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2017, las nuevas guerras perdidas

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El Salvador arrancó el año con una celebración importante, la de los 25 años de la paz firmada en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. La conmemoración sirvió, acaso, para recordarnos de lo que El Salvador fue capaz: de hacer callar los gritos de la guerra para embarcarse en un proceso democrático; pero también de todo lo que nosotros, tres generaciones de salvadoreños ya, seguimos quedando a deber a aquella paz.


NNuestras deudas siguen siendo inmensas, como nuestra indolencia. Solo así es posible explicar que este año que abrimos con el recuerdo de aquella promesa de la paz termine, de nuevo, con cifras escandalosas de homicidios y con el gobierno de turno, el del FMLN, embarcado en un discurso guerrerista que sigue justificando la marginalización y la violencia contra los colectivos más vulnerables.

En 2017, como en años anteriores, la pandilla MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 fueron las principales productoras de la violencia que está terminando con una generación completa de jóvenes salvadoreños. Este año, sin embargo, quedó claro que el Estado, enfrascado en políticas como el exterminio y las desapariciones forzadas promovidas y toleradas desde la misma Policía Nacional Civil y el Ejército, es fuerza promotora de la ilegalidad y de los asesinatos extrajudiciales.

En Revista Factum reportamos, denunciamos y editorializamos al respecto a partir de casos como el de los escuadrones de exterminio enquistados en la Fuerza de Reacción El Salvador de la PNC y el asesinato ilegal de José, un hombre con discapacidad auditiva, a manos de policías.

También escribimos sobre otro de los efectos más visibles de esta política de guerra de baja intensidad alimentada desde los despachos oficiales: el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de salvadoreños. Y expusimos la única política del Estado nacional al respecto: la negación del fenómeno.

Ya entes internacionales como el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han llamado la atención al Estado de El Salvador por la violencia.

La CIDH incluso ha exigido al Estado salvadoreño que informe periódicamente sobre las investigaciones emprendidas a propósito de los grupos de exterminio policiales denunciados por Factum, así como de las medidas tomadas para proteger a nuestros periodistas ante las amenazas y acoso -provenientes en buena medida de miembros de la misma Policía- tras la publicación de la denuncia. La respuesta del Estado salvadoreño ha sido, de nuevo, el silencio. La indolencia.

2018 es el penúltimo año de la administración Sánchez Cerén y, por lo escuchado al gabinete de seguridad no habrá cambio en su estrategia, marcada hasta ahora por la ausencia de cualquier atisbo de políticas de prevención y centralizada en la represión, ilegal en ocasiones como apuntamos, de la violencia pandillera.

Es una estrategia que el Estado salvadoreño ejecuta desde los tiempos de Francisco Flores y su mano dura de 1999; un plan que no fue exitoso entonces y que tampoco lo es ahora. Prueba del fracaso son, por ejemplo, que el promedio diario de homicidios rozó los 15 en octubre y noviembre y que diciembre cerrará con cerca de 13 al día, o que el Consejo para la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal de México vuelvan a ubicar a San Salvador entre las ciudades más peligrosas del mundo.

A principios de diciembre el reputado centro de análisis International Crisis Group (ICG), basado en Londres, publicó un informe según el cual “el gobierno de El Salvador y las pandillas criminales están enfrascadas en un enfrentamiento abierto después de 15 años de políticas de seguridad fallidas… (que no han producido los efectos deseados) debido a la falta de compromisos políticos…”.

La receta que la derecha salvadoreña utilizó como argumento político desde finales de los 90 no sirvió nunca para detener a las pandillas. La izquierda, no obstante, ha optado por retomarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Todo, al final, es un enorme acto de hipocresía política: el Estado se las da de matón ante las cámaras, incluso defiende y da palmaditas en la espalda a sus funcionarios que matan y violan en territorio controlado por pandillas, pero los partidos políticos que lo administran no dudan en pactar debajo de la mesa con los pandilleros a los que dicen combatir para asegurarse votos y para aprovecharse, en efecto, del control territorial que la MS-13 y el Barrio 18 ejercen en las barriadas y cantones del país.

2017 nos dejó el testimonio de un pandillero que en sede judicial aseguró que los dos partidos políticos más poderosos del país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista, intercambiaron dinero a cambio de prebendas electorales con los liderazgos pandilleros.

Las pandillas, organizaciones criminales cuyas víctimas son en esencia los salvadoreños que viven en las fronteras de la sociedad, volvieron a fortalecerse este año, no necesariamente por su capacidad de fuego o el aumento de sus economías ilegales, sino sobre todo por la torpeza e hipocresía del Estado salvadoreño para enfrentarlas. Una de las guerras perdidas este año.

