Ante los embates de Enrique Rais

El pasado lunes 16 de mayo de 2016, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, apoderado del señor Enrique Rais, mandó una nota a dos de mis buzones electrónicos en la que me pedía otorgar a su cliente derecho de rectificación y respuesta por la nota titulada “Condado de Florida pide incautar aviones de Enrique Rais tras detectar rastros de narcóticos”, de la cual soy coautor y que Revista Factum publicó el pasado 26 de abril. Además de la misiva de Gutiérrez Ayala, Rais envió a otro de sus abogados al domicilio de mi madre en San Salvador para entregar copia de la misma nota en persona.

Estas acciones del empresario y sus abogados siguen a una serie de campos pagados publicados en medios de prensa escrita y televisiva en los que cuestionan mi trabajo y el de Factum. No me referiré al contenido de esas comunicaciones porque las sigo entendiendo como un intento de Rais por desviar la atención de lo que sí es de interés público en su caso: los duros cuestionamientos que le han hecho la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, en inglés) y el alguacil del Condado de Martin, en Florida; su relación con el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, y con otros funcionarios y ex funcionarios públicos; o los recientes reveses judiciales que ha sufrido en El Salvador. Por respeto a los lectores y en honor la verdad consideré necesario aclarar algunas cosas al abogado Gutiérrez Ayala en la carta que reproduzco en esta columna.

También anexo dos vídeos. Uno es un campo pagado por Rais transmitido en dos canales de televisión salvadoreños, el 12 y el 33, en los que, en su afán por ocultar el fondo de sus problemas con la ley, usa brevísimos fragmentos de una entrevista que sostuve con el periodista Rafael Domínguez sobre el caso de los aviones incautados en Florida.

Vídeo manipulado por Enrique Rais para sus campos pagados.

En ese campo pagado Rais dice que me retracto de mis investigaciones. Como le respondí al abogado: No, no me retracto; de hecho, mi entrevista con Domínguez sirvió para ampliar detalles de esa publicación, cuya esencia es que la DEA declaró a Rais “objetivo principal” de una investigación que sirvió al alguacil del Condado de Martin para pedir que incaute los aviones porque ahí dos perros antinarcóticos encontraron rastros de droga. Y para que quede claro a los lectores, añado el segundo vídeo, que es la entrevista completa con Rafael Domínguez. Creo que al ver ambos vídeos, el de la manipulación hecha por Rais y el de mi entrevista completa, quedan pocas dudas sobre el alcance de la investigación periodística.

Entrevista completa con el periodista Rafael Domínguez, realizada el pasado 3 de mayo para el programa “Así estamos”.

Entiendo todas estas acciones de Enrique Rais y sus abogados como lo que son: intentos de intimidación, acoso judicial y personal. ¿De qué otra manera se pueden leer recurrentes campos pagados en los periódicos, un vídeo tergiversado que llegó a transmitirse como campo pagado hasta tres veces en 18 minutos o que un abogado de Rais haya realizado al menos dos visitas al domicilio de mi madre en San Salvador?

Y entiendo todas estas acciones como un atentado a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo en El Salvador en el mismo sentido en que lo señaló hace poco la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), que en un comunicado publicado el pasado 4 de mayo, a propósito de lo actuado por Rais y sus empleados, dice: “No cabe duda de que, en este caso, la demanda judicial y las acciones relacionadas tienen un efecto negativo sobre el periodismo investigativo. Esto es preocupante, no sólo para Silva y su familia, sino también porque el periodismo investigativo ha demostrado, en Centroamérica y en otras partes del mundo, ser una herramienta importante para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, y, a la larga, para la consolidación de la democracia.”

En la respuesta que envié al abogado Gutiérrez Ayala, por consiguiente, copio a diversas asociaciones e instituciones nacionales y extranjeras que velan por el derecho que tenemos los periodistas al libre ejercicio de nuestra profesión.

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Aquí mi respuesta al abogado de Enrique Rais:

Enrique Rais (izquierda) y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala (al centro con un a agenda en la mano) en los tribunales de San Salvador. Foto de Salvador Meléndez.

Washington, DC, 19 de mayo de 2016

Estimado Licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.

Reciba por este medio mi respuesta a la comunicación firmada por usted el día 16 de mayo de 2016 y enviada a dos de mis buzones electrónicos el día 17 de mayo de 2016.

En dicha comunicación usted, en nombre de su poderdante José Aquiles Enrique Rais López, me solicita concederle en Revista Factum, publicación electrónica de la que soy Co-Director, derecho de respuesta por el artículo titulado “Condado de Florida pide incautar aviones de José Enrique Rais tras detectar rastros de narcóticos”, publicado en la revista el 26 de abril de 2016.

