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¿Impunidad? ¿Hasta cuándo?

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La rocambolesca historia de El Salvador se ha caracterizado por una serie de crisis e inestabilidad socio-política que ha afectado la institucionalidad del Estado. Esto ha devenido en alterar el delicado equilibrio entre el Estado y los sujetos de la sociedad civil, al punto de que aquellos que controlan la voluntad de poder han sido incapaces de superar las debilidades históricas del aparato del Estado.


Por su parte, los partidos políticos no aportan para que las amenazas sobre la democracia desaparezcan. Los puntos indispensables al momento de garantizar la democracia son precisamente las reglas claras, la garantía de libertades, acceso a la justicia, cumplimiento de la ley y ausencia de impunidad. En El Salvador no importa la existencia de la tipificación de un delito y su respectiva sanción, pues aquel que transgrede la ley tiene asegurado que no será castigado. Es decir, la ausencia del cumplimiento de la ley (la impunidad) en nuestro agonizante país está garantizada en la mayoría de los casos.

Esto ha generado gran debilidad estatal permitiendo que el narcotráfico avance debido a las fuerzas de seguridad corruptas e ineficientes, la falta de cultura de legalidad, altísimos índices de pobreza, la amplia disponibilidad de armas convencionales, zonas de difícil acceso y una cultura de violencia exacerbada impuesta por la clase política y los medios de comunicación. La existencia de personas y grupos criminales que transgreden el pacto social, las instituciones que no hacen cumplir la ley y violan sistemáticamente los derechos humanos, los entes de seguridad que sopesan su actuación en función de que el delito no será castigado, entre muchos otros, “nutren” al sistema político, a la partidocracia, al sistema electoral y al sistema de justicia y seguridad.

Los factores antes nombrados convierten a nuestro país en territorio atractivo para la expansión de las redes criminales vinculadas al narcotráfico, que además se dedican a actividades de extorsión, contrabando, trata personas, tráfico de órganos, secuestro, tráfico de armas y blanqueo de capitales. 

La anomia política que vive nuestra sociedad y la falta de colaboración intergeneracional hacen que tras el impacto de escándalos (como la “sociedad” entre el vicepresidente de la República Óscar Ortiz y José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” -designado por el departamento del Tesoro estadounidense como “capo de la droga” e incluido en el “Kingpin Act”- y hechos históricos (como el fallo de inconstitucionalidad de la infame Ley de Amnistía) suceda un silencio ensordecedor producido por la inoperancia de los distintos entes del Estado. Esto aumenta la desconfianza hacia las instituciones y deslegitima a la ya desprestigiada clase política.

Mientras la opinión pública se deja llevar por el humo y espejos de los partidos políticos, el juego de la democracia se estremece por la insensatez del Órgano Legislativo en su conjunto y los cimientos de la partidocracia se resquebrajan gracias a los escándalos de corrupción y, al cada vez más evidente, sistema de enriquecimiento ilícito que estos institutos políticos han implantado en el país. La política salvadoreña está a la espera de un efectivo y urgente cambio de rumbo.

Es indispensable priorizar los retos más relevantes para nuestra sociedad: la lucha contra la pobreza, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la impunidad. El impulso y desarrollo de la educación, la generación de empleo, el acceso universal a la salud y al agua potable, al cuidado del ecosistema que nos rodea. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, pero la gerontocracia no permite la colaboración intergeneracional real y criminaliza a la juventud, a pesar de que el 60% de la población es menor de 35 años. La situación actual de caos es propicia para dar un primer paso que nos lleve de la confrontación a un mínimo de consenso sobre metas comunes.

Después de soportar los efectos de un discurso trasnochado y arcaico basado en la enemistad histórica de aquellos que participaron de crímenes de guerra en el conflicto armado de finales del siglo pasado; el desacierto de los diputados al intentar extorsionar a la Sala de lo Constitucional; y el respaldo de mayorías sólidas para la conformación de una comisión internacional contra la impunidad a fin de perseguir y juzgar a los criminales de cuello blanco debería traer un cambio de mentalidades y una modificación en el modelo de los partidos políticos, si es que desean sobrevivir a largo plazo.

