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Aborto: entre la despenalización por causales y el derecho a decidir

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Fernando, he leído su articulo “Ha de ser jodido abortar” y me ha parecido claro, valiente, directo y apegado a la realidad que vive la ciudadanía salvadoreña. Es realmente triste ver cómo la clase política margina esta problemática o la utiliza  a favor o en contra según intereses electorales, pero no se compromete, de verdad, para crear un marco legal que regule y garantice derechos de mujeres, niñas y personal de salud. No importó que la Sala de lo Constitucional, en su resolución 18-98, le dijera a la Asamblea Legislativa que se debía regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre, por lo que resultaba ineludible arbitrar una solución normativa para resolver los casos concretos que puedan acontecer. Diez años después de esta sentencia, nuestros legisladores siguen sin debatir ni resolver, a pesar de las propuestas de despenalización por causales presentadas por la diputada Lorena Peña y otros diputados del FMLN, como también la presentada porJohnny Wright Sol, exdiputado de ARENA, quienes finalizaron la legislatura anterior sin debatirse en Comisión a pesar de que recibieron una gran cantidad de aportes y opiniones informadas para enriquecerlas.

Como ve, desde mi condición de hombre también me atrevo a opinar, pues son realidades que, como ciudadanía, debemos asumir y colaborar en su solución. Al final de su artículo, usted señala que la movilización de las mujeres realizada este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, al poner como reivindicación central “Decidir es mi derecho”, parecían entrar en contradicción con la demanda de despenalización por cuatro causales que durante los dos últimos años ha centrado la lucha del movimiento de mujeres y feminista. Me atrevo a pensar que no es contradictorio, pues en este momento a las mujeres y niñas no se les deja ninguna posibilidad de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, aunque este ponga en riesgo su vida, sea inviable o producto de abuso o violación. Poder hacerlo en alguna de esas cuatro causales ya supondría  una cierta posibilidad, aunque limitada,  de ejercer el derecho a decidir. Y eso se refleja en la Carta de Demandas que presentaron a los candidatos presidenciales en la que, conscientes de nuestra realidad política, piden cuestiones muy básicas como presupuesto para implementar la Política de Salud Sexual y reproductiva del MINSAL; que se retome en la Asamblea Legislativa el debate por la despenalización por causales; Educación Sexual científica y libre de estereotipos; el cese de la denuncia de mujeres jóvenes que llegan a los hospitales públicos con problemas obstétricos; que se garantice el derecho a defender derechos, entre otras. Como se ve, lo más básico de exigir en una sociedad democrática.

Sin embargo, es lógico que las mujeres –muchas de ellas jóvenes– que se manifestaron el 28 de septiembre se sintieran parte de una creciente marea latinoamericana y mundial de reivindicaciones feministas. El movimiento es plural y en él conviven diversas sensibilidades y estrategias. Es normal que en el debate por una legislación sobre el aborto, de la misma manera que existen sectores contrarios a todo derecho que promueven la prohibición absoluta, incluso ante las situaciones más dramáticas, existan también mujeres y jóvenes que quisieran una legislación que sacara el aborto del Código Penal y lo abordara como una problemática de salud pública o de reconocimiento de derechos. El reto es construir un consenso básico, que pueda ser aceptado por el conjunto de la sociedad, que nos permita salir del pequeño grupo de países en los que mujeres y niñas sufren la imposición desde el Estado de continuar embarazos que ponen en riesgo su salud, su vida y su dignidad. Como bien dice en su artículo, necesitamos un debate sereno e informado en el que mujeres y hombres aportemos a la solución. Lo que no es admisible es que la clase política y la ciudadanía nos quedemos callados e ignoremos esta problemática.


*Alberto Romero de Urbiztondo forma parte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Leyó la columna de opinión de Fernando Romero y solicitó el espacio para exponer su punto de vista. Revista Factum concedió la petición. El autor es el responsable de los conceptos vertidos y no necesariamente representan la posición editorial de Revista Factum. Puede contactarse al autor escribiéndole a su correo personal o a su cuenta de Twitter.

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