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Armar a los civiles e invocar al paramilitarismo no son soluciones

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Las viejas ideas que el Estado salvadoreテアo ha vuelto a poner en la mesa para enfrentar la delincuencia y la violencia son malas ideas. Pテゥsimas. Y son viejas: no son mテ。s que el reciclaje con tonos populistas de la masticada falacia segテコn la cual armar a la poblaciテウn civil resolverテ。 de alguna forma los problemas en un paテュs donde el Estado de Derecho es cada vez mテ。s frテ。gil.

Primero fue el presidente de la Repテコblica, a travテゥs de su vocero, quien apoyテウ la posibilidad de entregar armas de fuego a los civiles que integren los comitテゥs de ciudadanos de defensa y, a la par, darles autoridad para usarlas con el fin de 窶徇antener seguros窶 sus lugares de residencia.

Eugenio Chicas, el vocero presidencial, aclarテウ que un eventual plan armamentista aplicarテュa a lugares con bajos テュndices delincuenciales para crear 窶彡ordones sanitarios窶 que mantengan a raya a las pandillas. Es decir, la idea es llevar armas ahテュ donde no las hay; llevar la pテウlvora a donde aテコn no hay polvorines.

Luego fue el presidente de la Asamblea, el diputado Guillermo Gallegos de GANA, quien en lテュnea con formulaciones similares que ya habテュa hecho en el pasado, introdujo propuestas de reforma legal para dar vida a lo que テゥl llama 窶彡uerpo de defensas comunales窶. Las ideas de Gallegos incluyen dar a los grupos civiles permiso para 窶徘ortar de manera permanente sus armas en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de sus vecinos y sus bienes窶ヲ窶

Pero Gallegos fue mテ。s allテ。 y, tomテ。ndose atribuciones legales que no le corresponden, ayudテウ a uno de esos grupos vecinales a comprar armas. El diputado no ha aclarado de dテウnde sacテウ el dinero para la compra.

Todo esto en un paテュs en el que 14 salvadoreテアos han muerto cada dテュa desde que Salvador Sテ。nchez Cerテゥn es presidente. En un paテュs en el que el Estado ha decidido acudir a ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos para combatir la violencia. Un paテュs en el que la corrupciテウn y la debilidad institucional han impedido que instituciones como la Policテュa Nacional Civil o la Fiscalテュa General de la Repテコblica asuman, con テゥxito y en el marco de la legalidad, las funciones de seguridad pテコblica que la Constituciテウn les atribuye.

Hoy, ante la falla sistテゥmica, los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo reconocen su incapacidad -quテゥ otra cosa sino aceptar el fracaso en sus funciones implica trasladar la responsabilidad constitucional a civiles- y vuelven a la inテコtil y peligrosa idea de combatir el fuego con fテウsforos.

Bastarテュa con que ambos funcionarios levantasen un poco la cabeza para ver alrededor, en el pasado reciente del paテュs o en las lamentables experiencias que en el continente hablan de lo que implica armar a una sociedad o dar carta abierta a grupos de civiles para disparar a mansalva contra cualquier sospechoso. Quizテ。 asテュ entenderテュan lo absurdo de sus ideas.

Ya en 1994, en los albores del proceso de paz, el entonces viceministro de Seguridad Pテコblica y dirigente arenero Hugo Barrera coqueteテウ con la idea de crear grupos armados vecinales para, decテュa, enfrentar los retos de violencia que impondrテュa la posguerra: crimen organizado, bandas delincuenciales, narcotrテ。fico y, sテュ, delincuencia comテコn, que entonces aテコn no tenテュa los apellidos MS13 o Barrio 18.

Hace dos dテゥcadas la idea era igual de mala que ahora. Bueno fue que en 1994 la veedurテュa internacional de la ONU, pero tambiテゥn y sobre todo la sensatez de varios funcionarios del Estado -entre ellos el mismo presidente Armando Calderテウn Sol y varios diputados del oficialismo y la izquierda moderada- ayudaron a El ツSalvador a concluir que aquello no era mテ。s que abrir la puerta al paramilitarismo en un paテュs donde mテ。s de 70,000 de sus hijos e hijas acababan de morir en el conflicto armado interno.

Ahテュ estテ。, tambiテゥn, el ejemplo de Estados Unidos, donde la epidemia de muertes provocada por armas de fuego en manos de civiles no cede. En la Uniテウn Americana son mテコltiples los estudios que han demostrado que armar a los civiles no contribuye ni a la reducciテウn del crimen ni a la defensa de los bienes privados. En 2010, por ejemplo, el acadテゥmico Irshad Altheimer de la Universidad de Wayne en Michigan estudiテウ los datos de varias de las ciudades estadounidenses mテ。s violentas y los cruzテウ con el acceso de los civiles a armas en esos lugares; sus conclusiones: 窶廢l aumento en el acceso a armas窶ヲ aumenta la posibilidad de que se cometan crテュmenes violentes y de que haya armas involucradas en esos crテュmenes. Ademテ。s, los hallazgos no sugieren que aumentar el acceso a armas reduzca el crimen”.

Uno de los ejemplos mテ。s dramテ。ticos de la connivencia estatal con grupos civiles armados es el paramilitarismo colombiano. Las Autodefensas Unidas de Colombia no son mテ。s que grupos de ganaderos, hacendados, polテュticos locales que, con el aval e incluso complicidad del Estado colombiano, se armaron para defenderse de otros grupos armados, como las guerrillas, bandas criminales o narcotraficantes.

Muy pronto, como lo relata la periodista Marテュa Teresa Ronderos en su libro 窶廨uerras recicladas窶, el paramilitarismo se convirtiテウ en la mテ。s cruel y despiadada de las mafias del crimen organizado colombiano: para financiar sus armas, controlar sus territorios y las actividades econテウmicas legales e ilegales en sus テ。reas de influencia, los 窶徘aras窶 no dudaron en masacrar sin piedad, con sus armas, a quien se les pusiera enfrente.

ツソQuテゥ garantテュas hay en El Salvador de que una junta de vecinos a los que se les permita armarse so pretexto de detener a las pandillas no se convierta ella misma en el germen de un grupo paramilitar que, aniquilado el primer enemigo, utilice esas armas para delinquir y exterminar al resto de grupos que se le opongan? ツソQuテゥ garantテュas en un Estado que se ha mostrado incapaz, siquiera, de controlar el trテ。fico de armas que ocurre desde su propia Fuerza Armada?

El antecedente mテ。s cercano en El Salvador es la sombra negra, aquel grupo de vigilantes armados en el oriente de la Repテコblica en la que participaron policテュas, polテュticos y funcionarios. Luego, algunas de esas personas, funcionarios y policテュas terminaron relacionadas con la banda de narcotraficantes Los Perrones.

La soluciテウn a la violencia pandillera o de cualquier tipo en El Salvador -estテ。 dicho hasta la saciedad- no llega por atajos populistas. Se anda por el tortuoso camino del fortalecimiento de las instituciones, que empieza por que los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo y sus partidos dejen de votar para encumbrar a funcionarios corruptos en la Fiscalテュa General de la Repテコblica, por ejemplo, o por que la Corte Suprema de Justicia enfrente de una vez y sin componendas la limpieza de los tribunales, o por que la oposiciテウn polテュtica encare las cosas con menos oportunismo electoral.

A la violencia y a la delincuencia las enfrenta el Estado, con las herramientas que le otorgan las leyes de la Repテコblica, y lo hace desde la probidad y con el bien del comテコn como finalidad テコltima. Lo demテ。s es la jungla; lo demテ。s es un Estado fallido.

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