La corrupción es un mal y la justicia es una función del Estado destinada a prevenir su desarrollo y, llegado el caso, sancionarlo. Dicha prevención no existe en El Salvador. Por su parte, la sanción y los procesos conducentes están traspapelados por defecto o por complicidad. Sobre este vacío algunos medios de comunicación y organizaciones sociales han realizado denuncias e investigaciones, muchas veces más significativas que las tareas propias de la administración de justicia.

La impunidad ha permitido que en nuestro país los autores de graves violaciones a los derechos humanos evadan la justicia y vivan, no sólo libres, sino que ejerciendo funciones de poder sobre mucha gente vulnerando sus derechos y explotando a la población conscientemente.

Frente a la falta de castigo a los victimarios por parte del sistema judicial y la falta de acceso a la justicia, ésta se desarticula y aliena producto del resentimiento colectivo y la falta de credibilidad que generan las injusticias. Por ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce la impunidad como crimen de lesa humanidad.

Las últimas dos administraciones del Estado trataron de negar y minimizar el alcance de la crisis, incluso al culpar en muchas ocasiones a las víctimas de la criminalidad, al atacar a los que llaman la atención sobre la corrupción e impunidad, al perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos y al oscurecer los datos sobre el alcance de las estructuras del crimen organizado y en especial de las OTD (Organizaciones de Tráfico de Drogas).

A pesar de su retórica populista y pseudoprogresista, en la práctica, el Estado ha alentado o aceptado el uso de la tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Históricamente ha sido negligente, tolerante y cómplice de la narco-actividad, y en ocasiones, hasta la ha incentivado. Asimismo, ha optado por militarizar a la policía haciéndola propensa a cometer delitos y careciendo de personal calificado para investigar estructuras criminales dentro del mismo aparato del Estado.

No basta con condenar la impunidad. Es indispensable que la sociedad civil se organice y presione ejerciendo su poder para activar los engranajes de una maquinaria necesaria para reformar y refundar el Estado. Para esto necesitamos disponer de tribunales que realmente persigan al crimen organizado y logren que la verdad se conozca.

Considero que la Sala de lo Constitucional ha dado el paso de inicio definitivo hacia el reconocimiento por parte del Estado de que cualquier tipo de Ley de Amnistía y perdón es contraria a las obligaciones que tiene con respecto a las víctimas, familiares y la sociedad. El Estado debe realizar las investigaciones correspondientes y brindar a las víctimas, a los familiares y a la sociedad la información de lo ocurrido. Investigar también implica eliminar la posibilidad de mantener estructuras poco garantizadoras de los Derechos Humanos, pues cada vez existe más persecución hacia las y los defensores de los Derechos Humanos. Por ello urge implementar políticas criminales inteligentes respecto al crimen organizado, políticas que se enfoquen en investigar y perseguir a los funcionarios y estructuras criminales dentro del aparato del Estado.

Las respuestas sociales ante la impunidad tienen diversos grados de organización y generalización. Me pregunto si estamos cruzando el umbral hacia el punto de inflexión en donde los movimientos de resistencia se fortalezcan. Históricamente éstos han desempeñado un papel decisivo en la conquista de las libertades y derechos esenciales. Es indispensable organizarse y ejercer nuestro empoderamiento. Ésta es, en definitiva, la necesaria respuesta social que puede comenzar a desentrañar los mecanismos de encubrimiento.

El Estado Salvadoreño no actúa dentro de la ley, la clase política promueve el odio y la violencia de forma irresponsable, demagógica y populista. ¿Hasta cuándo permitiremos que su codicia nos siga llevando hacia el abismo?

“En un mundo injusto el que clama por la justicia es tomado por loco”.

León Felipe.

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