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¿A dónde vas Nicaragua?

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Con más de 300 muertos en los últimos tres meses, la crisis nicaragüense se debate entre dos posiciones radicales, al parecer sin puntos medios, donde en un extremo está el gobierno y quienes los apoyan pretendiendo recuperar la Nicaragua que tenían antes del 18 de abril, y en el otro, quienes protestan, queriendo ver salir de la presidencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposados y rumbo a la cárcel por estos crímenes.

Foto FACTUM/cortesía de La Prensa/Nicaragua/ Jader Flores


Hasta antes del pasado 18 de abril, Daniel Ortega había gobernado durante once años con los poderes soñados de un dictador: controlaba todas las instituciones del Estado, diseñó una oposición colaboracionista, se alió con el gran capital, subordinó a la Policía y al Ejército, y ejecutaba con cierta periodicidad elecciones en las cuales un tribunal electoral controlado por él le asignaba los votos que solicitara.

Las encuestas le otorgaron durante este tiempo entre el 60 y 70 por ciento de las simpatías de la población. Las protestas generalmente no pasaban de conatos, porque eran reprimidas violentamente desde su origen por grupos de choque entrenados y dispuestos para este propósito. Toda esta maquinaria de poder era aceitada con los recursos del Estado y por unos 500 millones de dólares aproximadamente que llegaban cada año de la cooperación petrolera venezolana.

El día del cambio

A partir del 18 de abril Nicaragua cambió radicalmente. Comenzó con una protesta pacífica contra unas reformas a la seguridad social que recibió el mismo tratamiento de siempre: garrotazos de la Policía y los grupos de choque. La diferencia fue, esta vez, que la protesta no se disolvió. Al contrario, se multiplicó.

El gobierno respondió con más represión, incluyendo balas vivas contra los manifestantes. A los primeros muertos, Nicaragua se insurreccionó. Comenzaron a levantarse barricadas en los barrios y ciudades, y el tema de la protesta evolucionó del malestar por la reforma a la Seguridad Social a pedir la renuncia y rendición de cuentas ante la justicia de Daniel Ortega y todos los implicados en los crímenes.

El pasado 11 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dibujó un retrato funesto ante Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el avance de la crisis humanitaria en Nicaragua: 264 muertos a esa fecha (ya van más de 300), 1,800 heridos y la ejecución de las llamadas “operaciones limpieza” del gobierno, mediante las cuales, con elementos paramilitares, desmontó violentamente los cerca de cien tranques que los protestantes habían colocado en todo el país. Solo en esos primeros diez días de julio habían muerto 20 personas y otras 160 habían sido detenidas en esos operativos, según la CIDH.

“Volver a la Nicaragua de antes del 18 abril es absolutamente imposible”, dice rotundo Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, premio Cervantes 2017, y quien fuera vicepresidente durante el mandato de Daniel Ortega de 1984-1990.

Elecciones adelantadas

Para Ramírez la situación en Nicaragua es cambiante, a tal punto que nadie puede predecir cómo evolucionará o qué solución tendrá. Hasta hace 15 días la salida a la crisis parecía ser la realización de elecciones adelantadas. Lo propuso la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que sirve de mediadora y testigo en el Diálogo Nacional que sostienen el Gobierno y la Alianza  Cívica, en representación de quienes protestan contra Ortega.

El adelanto de las elecciones tenía hasta fecha: 31 de marzo de 2019. Daniel Ortega nunca las aceptó en público, aunque tampoco rechazó la idea cuando se mencionaba. Se aseguraba que había aceptado la propuesta en pláticas con personeros del Senado y Gobierno de Estados Unidos que llegaron a Managua en busca de una solución a la crisis. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también propuso un calendario para esas elecciones adelantadas: “Marzo de 2019, mínimo; y agosto de 2019, máximo”.

Sin embargo, el sábado 7 de julio, ante una muchedumbre de simpatizantes, Ortega descartó sorpresivamente la idea y se fue a un extremo ya superado. “Ya habrá tiempo, tal como manda la ley, habrá tiempo para elecciones. Todo tiene su tiempo”, dijo Daniel Ortega.

A Ramírez, que lo conoce bien porque trabajó con él durante una década, le pareció extraño que Ortega hubiese aceptado salir del juego y adelantar elecciones. “Reconocer que aceptaba un calendario electoral era su destronamiento total”, dice Ramírez.  “Era una especie de harakiri”. Si Ortega aceptó, calcula Ramírez, fue porque hubo una crisis de fuerza, y los paramilitares y la Policía estaban rebasados. Luego se inventó lo que Sergio Ramírez llama “su ISIS”, cree haber retomado la iniciativa, y cambió de opinión. “Retomó la iniciativa táctica porque la estratégica la perdió. Es un tiro al codillo. Puede correr pero va pegado”, dice.

Los paramilitares

“La ISIS”, a la que se refiere Ramírez, es la evolución de los grupos de choque del régimen que pasaron de turbas garroteadoras que vestían camisetas del Frente Sandinista a paramilitares encapuchados que se movilizan en caravanas de muerte con hasta 50 camionetas, a semejanza de las terribles huestes del Estado Islámico en Medio Oriente. Ortega depositó la seguridad de su régimen en unos dos mil hombres, generalmente exmilitares y policías, armados con fusiles de guerra, ametralladoras de grueso calibre y lanzacohetes RPG7. “Pudo quitar los tranques de una forma agresiva y desproporcionada, pero a un costo tal que daña su capacidad estratégica. Es un costo suicida”, dice Ramírez.

