rep√ļblica en la que participaron polic√≠as, pol√≠ticos y funcionarios. Luego, algunas de esas personas, funcionarios y polic√≠as terminaron relacionadas con la banda de narcotraficantes Los Perrones.

La soluci√≥n a la violencia pandillera o de cualquier tipo en El Salvador -est√° dicho hasta la saciedad- no llega por atajos populistas. Se anda por el tortuoso camino del fortalecimiento de las instituciones, que empieza por que los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo y sus partidos dejen de votar para encumbrar a funcionarios corruptos en la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica, por ejemplo, o por que la Corte Suprema de Justicia enfrente de una vez y sin componendas la limpieza de los tribunales, o por que la oposici√≥n pol√≠tica encare las cosas con menos oportunismo electoral.

A la violencia y a la delincuencia las enfrenta el Estado, con las herramientas que le otorgan las leyes de la Rep√ļblica, y lo hace desde la probidad y con el bien del com√ļn como finalidad √ļltima. Lo dem√°s es la jungla; lo dem√°s es un Estado fallido.

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