¿A quiénes armamos?

Está claro que esta batalla por el amor, después de repasar las estadísticas de 2015 y de los pocos meses de 2016, necesitaba de medidas diferentes. El trigésimo intento de bloquear la señal de la telefonía celular e internet cerca de las cárceles, dada la escasa colaboración del poco corrupto personal de Centros Penales; el publicitado traslado en calzoncillos de los pandilleros de Barrios y Cojute a Quezalte y de Quezalte a Zacate; o la liberación de responsabilidad para aquellos policías que participen en ejecuciones (o enfrentamientos, perdón), no han sido suficientes.

Consciente de ello, el diputado Guillermo Gallegos ha echado mano de ese imaginario tan suyo y ha lanzado una innovadora propuesta para volver a El Salvador un lugar seguro y justo.

Dejemos que él lo explique.

Ellos o nosotros. Es decir, los malos o los ciudadanos de bien. Los honrados con armas, como le gustaba decir a  Rodrigo Ávila. La propuesta pasa por la creación de lo que ha llamado las Defensas Comunales, grupos civiles armados que buscan ser un cordón de seguridad en las colonias, apoyo a la policía y al ejército, y, de paso, juzgados populares.

Gallegos lo ha pensado todo, incluso en descongestionar el sistema judicial con juicios y condenas exprés. Y eso que la Fiscalía lleva ante tribunales menos del 5% de las investigaciones de homicidio.

Aupado por el exitoso programa “un niño, una computadora”, el gobierno central ha informado que estudia si otorga armas o no a estos grupos civiles. Aún no lo sabemos, pero seguramente los policías que hace un par de meses se quejaron públicamente por los salarios de hambre, los agujeros en las botas y las dos balas que cargan en las pistolas se sentirán aliviados por el apoyo.

Antes era más fácil distinguir a los buenos de los malos, pero con la popularización de los tatuajes, y la manía de algunos pandilleros de ya no mancharse la piel, es necesario pensar en nuevas maneras para segregarnos. Y armarnos. Como no podemos poner un código de barras a todos los que salen de las marginales (por problemas presupuestarios más que por el escándalo), no nos quedará más que creer en la honradez profesa de los ciudadanos de bien.

Ahora la gran pregunta es, ¿a quién armamos?

La primera opción, desde luego, pasa por los grupos ya organizados. Estos héroes de Ilopango, por ejemplo, se hubieran ahorrado la gasolina de la lancha si tuvieran una 352.

Después están los entusiastas que comentan todas las notas de homicidios (deberían premiarlos por la perseverancia), en especial cuando los muertos son lo contrario de los ciudadanos de bien. Los armamos para que salgan de la comodidad de las redes sociales.

¿Se imaginan lo placentero que será el desayuno de Erika cuando sea ella misma la que jale el gatillo?

Luego están los empleados de algunos medios de comunicación, una solución en pro de la ubicuidad y la inmediatez máxima para sus inspiradores titulares.  Un disparo, un tuit.

Por último, y no menos importante, esta podría ser una solución para un problema histórico. Con la certeza de que todos los partidos han negociado con las pandillas, armar a los ciudadanos de bien nos garantizaría el fin de la polarización.

De este lado…

Y del otro…

Supongo que la propuesta de las Defensas Comunales tendrá detractores, inconscientes que apelarán por los derechos humanos, el Estado de Derecho y toda esas fantasías que solo existen en las leyes. Les digo una cosa: no queremos ser Noruega; nos gusta esta selva. Todos podemos soportar un poco más de sangre si lo que está en juego es la anhelada paz. Además, como diría el VP Ortiz, ¿qué tiene de ilegal eso, pues?