Daniel Ortega ha tenido que recurrir a un ejército de paramilitares reprimir a sangre y fuego las protestas ciudadanas. Foto Cortesía/Nicaragua

El analista político y sociólogo, Oscar René Vargas Escobar, considera que se han establecido tres escenarios para una salida en Nicaragua:

  1. Ortega se queda se queda al costo que sea. Implica muchos muertos, presos, heridos y el hundimiento de la economía e incremento de la pobreza y desempleo, en correspondencia a una lapidaria frase del difunto comandante Tomás Borge: “Podemos pagar cualquier precio, lo único que no podemos es perder el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. El precio más elevado sería perder el poder”, dijo Borge.
  2. Salida suave. Las elecciones se adelantan y Ortega se queda en el país con garantías. Este es el escenario que parece haber caído con la decisión de Ortega de llegar hasta las elecciones del 2021, y con la demanda de la población que pague por sus crímenes.
  3. Un gobierno de transición. Este escenario luce imposible que salga ya de una mesa de negociación desde que Ortega decidió incrementar la represión y  formar su ejército de paramilitares. Sin embargo, hay sectores sociales que trabajan en una alternativa así, ante la posibilidad de lo que Vargas llama “una salida en caliente”.

Guerra civil

El fantasma de la guerra civil amenaza de nuevo a Nicaragua. La CIDH ha denunciado en todos sus informes “el desproporcionado uso de la fuerza para reprimir la protesta”. No es un enfrentamiento de iguales. De un lado está el régimen atacando con modernas armas de guerras, francotiradores incluidos, y del otro ciudadanos defendiendo sus vidas con armas primitivas como piedras, tiradoras o morteros artesanales.

Los números que presentó recientemente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) retratan una masacre: de los 309 muertos que contabilizaba hasta el 2 de julio, 253 murieron por heridas de armas de fuego, y de estos 127 murieron de disparos certeros a la cabeza, cuello y tórax. “Hay una decisión de asesinar, de matar. Existe armamento con capacidad para llevar a cabo esa voluntad política de asesinar. Hay gente preparada para hacerlo”, dijo a La Prensa el exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam.

Sergio Ramírez reconoce que la guerra civil en Nicaragua es un riesgo vivo. “Se ha evitado milagrosamente y yo quisiera que ese milagro siga ocurriendo porque aquí la gente ha dado el pecho. Habrá habido excepciones, porque hay policías muertos. No quisiera yo que volviéramos a la maldición de una guerra civil, porque en una guerra civil ya nadie sabe qué va a pasar ni cuáles serán los resultados. Una guerra civil te puede desencadenar desde que haya una intervención militar extranjera hasta que salga otro caudillo triunfante”.

Henry Ruiz, uno de los todopoderosos nueve comandantes de la Dirección Nacional sandinista de los años 80 y ahora crítico de Ortega, también pide evitar una guerra civil. “Aquí tiene que ser uno muy serio, muy sereno”, dice. “Esto es un nuevo pensamiento político que nace de la contradicción en este país. Por eso es que esta estrategia (la pacífica) no se puede alterar de la noche a la mañana, aunque nos estén apaleando”.

Ruiz acusa al Ejército de estar “deslizándose en contra del pueblo”. Hasta ahora, oficialmente, el Ejército de Nicaragua se ha mantenido al margen del conflicto, aunque frecuentemente hay denuncias de involucramiento, ya sea armando a los paramilitares o ya sea con algunos de sus miembros participando bajo el anonimato de la capucha en este ejército irregular que actúa en complicidad con la Policía y al margen de la ley. La vocería del Ejército ha desmentido en comunicados estas acusaciones con la reiterada frase de “decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos” en alusión a la promesa de no participar en la represión que hizo su jefatura al inicio del conflicto.

Ruiz, que aplaudió en su momento la decisión de Ejército de quedarse en sus cuarteles, cree ahora que “debe poner los puntos sobre las íes”. “No pueden cerrar los ojos. Ellos son los que pueden salvar esta situación a la que nos está llevando Daniel Ortega”, dice en alusión a las masacres perpetradas por los grupos paramilitares. “Tienen que acabar con esos grupos paramilitares, estén quienes estén. Al costo que sea. Porque si eso queda no se va a poder gobernar. Nadie va a poder gobernar. Porque esos grupos se van a vincular al narcotráfico. Las experiencias son México y Colombia”.

Sergio Ramírez considera que Ortega “ya quemó sus naves”. “Golpear a los obispos, saquear los templos, apalear a los opositores civiles, mandar a sacar muchachos de sus casas y que después aparezcan muertos, mezclar a los policías con los paramilitares… ¿A dónde vas? Se sostiene por el momento, puede entrar victorioso a las ciudades, pero son ciudades ocupadas. ¿Cuánto puede durar eso? Eso no lo puede mantener por siempre. ¿Daniel Ortega hasta el 2021? Eso no es posible. ¿Cómo se va a resolver? No sé, pero alguna salida debe haber. La protesta ciudadana es una situación irreversible”.

Cuando el sociólogo Osca René Vargas pronostica una salida “caliente” a la crisis que vive Nicaragua no se refiere a una guerra, aclara, sino  a dos escenarios probables: “un golpe de Estado por parte de los militares o cuando una gran muchedumbre irritada llegue a sacar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de El Carmen”.


*Fabián Medina es el jefe de Información del periódico La Prensa de Nicaragua.

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