También perdimos en 2017 las incipientes batallas contra la impunidad y la corrupción.

2017 había empezado con otra esperanza, tenue, la de que por primera vez desde que nuestra democracia tiene memoria el Estado fuese capaz, a través de su Fiscalía General, de romper aunque sea un poco el régimen de impunidad impuesto en mayor o menor medida por los gobiernos de la paz, desde el de Alfredo Cristiani (1989-1994) hasta lo que lleva el de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Otro espejismo. Otra batalla perdida en El Salvador.

La Fiscalía que dirige desde 2016 Douglas Meléndez protagonizó varias derrotas, que al final no son solo del fiscal general o del Ministerio Público, sino de todo el país.

Meléndez y sus fiscales perdieron el caso en el que procesaron a varios exfuncionarios públicos por supuestas ilegalidades cometidas durante la tregua pandillera planificada y ejecutada durante la primera administración del FMLN, la presidida por Mauricio Funes. Al fiscal se le cayó el caso contra un ex presentador de televisión involucrado con una red que prostituía a menores de edad. El caso por corrupción contra el expresidente Antonio Saca parece debilitarse -un juez ya descongeló las cuentas del exmandatario. Tampoco ha podido Meléndez hacer mucho en el caso que abrió contra el empresario Enrique Rais, acusado de actos de corrupción en complicidad con el exfiscal Luis Martínez.

Cada vez que pierde, Douglas Meléndez culpa a alguien más: a los jueces, a los abogados defensores, al sistema. Dice que hay corrupción en el órgano judicial y que empresarios a los que no nombra lo amenazan y vigilan. A él, al fiscal general de la República, quien, en el papel, debería de tener la capacidad y el valor de investigar a todos esos a los que acusa ante los micrófonos.

Uno de los pocos casos que ganó el abogado del Estado fue el que abrió contra el expresidente Funes, quien en 2017 se convirtió en el primer mandatario de la era moderna condenado por enriquecimiento ilícito. No es poco, pero no es suficiente.

Tampoco fue el que termina un año bueno para la industria de la información y la comunicación en el país. El caso de Jorge Hernández, el ex presentador de televisión que según la Fiscalía confabuló con el expresidente Saca para desviar fondos públicos a cuentas personales, nos ha abierto la puerta a toda la mugre que la política ha ido dejando en los medios de comunicación tradicionales.

El 2018 que se nos avecina arrancará en plena campaña electoral por los comicios de diputados y alcaldes que se celebran en marzo.

No podemos soslayar la importancia de esas elecciones: la Asamblea Legislativa que de ahí resulte deberá de elegir, antes de que termine el año, una nueva Sala de lo Constitucional y a un nuevo fiscal general de la República. No somos muy optimistas: no es solo que los partidos políticos siguen intentando utilizar el primer órgano del Estado como refugio para la impunidad, sino que seguimos sin escuchar de partido político o candidato alguno -incluidos los precandidatos a la presidencia en ARENA y el FMLN- compromisos serios para combatir la corrupción.

Los partidos políticos volvieron a demostrar, en 2017, que su principal ideología es la autoprotección, la consolidación y el blindaje de sus viejas cúpulas. Por eso ARENA y FMLN se retorcieron sin reparos para desechar cualquier viento de cambio o desafío proveniente de sus entrañas. Lo reiteramos: no somos muy optimistas en lo que a nuestra clase política toca.

La brisa de esperanza nos sigue llegando, como suele, de los menos favorecidos, de quienes siguen desafiando a las élites y al poder para hacer valer su voz. Por eso en Factum escogimos a los sobrevivientes de El Mozote como los personajes más importantes de 2017: ellos, a pesar de enfrentarse a la poderosa maquinaria del Estado durante cuatro décadas, han mantenido incólume su exigencia de justicia, y con ello nos han dicho a todos que no se puede construir país mientras no se limpien las ratoneras en las que ha sobrevivido tanta impunidad.

También nos llenan de buena vibra y de esperanza en el futuro las voces de músicos, cineastas, columnistas, autores y creadores salvadoreños que insisten en construir jardines en el desierto.

El país tiene que empezar a ganar más batallas, entre las primeras las que debemos de emprender contra nuestra propia indolencia, contra las cegueras ideológicas que siguen contagiando a nuestra conciencia nacional, contra el cinismo que nos ha llevado a gritarle al corrupto ajeno mientras justificamos al propio, contra la estupidez de pensar que matando más pobres resolveremos nuestros asuntos, o contra la ingenuidad de pensar que los políticos son los dueños de las llaves de nuestros destinos.

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