No me referiré en esta respuesta a su comunicación a los juicios de valor por usted emitidos en torno al trabajo periodístico en mención y/o a mi trabajo en general, por considerar que son solo eso: valoraciones subjetivas ajenas a la realidad. Si me permito, empero, aclararle que la investigación a la que usted se refiere está basada en documentos públicos cuya autoría es atribuible a autoridades federales de los Estados Unidos de América, como la Agencia de Control Antidrogas (DEA, en inglés), uno de cuyos agentes firma un documento legal anexo a un proceso judicial interpuesto por al alguacil del condado de Martin ante un tribunal de esa localidad. En ese último documento, el agente citado asegura, literalmente, que José Enrique Rais “ha sido designado como objetivo prioritario de la DEA desde el inicio de esta investigación.”

Usted refiere en su escrito, además, que yo he intentado retractarme de lo publicado a través de una entrevista vía Skype que otorgué al periodista salvadoreño Rafael Domínguez, y ofrece el link a un vídeo posteado en el sitio YouTube. Si usted tiene a bien observar la entrevista completa que otorgué al periodista Domínguez se dará cuenta de que en ningún momento en esa conversación me retracto de la investigación publicada, es más, reitero los hallazgos de la misma y los señalamientos contra su poderdante. Le reitero: no me he retractado de lo publicado en Factum el 26 de abril de 2016. Usted, en la comunicación a la que se refiere esta misiva, y su cliente en diversos medios de comunicación en El Salvador han dicho que yo me retracté por decir en el citado programa televisivo que el proceso contra su cliente en Estados Unidos era de índole civil cuando yo había escrito en Factum que era de índole criminal. Le invito a releer lo publicado: en ningún momento en el texto se habla de una investigación o proceso de tipo criminal; se habla de una investigación en el marco de la cual la DEA y el FBI han encontrado indicios de actos ilícitos cometidos por su poderdante. ¿Entiende la diferencia?

Omiten usted y su poderdante, en su escrito del 16 de mayo, decir que Revista Factum, a través de mi persona, les ofreció derecho previo de rectificación y respuesta al escribirles un correo electrónico ofreciendo una entrevista a su poderdante para hablar de los señalamientos hechos por la DEA y el alguacil del condado de Martin. Usted, en nombre de su poderdante, se negó a esa entrevista. También respondió al correo una persona de nombre Jonathan David, quien se identificó como abogado del señor Rais. Le copio aquí los párrafos de la publicación de Factum.

“Factum escribió a Enrique Rais un correo electrónico el domingo 24 de abril de 2016 en el que pedía sus comentarios o reacciones al documento introducido por la oficina del alguacil Snyder a la corte del condado Martin, así como a los señalamientos hechos por la DEA en esa petición legal. El mismo domingo contestaron los abogados Jonathan David, basado en Miami y quien se presentó como representante de Rais y la compañía Rais Group Internacional, y el abogado salvadoreño Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, uno de los apoderados de Rais en El Salvador.

‘En relación a los hechos… el decomiso de la aeronave por el alguacil del condado Martin estuvo basada en el alegato de irregularidades en el registro de la misma, por la documentación presentada a la corte para pedir permiso de entrar a las instalaciones, y una audiencia preliminar –incluso para determinar si hay causa probable para las acciones del condado– aún no ha ocurrido. Es decir, no ha habido determinación judicial de ningún hecho ni nada parecido. La única base para las acciones del condado son tips de fuentes no confiables… Una barrida exhaustiva fue realizada por las autoridades y no se encontró nada incriminatorio… Para ser aún más claros: ni el Grupo Rais ni José Enrique Rais ni ninguno de sus asociados ha cometido crimen alguno, y por lo tanto niegan cualquier alegato al respecto…’, escribió el abogado David, quien de acuerdo a los récords públicos de la corte del condado Martin no se ha presentado todavía como parte en el caso abierto por la petición del alguacil Snyder”.

Como supongo usted sabrá, la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta emitida por la Asamblea Legislativa el 4 de septiembre de 2013, y aplicable para la tramitación del derecho de rectificación y respuesta, establece en su artículo 5º, literal d, que “no habrá lugar al derecho de rectificación o respuesta… Cuando el medio de comunicación, por propia iniciativa, haya concedido al interesado la rectificación o respuesta, sin necesidad que éste la hubiere solicitado, cumpliendo con las condiciones y en los términos que establece esta ley.” Esto último es precisamente lo que Revista Factum hizo cuando ofreció a su poderdante, previo a la publicación del 26 de abril de 2016, una entrevista para hablar de los señalamientos hechos por la DEA en su contra.

Entiendo que mi persona y Revista Factum cumplieron entonces con las obligaciones exigidas por la ley y por el método y ética periodísticos en este caso, por lo que doy por zanjada la petición hecha por usted en nombre de su poderdante y entenderé futuras comunicaciones, declaraciones públicas o acciones judiciales hechas por su poderdante en torno a este tema como acciones de acoso en perjuicio de mi integridad personal y de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, ambos derechos consagrados en nuestras leyes primarias.

Atentamente,

Héctor Silva Ávalos

Periodista

Co-Director Revista Factum

Editor-at-large Insight Crime

Investigador Asociado, Centro de Estudios Latinoamericanos, American University.

CC.

Serafín Valencia

Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador

Edison Lanza Robatto

Relator Especial para la Libertad de Expresión

Comisión Interamericana de Derechos Humanos